Francia se encuentra en estado de shock desde que el pasado 7 de enero los hermanos Kouachi diezmaran en pocos minutos la redacción del semanario Charlie Hebdo.
Más aún cuando los medios de comunicación están concretando a lo largo de las últimas horas el retrato de los dos jóvenes terroristas. A pesar de haber nacido en Francia y de haberse educado en las escuelas de la República, Chérif y Saïd Kouachi se radicalizaron.
Desde entonces, para reforzar la cohesión nacional y el respeto por todos los valores republicanos, determinados políticos quieren hacer obligatorio el servicio cívico optativo – una propuesta al parecer atractiva puesto que, según una encuesta de Odoxa publicada el 31 de enero, ocho de cada diez franceses se declaran a favor.
Durante una conferencia de prensa celebrada el jueves 5 de febrero, el Presidente François Hollande zanjó por fin el asunto. El servicio cívico, presentado como el eslabón perdido de la ciudadanía, va a ampliarse pero no se hará obligatorio.
Instaurado con arreglo a la Ley del 10 de marzo de 2010, el servicio cívico permite a los jóvenes de entre 16 y 25 años de edad efectuar misiones de interés general sin necesidad de tener ningún título.
En aquella época se trataba de llenar el vacío que había dejado la supresión del servicio militar obligatorio en 1997, considerado durante mucho tiempo como un instrumento de integración e igualación social.
Basado en el voluntariado, el servicio cívico es realizado por colectividades públicas o asociaciones autorizadas por el Estado. Las misiones duran por lo general entre seis y diez meses. El joven no es asalariado ni benévolo, sino voluntario, y recibe una mensualidad de 573 euros.
Según un estudio realizado por TNS Sofres en marzo de 2013, el 86% de los antiguos voluntarios se declaran satisfechos de su misión y el 95% recomiendan la experiencia.
Tal es el caso de Marie-Emmanuelle, de 27 años. En 2005, la joven pasó un año en el seno de la asociación Secours catholique. “Por aquel entonces yo acababa de terminar mi formación en magisterio. Quería tomarme un descanso y ver si esa era la profesión que realmente quería ejercer.” Afirma que el servicio cívico le permitió “descubrir una realidad” que desconocía.
“Pude palpar la pobreza material y eso me abrió los ojos sobre la realidad que viven determinadas personas hoy en Francia”, explica.
En un informe de febrero de 2014, el Tribunal de Cuentas precisa que, seis meses después, el 75% de los voluntarios estudian, trabajan o hacen prácticas en empresas, mientras que la cifra antes de esta experiencia es del 63 %.
Falta de igualación social
El Jefe de Estado se ha comprometido a que, a partir del 1 de junio, todas las personas que postulen al servicio cívico sean aceptados/as.
Porque a fecha de hoy, sólo uno de cada cinco candidatos consigue acceder.
Sin embargo, acoger entre 170.000 y 180.000 jóvenes (según estimaciones del Gobierno) va a requerir un esfuerzo presupuestario importante.
Y el mecanismo es muy atractivo. Desde su creación en 2010, el servicio cívico contaba con 6.000 jóvenes. Dos años más tarde eran 20.000. Y el año pasado la cifra se situaba en los 35.000.
A finales de 2014, la Asamblea Nacional tuvo incluso que votar un aumento del presupuesto para permitir que 45.000 jóvenes puedan ser aceptados en 2015. El coste para el Estado ascenderá entonces a 150 millones de euros.
Pero aparte del tema financiero, se plantea igualmente la cuestión de la igualación social.
Un examen de las cifras revela que los beneficiarios no son necesariamente los que más lo necesitan.
Así pues, el Tribunal de Cuentas constata que los “objetivos en términos de igualación social sólo se cumplen parcialmente”.
Efectivamente, menos del 25% de los inscritos tienen un nivel de estudios inferior al bachillerato europeo, lo que dista bastante de la meta del 35% que se había fijado como objetivo en 2013.
Según el mismo informe, la proporción de voluntarios procedentes de barrios desfavorecidos es del 17,7%, y hay muy pocos menores de edad (2,5% en 2012).
“Esto puede explicarse por el hecho de que las asociaciones son a menudo reticentes a recibirlos, sobre todo si no están escolarizados”, indica el Tribunal de Cuentas.
El Ministro de Ciudad Patrick Kanner es uno de los únicos que ha puesto de relieve esta carencia, en una entrevista concedida al periódico Le Figaro. Según él, “es preciso que el 100% de las solicitudes que se presentan en los barrios de las periferias sean atendidas. (...) Dar más a estos jóvenes, que tienen menos que los demás, me parece fundamental”.
