El 28 de febrero de 2015, la noche que el líder político de la oposición rusa Boris Nemtsov fue asesinado, el portavoz de prensa de Putin, Dmitry Peskov desvió las acusaciones que apuntaban al Kremlin aseverando que: “... en términos políticos no representaba ninguna amenaza para el actual Gobierno ruso ni para Vladimir Putin. Si comparamos los índices de popularidad, la clasificación de Putin y del gobierno, la de Boris Nemtsov representaba en general apenas poco más que la de un ciudadano medio”.
Con el asesinato de Nemtsov y el agravamiento del conflicto en Ucrania, Rusia está adoptando un giro peligrosamente autoritario.
En estas circunstancias, los denominados “spin doctors” occidentales, es decir, las empresas de consejeros en relaciones públicas, Ketchum en Washington DC y GPlus en Bruselas, así como el Grupo Omnicom, contratadas para trabajar con Peskov y el equipo de comunicación del Kremlin, se encuentran en una posición cada vez más insostenible.
Sin embargo, siguen brindando a Rusia “la oportunidad de que dé su versión” en Occidente, como lo dijo alguna vez en una entrevista Tim Price, consejero en medios de comunicación de GPlus para el Servicio de Prensa del Kremlin.
Su trabajo consiste en generar mensajes políticos positivos para su cliente, pese a que las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea se han vuelto más estrictas.
El contrato multimillonario de relaciones públicas data de 2006 y abarca tanto los medios de comunicación como la labor de presión.
Por ejemplo, en 2013, Ketchum publicó un artículo de opinión sobre Siria de Putin en el New York Times.
A medida que la crisis se ahondaba en Ucrania en 2014, GPlus hizo circular en Bruselas una carta de Rusia a los medios de comunicación y jefes de Estado, amenazando con cortar los suministros de gas de varios países europeos a través de Ucrania a menos que ayudaran al país a saldar sus deudas por concepto de gas con Gazprom, la empresa rusa de gas estatal que Ketchum y GPlus también representan.
Sin embargo, GPlus está lejos de ser la única empresa europea que participa en el lucrativo negocio de servir a un régimen represivo.
En todo el mundo, dictadores, criminales de guerra, torturadores y gobiernos que violan los derechos humanos pagan a empresas de relaciones públicas o grupos de presión europeos para redorar su imagen, desprestigiar a los disidentes y opositores, dirigir sus campañas de elección, ocultar sus abusos y violaciones, al tiempo que ejercen presión en pos de inversiones lucrativas, acuerdos comerciales, ayuda y apoyo político de parte de las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros.
Este espinoso asunto fue objeto de un reciente informe, Spin doctors to the autocrats, que aborda el tema de los consejeros en relaciones públicas para los autócratas, publicado por el organismo de control de los grupos de presión, el Corporate Europe Observatory (CEO). [Nota del editor: el presente artículo ha sido escrito por la autora principal del informe]
El informe examina el creciente fenómeno de externalización de la diplomacia de los regímenes represivos a través de 18 estudios de caso, destacando la falta de transparencia en la Unión Europea y en sus Estados miembros con respecto a este tipo de grupos de presión.
Es muy probable que los casos mostrados sean solamente la punta del iceberg, ya que las exigencias de presentación de información en relación con la labor de presión hacen que, mientras más controvertido sea el cliente, menos probabilidades tenga de ser detectado.
De Baréin a Kazajistán y Nigeria
El informe incluye el caso de Baréin que, como parte de la brutal represión que ejerce actualmente contra los manifestantes a favor de la democracia ya ha causado casi 100 muertes, ha contratado la ayuda, por varios millones de dólares, de la empresa de relaciones públicas Bell Pottinger y otras para recuperar su atractivo como centro de inversión y banca.
En el apogeo de la primavera árabe, en 2011, Bell Pottinger ayudó a crear un centro de medios de comunicación en Baréin para ayudar a los periodistas a dar a conocer la perspectiva del régimen.
Algunos de los gastos de comunicación de Baréin también parecen haberse destinado a conservar el apoyo en materia de seguridad de los socios de la Unión Europea, así como el control y seguimiento de la disidencia.
Las relaciones públicas también son fundamentales para la dictadura de Kazajistán, que creó recientemente en Bruselas un grupo de reflexión supuestamente independiente para Asia Central, el Consejo de Asuntos Exteriores de Eurasia (ECFA), que es en realidad un grupo de fachada financiado por el Ministerio de Finanzas de Kazajistán.
Antiguos y actuales líderes europeos, de Romano Prodi a Gerhard Schröder y Tony Blair, han sido contratados como asesores políticos para Nursultan Nazarbayev, que ocupa el poder desde 1991.
Sin inmutarse por el asesinato de un grupo de trabajadores de la industria petrolera en huelga en 2012, los contactos de Blair permitieron a Kazajstán contratar empresas de relaciones públicas de alto nivel como Portland Communications, así como muchas otras en toda Europa.
Una investigación realizada por EurasiaNet.org reveló documentos que parecen indicar que tanto Portland como la firma alemana Media Consulta, utilizaron cuentas “maliciosas” (que asumen una falsa identidad en línea) para editar entradas en Wikipedia sobre el historial de Kazajistán en materia de derechos humanos.
De hecho, la enorme inversión de Kazajistán en actividades de relaciones públicas ha valido al país lograr una serie de sorprendentes éxitos casi orwellianos en la escena internacional, tales como la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 2012, pese a que la organización considera que ninguna de las elecciones desde que Nazarbayev llegó al poder ha cumplido con las normas democráticas. Asimismo, consiguió formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a finales de 2012, a pesar de la agravación de sus violaciones en materia de derechos.
Actualmente está tratando de organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.
BGR Gabara también ha sido una empresa de relaciones públicas clave que, hasta hace muy poco, trabajó para la imagen de Kazajistán.
La oficina de periodismo de investigación, el Bureau of Investigative Journalism, grabó al fundador de la empresa Ivo Ilic Gabara en una operación encubierta en 2011 admitiendo: “La Madre Teresa no necesita nuestros servicios. No va a venir a pedirnos ser clienta nuestra. Siempre se trata de asuntos difíciles. Si alguien está dispuesto a gastar dinero en las relaciones con los medios de comunicación es porque tiene un problema”.
No cabe duda alguna de que el presidente Goodluck Jonathan de Nigeria no es Madre Teresa. El que haya recurrido a empresas de relaciones públicas para limpiar su reputación de corrupción, violaciones de los derechos y su desastrosa gestión de la situación con Boko Haram ha sido muy controvertido.
A medida que aumentaba su impopularidad, en 2014 contrató a Levick, una empresa de relaciones públicas con sede en Washington, con la mira puesta en las próximas elecciones, para “cambiar el discurso internacional y local de los medios de comunicación sobre los esfuerzos de Nigeria para encontrar y devolver en condiciones de seguridad a las niñas secuestradas por la organización terrorista Boko Haram”, según reza el contrato de 1,2 millón de dólares.
Este contrato fue blanco de fuertes críticas por parte de los nigerianos que, junto con la famosa campaña de Twitter para recuperar a las niñas #bringbackourgirls, lanzaron la etiqueta #someonetelllevick (que alguien le diga a Levick), indignados por el dinero que se gasta en relaciones públicas cuando la actuación del gobierno ha fracasado.
Desde entonces, se sabe que Jonathan ha contratado a estrategas estadounidenses y a una firma de relaciones públicas de Londres para realizar su campaña electoral; The African Report afirma que esta empresa londinense es de Bell Pottinger, aunque ésta lo niega.
Mientras tanto, el candidato de la oposición, el antiguo dictador militar Muhammadu Buhari, paga a otra firma británica de relaciones públicas, BTP Advisers (también conjuntamente con estrategas estadounidenses) para llevar a cabo su campaña.
Bruselas y su falta de transparencia
La ausencia de transparencia con la que operan las empresas de relaciones públicas europeas no es ineluctable.
La ley estadounidense para el registro de agentes extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) exige el registro de todos los grupos de presión que trabajen para cualquier gobierno extranjero.
Así, sabemos mucho más acerca de los gobiernos que contratan grupos de presión en Washington, que en Bruselas: la brutal dictadura de Guinea Ecuatorial, rica en petróleo, paga los servicios de relaciones públicas de Qorvis, al igual que Arabia Saudí y China.
Gracias a que los contratos se publican en línea, sabemos que el trabajo de Qorvis para China incluye “el seguimiento en tiempo real de Twitter, Facebook, foros, blogs y otros medios sociales en el idioma inglés”, así como la creación de un “gabinete de seguridad para hacer frente a los problemas en momentos de crisis”.
Mientras tanto, Abdel Fattah al-Sisi de Egipto, quien llegó al poder mediante un golpe militar asesinando a cientos de manifestantes, aplastando letalmente a la disidencia y encarcelando a más de 22.000 personas, paga al Glover Park Group por su representación de relaciones públicas en Washington.
Bruselas sigue a Washington como segunda sede más importante para los grupos de presión, sin embargo, ninguno de los regímenes antes mencionados aparece representado por este tipo de empresas en el registro de grupos de interés o de presión de la Unión Europea (UE).
Parece poco probable que China, por ejemplo, que a partir de enero de 2015 contaba con no menos de 10 empresas de presión trabajando para el país según los registros en Washington, no esté pagando a ninguna empresa en Bruselas para ejercer presión en la Unión Europea. Sin embargo, este país ni sus diversos ministerios figuran en ninguna parte como clientes en el Registro de Transparencia de la UE.
La única manera de confirmar que realmente se proporciona una imagen precisa de la realidad sería que la Unión Europea aplicara normas de información semejantes a las de FARA. Para ello, la Unión Europea simplemente tendría que aclarar que se precisa el registro de los grupos de presión o interés, tal como se definen en el Registro de Transparencia para los gobiernos de terceros países, y que haga cumplir esta disposición.
La activista pro transparencia Helen Darbishire, de Access Info Europe, señala: “Los activistas, periodistas y todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a saber quién está ejerciendo presión sobre nuestros responsables políticos, sobre qué asuntos y cuánto dinero gastan en esta labor de interés. La plena transparencia es esencial para obtener una imagen real de los grupos de presión e interés en Bruselas”.
Por otra parte, aun cuando GPlus (a diferencia de muchos grupos de presión en Bruselas) ha tenido el cuidado de enumerar sus clientes, tales como Rusia, en el Registro de Transparencia de la UE, no menciona con detalle ni claridad cuál es la naturaleza de su labor de presión debido a los exiguos requisitos existentes en materia de presentación de informes.
Aun cuando la Comisión Juncker ha vuelto a inscribir en el orden del día este registro, no se observa ninguna mejora significativa en la calidad de los datos, ni la información presentada ayuda a descubrir quién está ejerciendo presión, sobre qué asuntos, ni cuánto realmente se gasta.
Como afirma Olivier Hoedeman con respecto a CEO: “Lo que se necesita es un registro obligatorio adecuado y jurídicamente vinculante, que exija mayor detalle de las condiciones contractuales y que incremente su precisión”.
Los activistas pro transparencia de Alter-EU señalan que el registro también cuenta con un código de conducta vigente que los solicitantes de registro deben acatar, pero que es “débil y poco preciso, y en la práctica los solicitantes de registro lo consideran poco más que un mero ejercicio consistente en tachar la casilla correspondiente, ya que no proporciona suficiente orientación sobre su significado real”.
En el caso de CEO, el representar las relaciones públicas en Bruselas para Rusia, un país objeto de sanciones por parte de la Unión Europea debido a la “anexión ilegal de Crimea” y la “desestabilización deliberada de un país soberano vecino”, podría considerarse como una violación de este código de conducta.
Los activistas en favor de la transparencia desearían que el código añadiera, entre sus requisitos existentes en lo que se refiere al comportamiento ético, la prohibición de que empresas privadas representen regímenes que la Unión Europea considera como responsables de violaciones de los derechos humanos.
A juicio de Hoedeman: “existen vías diplomáticas normales para las negociaciones intergubernamentales. La representación en materia de relaciones públicas de criminales de guerra, dictadores, torturadores y violadores de los derechos humanos simplemente no es legítima”.
