Reino Unido: Parlamentarios reclaman una investigación sobre el escándalo de las listas negras

News

Acaba de publicarse un explosivo libro que revela que la información obtenida por las unidades de espionaje de la policía fue utilizada por compañías para incluir ilegalmente en listas negras a miles de sindicalistas en el Reino Unido.

En la lista negra: la guerra secreta entre las grandes empresas y los sindicalistas destapa cómo se infiltraron agentes secretos en algunos de los mayores sindicatos del Reino Unido para pasar información sobre los trabajadores considerados una amenaza para los intereses corporativos o estatales.

Los parlamentarios británicos afirmaron la semana pasada que las compañías de la construcción involucradas en las listas negras estaban más interesadas en proteger su reputación que en “abordar los delitos del pasado”.

Los diputados se han unido ahora a los sindicatos para reclamar una investigación pública y completa sobre lo que los autores del libro califican de “escándalo nacional”.

El libro detalla cómo la sección sindical de la División Especial, la unidad de la policía británica encargada de la seguridad nacional, pasó información a la enigmática Consulting Association, una organización financiada por compañías de la construcción para elaborar una lista negra que incluía a 3.213 miembros del sindicato de la construcción Union of Construction, Allied Trades and Technicians (UCATT).

A muchas de las personas incluidas en dicha lista se las penalizó por plantear cuestiones relativas a la salud y seguridad. Las compañías y agencias eliminaban a los trabajadores y trabajadoras que figuraban en las listas, denegándoles el trabajo o la posibilidad de ver la información sobre ellos.

Dave Smith, antiguo ingeniero y miembro de UCATT, coautor del libro junto al periodista Phil Chamberlain, fue incluido en la lista negra por quejarse de la contaminación por amianto que descubrió en los centros en los que trabajaba.

“Mi salario cayó en picado desde 30.000 GBP (aproximadamente 44.600 USD) a apenas 12.000 GBP (17.900 USD) al año”, contó a Equal Times.

“Las agencias dejaron de telefonearme y el trabajo dejó de llegar. Pero ninguna de estas compañías que apoyaron las listas negras ha sido sancionada. De hecho, muchos de sus responsables ascendieron.

“Algunos se han disculpado desde entonces. Pero no lamentan haber elaborado las listas negras, sólo lamentan que les hayan descubierto”.

 

La punta del iceberg

Smith afirma que las cifras reveladas en el libro son sólo “la punta del iceberg”.

“Es algo que continúa en otras industrias. Sindicalistas de la industria petrolera del Mar del Norte, de la industria ferroviaria y del sindicato de bomberos o de maestros han sido todos incluidos en listas negras. Sin ser una política manifiesta, se trata del Estado actuando como agente de los grandes negocios contra los sindicatos”.

Peter Francis, un ex agente secreto que se convirtió en informante, pasó cuatro años infiltrado como activista político cuando pertenecía a la hoy desmantelada brigada especial de intervención, Special Demonstration Squad (SDS).

Desde que se publicó el libro, ha confesado haber espiado a cinco sindicatos: Unison, Fire Brigades Union, Communication Workers Union, National Union of Teachers y la National Union of Students.

Afirma que la información que él pasaba aparecía en las listas negras. La semana pasada, reveló también que espió a una serie de parlamentarios británicos, muchos de ellos cuando trabajaban como activistas en organizaciones antirracistas.

El policía encubierto y miembro de la SDS Mark Jenner también se hizo pasar por sindicalista. Se afilió a la UCATT durante tres años, a partir de 1996, y mantuvo una relación de cinco años con una militante.

Algunos policías de incógnito tuvieron hijos con activistas, mientras otros utilizaron las identidades de niños fallecidos.

El libro apareció el mismo día que la Ministra del Interior británica, Theresa May, anunció una investigación pública completa sobre el espionaje de la policía secreta a las campañas de protesta ecologistas y antirracismo.

El sindicato UCATT, la unión general de trabajadores GMB y la central sindical Trades Unions Congress (TUC) reclaman una investigación pública completa de las listas negras de sindicalistas.

Ed Miliband, líder de la oposición británica, prometía la semana pasada una investigación si resulta elegido en las elecciones generales del Reino Unido el próximo mes de mayo.

Frances O’Grady, Secretaria General de la TUC, afirmó: “Esta vergonzosa práctica llevó a la miseria a miles de trabajadores y a sus familias, castigados por afiliarse a un sindicato o por plantear problemas de salud y seguridad. Las listas negras constituyen una violación fundamental de nuestros derechos humanos y deben ser ilegalizadas y tipificadas como un delito penal”.

Durante la presentación del libro en marzo, Peter Francis añade: “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir mis más sinceras disculpas a todos los sindicalistas sobre los que espié personalmente y respecto a quienes informé mientras estuve desplegado como agente secreto en el SDS.

“Estaría dispuesto a repetir todo esto bajo juramento durante las audiencias públicas y, si me lo pide la UCATT o cualquier otro sindicato o activistas incluidos en la lista negra, en cualquier proceso judicial que pudieran iniciar contra las autoridades británicas pertinentes”.

La Consulting Association cobraba por suministrar información sobre miembros de sindicatos a más de 40 compañías transnacionales de la construcción, como Balfour Beatty, Skanska y Carillion, antes de que la autoridad británica responsable de la protección de datos, Information Commissioner Office (ICO), efectuase una redada en 2009.

En 2010 se introdujeron leyes que ilegalizaron la elaboración y uso de las listas negras o que se negase el empleo a alguien por estar incluido en una lista negra.

UCATT consideró estas normas “una gran decepción” y reclama que se tipifiquen las listas negras como delito penal; que la ICO informe a todas las personas incluidas en listas negras; que se indemnice a las víctimas, y que las compañías responsables de mantener listas negras sean excluidas de la contratación pública.

Smith afirma: “Es ridículo. Sabemos cuáles son las compañías detrás de las listas negras. Pero ninguna de ellas ha sufrido las consecuencias por mantener una lista negra, mientras otros han perdido sus empleos”.