El principal punto de discordia es la Ley de empleo de Renzi, un conjunto de reformas aprobadas por el senado el 3 de diciembre, destinadas a reestructurar el mercado del trabajo del país y facilitar la contratación y el despido de los trabajadores.

Los sindicatos también protestan contra Ley de estabilidad, una dotación presupuestaria de 36.000 millones de euros que supondrá recortes masivos del gasto públicos, especialmente en los sectores de la educación y la salud, sin que se prevean, según los sindicatos, las inversiones necesarias para hacer frente a la crisis del empleo entre los jóvenes del país (el 43,3%, según las cifras de octubre de 2014).

La Ley de empleo prevé medidas para reducir el número de contratos de corta duración, redefinir el tamaño de las empresas, introduce numerosas protecciones para los trabajadores de reciente contratación en función de la duración del servicio y, la medida más controvertida, introduce cambios al artículo 18 del Estatuto de los trabajadores, que prevé indemnizaciones financieras a los trabajadores que han sido despedidos injustamente.

La dirigente de la CGIL, Susanna Camusso, fue citada por una agencia de noticias italiana, Ansa, acusando al Gobierno de Renzi de “inspirarse en las propuestas de la Confindustria”, organización que representa a los mayores empleadores industriales de Italia.

Se ha citado a Camusso diciendo: “Sí, es necesario cambiar el Estatuto (de los trabajadores de 1970) pero solo para ampliar los derechos y la protección, que ahora se reservan a los que tienen contratos permanentes a tiempo completo, a todas las modalidades de empleo”.

El Gobierno de Renzi afirma que las reformas simplificarán el funcionamiento del mercado de trabajo y reducirán las discrepancias entre el pequeño número de trabajadores protegidos y los amplios segmentos de trabajadores desprotegidos, desempleados y subempleados.

Sin embargo, la CGIL y la UIL se opusieron a la Ley, alegando que hacía que los trabajadores fueran aún más vulnerables y no generaba suficientes empleos para los desempleados.

El slogan elegido para la huelga general, que surgió durante las recientes protestas masivas, es “Così non va” (“eso sí que no”).

Elena Lattuada, Secretaria general de la CGIL de Lombardía, la región más prospera y popular de Italia, dijo a Equal Times: “En el tercer semestre de 2014 se registraron 200.000 despidos en Italia. Esto confirma que incluso sin la Ley de empleo, la flexibilidad ya está muy difundida.

“Lo que se necesita no es liberalizar el mercado del trabajo sino más bien estimular la demanda para reactivar el consumo y el empleo”.

Evasión fiscal

La tasa general de desempleo en Italia es del 13,2%, la cifra más elevada que se ha registrado hasta la fecha. Además, la economía italiana, la tercera más grande de la Eurozona, se ha encogido en nueve por ciento desde 2007.

“La prioridad del Gobierno debería ser impulsar la economía mediante la inversión pública y privada”, dice Lattuada, “además de más transparencia y una fiscalidad más equitativa y justa, con el fin de evitar la evasión fiscal, la verdadera plaga de Italia”.

Danilo Margaritella, el Secretario general de la UIL de Milán y Lombardía, dijo que la huelga general es “un momento importante” para los trabajadores italianos, ya que forzará al Gobierno a “tener en cuenta nuestra voz y necesidades”.

Margaritella añadió: “La huelga general le mostrará al Gobierno que estamos dispuestos a luchar por mejorar y cambiar la Ley de empleo que, en su estado actual, contiene muchos elementos que no protegen a los trabajadores ni sus derechos”.

A pesar de la opinión general de que el mercado de trabajo italiano es sumamente rígido para los inversionistas y empleadores, los datos de la OCDE demuestran que Italia tiene uno de los niveles más bajos de protección del empleo del grupo de países de la OCDE.

La combinación de recortes de gasto, falta de inversión pública y el empeoramiento de la protección de los trabajadores como consecuencia de la Ley de empleo y la Ley de estabilidad, será objeto de una larga y ardua batalla que los trabajadores italianos tendrán que librar y que les llevará mucho más allá del 12 de diciembre.