Más periodistas en riesgo de secuestro a pesar de las mejoras en los protocolos de seguridad

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La reciente desaparición en Siria de tres periodistas españoles freelance (Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre) ha vuelto a poner de relieve los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores/as de los medios de comunicación en las zonas con altos índices de conflictividad.

Aunque el periódico español El País publicó que las fuentes del gobierno de España todavía no han podido confirmar si los tres periodistas han sido víctimas de un secuestro, las organizaciones locales de prensa y las ONG internacionales se temen lo peor.

“Estamos muy preocupados por el destino que hayan podido correr estos tres periodistas españoles desaparecidos en Alepo, una ciudad controlada en parte por el Estado Islámico y en parte por el Frente Al-Nusra, otro grupo armado”, declaró a Equal Times Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto para que respeten el trabajo de los medios de comunicación y dejen de tomar rehenes con fines políticos”, añadió Deloire.

Lejos quedaron los días en que uno podía internarse en una zona bélica para informar como testigo independiente.

Reporteros sin Fronteras calcula que en 2014 fueron secuestrados en todo el mundo 119 periodistas (lo que representa un aumento del 30% en relación con 2013), con la mayor concentración de secuestros en Libia, Siria e Iraq.

 

No existe ninguna memoria institucional

El periodista y documentalista Sean Langan no era ajeno a la cobertura informativa de los conflictos bélicos. Cuando los talibanes le secuestraron a él y a su traductor en 2008, llevaba una década informando sobre la guerra en Afganistán. Un comandante del grupo insurgente llamado la red Haqqani les acusó de ser espías y les retuvo durante tres meses en la oscura habitación de una granja ubicada en una zona rural afgana.

Aunque Langan siguió los protocolos de seguridad de aquella época, no por ello le rescataron antes. "Mis diez años como reportero de guerra constituyeron la mejor preparación para mi cautiverio", explicó Langan a Equal Times en una entrevista. “En todos los casos en los que me he involucrado desde mi propio secuestro parece que no existe ninguna memoria institucional", afirmó Langan.

Courtney Radsch, directora de promoción del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), admite que: “En el pasado, todo el mundo adoptaba enfoques diferentes. Los bloqueos informativos ya no son tan eficaces como antes y el CPJ cree que la publicidad es más importante en aras de la seguridad. Hemos aprendido del pasado, aunque cada caso es diferente”.

Desde su propio secuestro y cautiverio, Langan cree que la evaluación de riesgos y los protocolos de seguridad son cruciales para cada periodista local e internacional, en plantilla o freelance, y para sus organizaciones, porque “una semana en cautividad es como una vida entera”.

 

La guerra civil siria: un punto de inflexión

La guerra civil siria, que estalló en 2011, marcó el comienzo de una era dominada por una brutalidad sin precedentes hacia los periodistas que informan desde zonas con altos índices de conflictividad.

Los grupos rebeldes en Siria empezaron a fijar como objetivos a los trabajadores de los medios de comunicación por su lucrativo papel como rehenes, consiguiendo que Siria superase a México y Brasil como el país más peligroso del mundo para los periodistas.

Las investigaciones del CPJ revelaron que hasta otoño de 2013, 62 reporteros habían sido asesinados y que el secuestro de periodistas había aumentado drásticamente hasta alcanzar una media de uno por semana.

A partir de agosto de 2013, la agencia France-Presse dejó de enviar a sus trabajadores a los territorios sirios controlados por los rebeldes y de aceptar reportajes de periodistas freelance en los mismos.

Sin embargo, la barbarie a la que se enfrentaban los trabajadores de los medios de comunicación en Siria solo obtuvo la atención internacional cuando el grupo militante yihadista llamado Estado Islámico (EI) difundió en agosto de 2014 la decapitación del periodista estadounidense secuestrado James Foley. La muerte de Foley pronto fue seguida por las del periodista estadounidense-israelí Steven Sotloff y los japoneses Haruna Yukawa y Kenji Goto.

Los medios de comunicación y organizaciones afines rápidamente se pusieron en marcha para proteger a sus trabajadores. Asimismo, surgieron los debates sobre la eficacia de los protocolos de seguridad y evaluaciones de riesgos ya existentes, basados en los registros y salidas y cuya importancia se puso de manifiesto gracias a la crisis siria.

Los periodistas reciben más apoyo, pero ¿es suficiente?

“Cuando secuestran a periodistas en zonas con altos índices de conflictividad, surge un dilema moral y contractual", aseguró Caroline Neil, directora y asesora de seguridad y gestión de riesgos en RPS Partnership, una organización con sede en Londres especializada en la resolución de conflictos y la capacitación para entornos hostiles.

“Las empresas de medios de comunicación están empleando mucho más tiempo y esfuerzos que hace diez años en la capacitación, planificación y preparación de los periodistas, pero todavía me gustaría ver a los periodistas locales recibiendo una capacitación al mismo nivel que los extranjeros", explicó Neil a Equal Times.

En respuesta a la situación en Siria, 67 empresas de medios de comunicación se han comprometido a cumplir los Principios y prácticas globales de seguridad establecidos por el CPJ junto a David Rohde, de la agencia Thomson Reuters. Las directrices, presentadas en febrero de 2015, establecen el nivel mínimo de seguridad para la capacitación para zonas en conflicto de periodistas de plantilla y freelance, tanto locales como extranjeros.

Según Neil, numerosas organizaciones con sede en Londres están ofreciendo a sus periodistas programas de capacitación, con la televisión y la radio encabezando dicha tendencia. Sin embargo, no existen cifras exactas sobre cuántas empresas británicas o extranjeras participan en dichos programas.

La BBC y otras grandes empresas cuentan con asesores de seguridad que pueden intervenir para rescatar a periodistas freelance locales, pero las empresas más pequeñas no disponen del presupuesto para cubrir los costos de un programa de capacitación ni para contratar a especialistas.

“La clave está en los periodistas locales. Son los que asumen mayores riesgos, pues los funcionarios de los gobiernos y los partidos de la oposición les ponen en la mira como objetivos para asesinar ya que son los que están más implicados. A los periodistas extranjeros les asesinan o secuestran por diferentes motivos. Los datos del CPJ revelan tendencias que nos permiten adaptar nuestras respuestas a cada caso, en lugar de adoptar un enfoque único para todos los casos”, afirmó Radsch.

A primera hora de la mañana del 7 de julio de 2014, el reportero gráfico freelance Nader Elgadi, de nacionalidad libia, y un amigo caminaban por Trípoli después de fotografiar las protestas en la plaza Argelia para un reportaje. Tres milicianos armados les secuestraron, les metieron en un coche y les llevaron a un edificio aislado donde les golpearon y torturaron durante dos días.

“Nunca pensé que me podía pasar a mí”, explicó Elgadi a Equal Times. “Pero después de haber participado en el programa de capacitación gracias a la Fundación Rory Peck, ahora sé mejor lo que debo hacer y cómo hacerlo para protegerme. Ahora soy más prudente. Ojalá hubiera tenido esta formación antes del secuestro”.

Se espera que en septiembre de 2015 la Frontline Freelance Register (FFF), una red de periodistas de guerra internacionales y freelance que asumen riesgos físicos en su trabajo, publique la Capacitación para trabajadores freelance de los medios de comunicación en entornos hostiles (Hostile Environment Training for Freelancers in the Media).

Entre los numerosos consejos de seguridad, la FFF recomienda a los periodistas freelance que mantengan sus datos personales actualizados, que usen más de una herramienta de comunicación (por ejemplo, un rastreador y un teléfono móvil), que limiten sus perfiles en las redes sociales (y nunca incluyan datos de contacto personales), que usen teléfonos diferentes para las fuentes y los contactos personales y, a ser posible, que reciban formación sobre sistemas de vigilancia y espionaje, atención médica y evaluación de riesgos.