El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno local, Ignatius Chombo; el Ministro de Defensa, Sydney Sekeramayi, y el Alcalde de Harare, Bernard Mayenyeni, habían amenazado con expulsar a todos los vendedores ambulantes del distrito comercial central de Harare para el lunes 8 de junio de 2015, limitando su presencia a determinadas áreas designadas.

Pero tras la intervención de la Zimbabwe Informal Sector Organisation (ZISO), se dictó un mandato judicial para poner fin a las evacuaciones, de las que estaba previsto se ocupasen las Fuerzas de Defensa de Zimbabwe y el Comando Conjunto de Operaciones, órgano supremo de seguridad del Estado.

Esto ha supuesto una sensación momentánea de alivio entre los 20.000 vendedores ambulantes de Harare.

Inicialmente se les había dado un ultimátum de siete días para evacuar las calles, pero luego el plazo sería ampliado hasta el 26 de junio.

“Tienen que darnos una alternativa, de lo contrario nos condenan a muerte”, comenta Philemon Mashava, de 33 años, a Equal Times.

“Dependo de la venta ambulante como medio de subsistencia. Es así como puedo cubrir los gastos escolares de mis hijos. Es con esto que pago el alquiler”.

Pese a la promesa de crear 2,2 millones de puestos de trabajo durante la campaña electoral previa a las elecciones disputadas en 2013, el partido Zanu-PF en el poder hasta la fecha no ha conseguido proponer ninguna solución a la elevada tasa de desempleo de larga duración, que ha empujado a decenas de miles de trabajadores/as zimbabuenses a la economía informal.

Douglas Shumbayawonda, vicepresidente del sindicato de vendedores ambulantes National Vendors Union of Zimbabwe (NAVUZ) –que cuenta con unos 8.000 miembros registrados– afirma que expulsando a los vendedores de la calle, el Gobierno en realidad no hace sino exacerbar el problema, en lugar de atacar las causas profundas.

El Consejo local ha creado un espacio para 6.000 vendedores en el centro de Harare, pero según activistas de los vendedores ambulantes, esa cifra representa una nimiedad en comparación con el número de unidades que realmente se requieren.

Además, el elevado coste de estos puestos, entre 1 y 8 USD al día, es excesivo para la mayoría de los vendedores.

Por otro lado, hay que añadir el dinero que exigen los ‘barones del espacio’ para garantizar su protección.

“Todas las áreas designadas han sido ya ocupadas por ‘barones’ que utilizan sus influencias políticas para desplumar a los vendedores, obligados a pagar a estos carteles mafiosos, así como al Consejo. Ganamos una miseria y no podemos permitirnos pagar dos veces”, indica Shumbayawonda.

Pidió un cambio sustancial a nivel de políticas, dejando de lado el enfoque de “confrontación” desplegado por el Gobierno para pasar a un proceso de formalización de la economía informal.

No obstante, se teme que esté ocurriendo justo lo contrario.

“Parece que el Gobierno lo que intenta es sencillamente eliminar el sector informal, en un momento en que la economía está tan mal. Aunque podríamos proponer numerosas estrategias a nivel del sindicato de vendedores ambulantes, mientras los responsables políticos mantengan su actual actitud, persistirán los problemas.

“Muchos de nosotros no somos vendedores ambulantes por elección sino por necesidad”, continúa.

“Ninguno de los que estamos aquí no estaríamos dispuestos a tener un empleo formal si se nos diera la ocasión. Somos personas trabajadoras y plenas de recursos. Merecemos tener una oportunidad de ganarnos la vida”.

Añadió que el creciente flujo de vendedores callejeros era una señal de que algo no anda bien en la economía del país, y que desplegar el ejército no era la solución.

“Sabemos que los soldados están entrenados para el combate. Si se recurre al ejército no habrá más diálogo ni consulta, únicamente violencia”, afirma Shumbayawonda.

Wisborn Malaya, secretario general de la Zimbabwe Chamber of the Informal Economy (ZCIEA), indicó que ya es hora de adoptar un enfoque global al respecto.

“El Gobierno debe sentarse con todas las partes interesadas y discutir estas cuestiones, de manera que podamos encontrar una fórmula que beneficie a todos. La gente que trabaja en la economía informal, no sólo los vendedores sino también otras personas que mantienen pequeños negocios, necesitan disponer de capital para transformar sus negocios en pequeñas empresas”, explicó.

Malaya dijo que esto facilitaría la regularización del sector, además de beneficiar al Gobierno a través de la recolección de impuestos.