Se van a llevar a cabo concentraciones en las principales ciudades australianas, y el mayor evento está previsto que tenga lugar en la ciudad de Melbourne.

Los sindicatos convocaron las protestas a finales de enero en respuesta a las torpes tentativas por parte del Gobierno del Primer Ministro Tony Abbott de debilitar los derechos del trabajo y eliminar aspectos fundamentales del estado de bienestar como parte de un programa de austeridad.

El catalizador inmediato para las concentraciones es la acechante revisión del sistema laboral australiano por parte de la Comisión de Productividad, cuya postura se decanta por el mercado. Las posibles recomendaciones incluyen recortes al salario mínimo y a las “tasas de recargo” que se aplican a las horas de trabajo nocturno y en fines de semana, de las cuales dependen cientos de miles de trabajadores con bajos ingresos.

Pero para el Primer Ministro Abbott, que tras sobrevivir a un reciente desafío de liderazgo se encuentra dirigiendo el país con uno de los índices de popularidad más bajos en la historia de Australia (un 29%), las protestas no podían haber llegado en peor momento.

El conservador partido Liberal Nacional del Primer Ministro Abbott fue elegido por una sólida mayoría en septiembre de 2013 frente al Partido Laborista, que desempeñaba su mandato desde 2007.

Pero tras apenas 18 meses en el poder, el Gobierno de Abbott se ha embarcado en un desenfrenado programa neoliberal de profundos recortes a los servicios y al gasto público, cambios en las pensiones y en la edad de jubilación, una campaña contra el derecho a la asistencia por desempleo, cargas más elevadas por la sanidad y la educación superior, privatización y supresión de puestos de trabajo.

Irónicamente, el Gobierno australiano ha empezado a aplicar estas medidas de austeridad al mismo tiempo que Europa retrocede de este enfoque fallido que ha dado lugar a la paralización del crecimiento, a un aumento de las tasas de desempleo y a una reducción en el nivel de vida.

El rechazo público vinculado ahora al Primer Ministro Abbott y a sus políticas es tan intenso que ha contaminado a los Gobiernos liberales nacionales de los estados de Victoria y Queensland, y desde noviembre han perdido fuerza en las elecciones.

Las elecciones de Queensland fueron una gran sorpresa: el Gobierno conservador, que ocupaba el cargo desde 2012, consiguió una aplastante mayoría parlamentaria de 78 escaños a siete.

Queensland había servido de simulacro para las mismas políticas que Abbott ha intentado desplegar a escala nacional.

En los días posteriores a las elecciones de Queensland, el propio Abbott estaba luchando para mantener su liderazgo alejado de las críticas internas que le culpabilizaban del debacle.

A finales de marzo se celebrarán elecciones en el mayor estado de Australia, Nueva Gales del Sur, en el que reside Abbott, donde los liberales ganaron con una holgada mayoría. Pero hasta los funcionarios del partido temen que el “factor Abbott” pueda tener repercusiones negativas.

¿Cómo es que las cosas empeoraron tanto y tan deprisa?

Las causas de la actual situación en la que se encuentra Abbott se originan en el éxito que tuvo en 2013.

Aunque nunca contó con gran aceptación por parte de un público que desconfiaba de su estilo combatiente y su conservadurismo ideológico, Abbott consiguió no obstante llegar al poder casi por defecto, frente a un caótico partido laborista que había resultado mortalmente herido por los años de divisiones y luchas internas.

Abbott se presentó a las elecciones de 2013 con un armario prácticamente vacío de políticas, salvo un enfoque más agresivo con respecto a los solicitantes de asilo y a los refugiados, la abolición del célebre sistema de comercio de emisiones de Australia, y una vaga promesa de abordar los problemas estructurales del Presupuesto de la Commonwealth.

Por eso la sensación de traición del público fue tan visceral después de que el primer Presupuesto del Gobierno de Abbott de mayo del año pasado presentara decenas de recortes y nuevos costes, sin advertencia alguna.

El tesorero federal de Australia, Joe Hockey, marcó el tono en su discurso sobre el Presupuesto al dividir el país en “activos e indolentes”, alienando instantáneamente a los millones de personas que dependen de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios comunitarios y de la asistencia social.

Ninguno de los cambios propuestos en el Presupuesto fue más simbólico que el plan para introducir un “copago” de 7 AUD (aproximadamente 5,50 USD) por una visita al médico.

Los australianos se sentían indignados al presenciar el desvanecimiento del sistema sanitario universal, Medicare, establecido en 1975 por el Gobierno de Gough Whitlam.

Los analistas han señalado que el Presupuesto de Abbott – y todo su planteamiento del Gobierno – atenta contra el espíritu australiano del “fair go”, la creencia en un igualitarismo básico.

Esto se ve reforzado por una encuesta nacional realizada por el máximo órgano laboral, el Australian Council of Trade Unions (ACTU), a finales del año pasado.

La encuesta, en la que participaron más de 43.000 personas, concluyó que una clara mayoría (el 74%) de las personas pensaban que el país estaba yendo por la dirección equivocada, y un 28% afirmaba tener dificultades para llegar a fin de mes con los ingresos del hogar.

Desde entonces, la mayor parte de la agenda del Presupuesto del Gobierno de Abbott ha quedado interrumpida por un Senado hostil, y cada vez parece menos probable que los cambios en Medicare y en las matrículas de educación superior lleguen a convertirse algún día en ley.

4 de marzo

El énfasis tan pronunciado en las secuelas del Presupuesto 2014-15 ha restado importancia a las cuestiones sobre el sistema laboral.

Pero el Gobierno ha seguido trabajando discretamente en una lista de sugerencias de los empleadores elaborada antes de las elecciones de 2013.

A lo largo del año pasado, una comisión real sobre la gobernanza de los sindicatos se dedicó a drenar la energía y los recursos de los sindicatos, alimentando ocasionalmente los titulares con alegaciones sensacionalistas, pero por lo general sin fundamento, que han dañado la imagen pública de los sindicatos australianos.

Se han presentado ante el Senado una serie de proyectos de ley destinados a ampliar el uso de contratos individuales, socavar la negociación colectiva y restringir los derechos de los trabajadores a hacer huelga y a estar representados por los sindicatos.

La investigación de la Comisión de Productividad garantiza a los grupos de empleadores otra promesa según la cual el Gobierno revisaría el sistema laboral en su primer mandato y plantearía cambios significativos para las próximas elecciones previstas en 2016.

Los grupos de empresarios y empleadores se han estado preparando durante más de un año para esta revisión y una de las prioridades en su lista de demandas es recortar el salario mínimo, introducir cambios a las tasas de recargo, disminuir las protecciones contra los despidos improcedentes y marginar a los sindicatos y la negociación colectiva.

Varios documentos temáticos publicados en enero por la Comisión de Productividad confirmaban los peores temores de los sindicatos, que se han movilizado rápidamente para la jornada de acción.

Pero en realidad es poco probable que un Gobierno tan políticamente herido se arriesgue a seguir alienando a los votantes mediante la adopción de políticas que recortarían su remuneración neta – y el Senado tampoco los apoyaría.

El Ministro de Empleo, Eric Abetz, ya ha intentado tranquilizar a la gente, descartando cualquier recorte importante a las tasas de recargo y al salario mínimo, incluso si la Comisión de Productividad los recomienda, pero las concentraciones encabezadas por los sindicatos van a seguir de todos modos adelante para capitalizar el impulso político contra el Gobierno.

Con el eslogan de “Luchar por nuestros derechos”, los sindicatos no van a protestar sólo contra los ataques a los derechos laborales, sino que van a defender además la sanidad pública y la educación, los servicios comunitarios y el sistema de jubilación universal.

La Presidenta del ACTU, Ged Kearney dice que la jornada de protesta será el punto de partida de una campaña nacional en defensa de la calidad de vida de los australianos que se prolongará hasta las próximas elecciones federales de 2017.

“La fuerza del movimiento sindical siempre ha provenido de personas que se mantienen unidas y defienden lo correcto – y esta es la base de todas nuestras campañas”, afirma.