“Yo fui una revolucionaria desde el primer instante, pero mi marido no tenía nada que ver con eso. Él me decía: yo soy campesino. Si Assad está, soy campesino. Si Assad se marcha, seguiré siendo campesino”, nos explica Ghazal (nombre ficticio) desde Al-Marj, la localidad libanesa donde se encuentra refugiada con sus cinco hijos desde julio de 2015.

El 9 de septiembre de 2012, hace prácticamente cinco años, en mangas de camisa y en medio de una colecta de peras en su parcela situada en la ciudad de Zabadani, su esposo fue detenido por una brigada del ejército sirio que buscaba sospechosos tras haber sufrido un ataque.

Desde entonces no lo ha vuelto a ver e ignora dónde se encuentra encarcelado o si está con vida. El tiempo se ha detenido para Ghazal, como para miles de familiares de desaparecidos forzosos.

La red siria de derechos humanos Réseau syrien des droits de l’homme (SNHR) estima en más de 106.000 las personas detenidas o desaparecidas desde el inicio del levantamiento popular, en marzo de 2011.

Al régimen sirio se le considera responsable de casi el 90% de estos casos, frente al 8,5% atribuido a los grupos islamistas radicales, como el autoproclamado Estado Islámico y el Frente Fatah al-Cham

Varios miles de ellos han muerto por las torturas y privaciones padecidas, como revelaron las insoportables imágenes que captó César, el fotógrafo de la policía militar que desertó en 2013.

En febrero de 2017, Amnistía Internacional publicó que hasta 13.000 detenidos fueron ejecutados en la horca en la infame prisión de Saidnaya.

La SNHR cifra en 65.000 las personas que simplemente han desaparecido del mapa, dejado atrás familiares dispuestos a todo para dar con su paradero.

Sobornos a los jueces antiterroristas

Después de haber esperado en vano la liberación de su marido, una vez transcurrido el plazo legal de 60 días de detención provisional, Ghazal, como muchas otras, empezó a remover cielo y tierra: “No hay comisaría en Damas en la que, desde el responsable al guardia de turno, no hayan oído mencionar el nombre de mi marido. Me dijeron que fuera a ver a gente que tiene las manos llenas de sangre, porque sólo ellos podían lograr la liberación de prisioneros. Lo hice. Llegué incluso a pagar el anillo de la mujer de un oficial, para recuperar a mi esposo. Pero nada funcionó”, lamenta.

El régimen de Bachar el-Assad empezó recurriendo a las detenciones masivas para acallar a los manifestantes pacifistas y su entorno. Pero a medida que el levantamiento popular se transformó en conflicto armado, y más tarde en guerra de desgaste, las detenciones se convirtieron en una fuente de enriquecimiento personal de los fieles del régimen, explica Ansar Jasim, autor del artículo La malice du pouvoir: les arrestations en Syrie comme partie d’une logique politico-économique (La malicia del poder: las detenciones en Siria como elemento de una lógica político-económica).

“La gente no dudará en vender su casa o pedir dinero prestado para sacar de allí a sus allegados, porque todo el mundo está al tanto de los horrores que suceden en las cárceles sirias. Para el régimen es un medio de asegurarse la fidelidad de sus filas y de paliar sus dificultades económicas”, afirma la investigadora.

En el corazón de este entramado se encuentra el tribunal antiterrorista. Creado en julio de 2012 por la ley antiterrorista, este órgano ha instituido una auténtica justicia de excepción, detallada en el informe Counter-Terrorism Court in Syria: a Tool for War Crime (Tribunal antiterrorista: una herramienta para los crímenes de guerra), publicado por el centro de documentación Violations Documentation Center (VDC) en abril de 2015.

Según los testimonios de los abogados recogidos por esta organización, el derecho a la defensa se deniega, los juicios se celebran a puerta cerrada y el juez se contenta con las declaraciones firmadas por los acusados bajo tortura en los centros de detención de los servicios de información.

En los pasillos de este tribunal, los simsar son los ojos y oídos de las familias de los detenidos. Se trata de intermediarios que saben a qué juez o procurador comprar, con la esperanza de obtener la puesta en libertad o la reducción de la pena del detenido. Los jueces de este tribunal pueden reclamar sumas descabelladas a los familiares, so pena de alargar las condenas que imponen a los detenidos.

Al igual que a ciertos empresarios, para quienes la guerra es un negocio lucrativo, la corrupción en torno a los prisioneros permite a los jueces enriquecerse a expensas de los parientes, arruinados ya tras seis años de guerra.

Todo tiene un precio, desde la información sobre el lugar de detención hasta la posibilidad de visitarles, sin olvidar los intentos de obtener su puesta en libertad. El punto álgido de este sistema corrupto son las amnistías generales que el régimen decide de forma arbitraria. En la última, en junio pasado, liberaron a 672 detenidos, coincidiendo con el fin del Ramadán. Las familias pagan mucho para que sus allegados sean incluidos en la lista de amnistiados.

“En cuanto se anuncia una amnistía, los funcionarios de prisiones empiezan a prometer a las familias que incluirán el nombre de sus allegados en la lista”, confirma un abogado a Ansar Jasim.

La lista escrita con sangre

Frente a este chantaje institucionalizado no cabe otra alternativa que lograr la liberación de los detenidos, vivos.

“He tenido mucha suerte de haber sobrevivido”, nos cuenta Mansour Omari, uno de los que se salvaron de milagro. Detenido junto a los activistas del centro sirio para los medios de comunicación y la libertad de expresión Mazen Darwish, Hussein Ghrer, Hani Zitani y Abdel-Rahman Hamada, fue puesto en libertad en febrero de 2013, después de un año de torturas y malos tratos en uno de los numerosos centros de detención de los servicios de información.

Mansour Omari y sus compañeros de celda decidieron que el primero en salir en libertad llevaría consigo un trozo de tela en el que escribieron con su propia sangre y la ayuda de un trozo de hueso de pollo, los nombres de todos los detenidos. La misión recayó sobre él.

“Salí con ese trozo de tela en el que había 82 nombres escritos. Algunos se borraron por el sudor cuando me transfirieron a una celda hacinada. Quedaron unos 60 y me puse en contacto con la mayoría de las familias, para informarles del destino a sus parientes ”, explica desde Suecia, donde ha rehecho su vida.

Seis años después del estallido del conflicto, algunas familias han decidido romper su silencio.

Con ocasión de las conversaciones de paz de Ginebra en febrero de 2017, cinco mujeres de desaparecidos, fundadoras de la organización Families for Freedom (Familias por la libertad), desfilaron con las fotos de sus allegados, para exigir que el caso de las desapariciones forzosas se coloque por delante de los demás en la mesa de negociaciones.

Entre ellas, Bayan Sharbaji llevaba la foto de Yahya y Maan, sus dos hermanos, desaparecidos en Daraya hace seis años: “Exigimos la puesta en libertad de todos los prisioneros retenidos sin juicio y juzgados por un tribunal de excepción; la publicación de una lista de todos los detenidos y sus lugares de detención; en caso de muerte, la entrega a los familiares de los certificados de defunción, y la apertura de los centros de detención a las ONG, para poner fin a las torturas. No podemos continuar calladas, sea cual sea el resultado de nuestra iniciativa”, nos dice a través de un WhatsApp enviado desde Inglaterra.

Ghazal, que se ha sumado a esta iniciativa, oscila entre la esperanza y el realismo: “Nuestra campaña es una herramienta de presión poderosa porque es pacífica. Pero el régimen no quiere abordar la cuestión de los desaparecidos, porque todo el mundo sabe lo que sucede dentro de las prisiones. Es el escándalo del régimen sirio. Sabe que si acepta abrir este asunto, caerá con él”.