El pasado abril, Vietnam vivió un episodio insólito. Decenas de vecinos del distrito de My Duc, a las afueras de Hanoi retuvieron a 38 policías y funcionarios en protesta por la actuación de las autoridades durante una expropiación de las tierras que habían sido suyas los últimos 26 años.

Durante una semana se atrincheraron en su vecindario, bloqueando las entradas con troncos y piedras, dispuestos a repeler cualquier intrusión policial, hasta que las negociaciones con el alcalde de Hanoi desembocaron en un acuerdo.

La apropiación de un terreno de 50 hectáreas en favor de la compañía de telecomunicaciones Viettel (propiedad del Ejército) será reevaluada y los que participaron en el motín no recibirán castigo alguno.

El episodio, espectacular y excepcional, sobre todo por su resolución sin violencia policial, ilustra un problema que el Partido Comunista de Vietnam, propietario legal de toda la tierra del país, no ha sabido resolver.

En un Estado donde la disidencia es acallada con cárcel e intimidaciones, donde la prensa está controlada por el Gobierno y la política es un asunto secundario pese al lento despertar de los últimos años, los conflictos por la tierra han sido uno de los pocos motivos de agitación social.

El fuerte crecimiento económico del último cuarto de siglo demanda más y más tierra para complejos industriales y comerciales o para nuevas viviendas. Gobierno e inversores se reparten los beneficios y los perdedores son a menudo los vietnamitas de zonas rurales, que al ceder su terreno pierden al mismo tiempo su vivienda y su sustento y reciben compensaciones económicas muy inferiores a las que fija el mercado.

En una encuesta realizada en 2015 por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, la cuarta parte de los ciudadanos entrevistados se declaraban preocupados por los conflictos por la tierra y la mitad aseguraba que no se hace nada para resolver el problema.

Un problema antiguo

Antes del incidente de My Duc, uno de los casos más notorios fue el de Doan Van Vuon, un hombre que en 2012 se enfrentó a las autoridades provisto de armas de fabricación propia para evitar que le arrebataran su casa. Fue arrestado y condenado a cinco años de prisión, pese a que su desahucio fue declarado ilegal por el entonces primer ministro Nguyen Tan Dung.

Ese mismo año, la Policía reprimió por la fuerza una protesta de cientos de campesinos de una provincia del norte contra otra expropiación forzosa. Otros lo intentaron con la resistencia pacífica, como el monje budista Thich Khong Tanh, que durante años ignoró las órdenes del Ayuntamiento de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) para desalojar su pagoda, hasta que el pasado agosto lo sacaron por la fuerza y el templo fue demolido para dejar el camino libre a un nuevo distrito financiero. Todos los vecinos de la zona habían sido desalojados años antes y sus casas ya han sido engullidas por las máquinas de la empresa constructora.

Tran Thao, una mujer de 60 años que tuvo que abandonar el vecindario donde había vivido siempre:

“Tuvimos que irnos a vivir a más de 10 kilómetros, a apartamentos que el Gobierno nos propuso, pero con la compensación que nos daban solo podíamos comprar uno pequeño, cuando antes todos vivíamos en casas de varias plantas,’’ relata a Equal Times.

’’Hay familias de 7 u 8 miembros que viven en apartamentos de 57 metros cuadrados. Algunos intentaron resistir, pero no sirvió de nada porque les forzaron a marcharse”, dice Tran.

El Gobierno trató de mejorar la transparencia y acercar las compensaciones al precio del mercado con una nueva ley aprobada en 2014, pero seguía sin cambiar una de las raíces de los conflictos: la tierra pertenece al Estado, que otorga concesiones para su uso y permite que las autoridades locales fijen los precios en caso de desalojo.

“Antes de 1980, la ley reconocía distintas formas de propiedad de la tierra, pero a partir de entonces se estipuló que la tierra pertenece a toda la población”, explica Phan Xuan Son, profesor de la Academia vietnamita de Política, en un artículo para la revista Political Theory. El experto alerta de que “en muchos casos el Estado es utilizado como fuente de apoyo incondicional a los inversores” y sostiene que la vaguedad de la ley sobre la gestión del suelo permite a las autoridades locales interpretarla “a su manera”.

John Gillespie, investigador de la Universidad de Monash (Australia), sostiene en un artículo en el portal East Asia Forum en que con la nueva norma “las autoridades locales siguen fijando precios compensatorios demasiado bajos”.

Su colega en la misma universidad, Toan Le, apunta en un reciente análisis del portal The Diplomata “las oportunidades ilimitadas que tienen los funcionarios del Estado para hacerse con la tierra de manera no transparente”.

La esperanza de las redes sociales

Sin embargo, estos dos últimos expertos coinciden en que la resolución pacífica del incidente de My Duc demuestra que los ciudadanos tienen a su disposición un nuevo aliado para hacer frente a las autoridades: las redes sociales.

Como es habitual en asuntos incómodos para el Partido Comunista, los medios tradicionales dieron poca relevancia a la noticia y se posicionaron del lado gubernamental, pero ya no importaba: los propios vecinos y algunos activistas que aprovecharon la ocasión para desgastar al Gobierno grabaron vídeos de los acontecimientos y las imágenes de las barricadas y la resistencia se expandió como la pólvora por las redes sociales, en especial Facebook, que cuenta con 35 millones de usuarios en Vietnam.

Para Toan Le, la difusión de información por estos canales fue fundamental para la resolución negociada del conflicto y la ausencia de represalias para los amotinados.

“Las redes sociales están indudablemente debilitando la capacidad del Gobierno para controlar el relato y la opinión pública. Esto se hizo evidente en el cambio de un enfoque opresivo a uno más suave y conciliador”, argumenta.

Por su parte, Gillespie advierte del riesgo de sobredimensionar la importancia de las redes sociales, pero afirma que su uso “permite a gente con mínimas competencias periodísticas y técnicas difundir en la red textos e imágenes que reactivan a la oposición y presentan alternativas al relato del Gobierno”.

Anh Chi, un activista y bloguero que lleva años siguiendo los casos de expropiación de la tierra, conoce por experiencia propia la capacidad de las redes sociales para propagar información incómoda, pero no esperaba que pudieran forzar al Gobierno a una salida negociada de un conflicto como el de My Duc.

“Ha sido un caso sorprendente, después de tomar a policías y funcionarios como rehenes, los vecinos pudieron negociar de igual a igual con el gobierno local. Ha sido un gran cambio”, comenta a Equal Times.

No sabe si el precedente marcará futuros conflictos, pero está convencido de que no deben aflojar: “La opinión pública puede presionar porque el Gobierno tiene miedo de despertar la ira de la gente”.