El Premio Nobel de Economía de este año se ha concedido a los economistas estadounidenses David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens por su investigación sobre el mundo real, llevada a cabo en la década de los noventa, que demostró empíricamente que la idea pregonada por los economistas conservadores, de que el aumento del salario mínimo reduce el empleo, carece de base real.

Estos investigadores estudiaron a través de un “experimento natural” los efectos del aumento del salario mínimo –que pasó a ser el más alto del país en ese momento– decretado en el estado de Nueva Jersey, una medida a la que se opusieron con firmeza los líderes empresariales.

Los investigadores compararon las repercusiones de dicho aumento del salario mínimo en el sector de la comida rápida de Nueva Jersey con un grupo de control formado por restaurantes de comida rápida ubicados al este de Pensilvania, justo al otro lado de la frontera, cuyos salarios mínimos habían permanecido invariables. Los investigadores descubrieron que, comparados con los restaurantes de comida rápida de Pensilvania, en los de Nueva Jersey el empleo creció un 13% tras el incremento del salario mínimo –y ello a pesar de que el aumento se produjo durante una recesión–.

Aunque los resultados sacudieron a la clase económica de la época, numerosos estudios empíricos han puesto en entredicho desde entonces la teoría de que aumentar el salario mínimo destruye puestos de trabajo. En Brasil, los salarios mínimos aumentaron más del 60% en términos reales entre 2003 y 2012, sin que se apreciara impacto alguno en el nivel de empleo. En la década de los noventa, el aumento de los salarios mínimos en Indonesia fue seguido de un aumento del empleo formal y de una disminución del empleo informal, unidos a un incremento de la demanda local. La introducción del salario mínimo en Alemania, en 2015, no supuso las pérdidas de puestos de trabajo multitudinarias que vaticinaban muchos economistas; las repercusiones sobre el empleo fueron insignificantes y la mejora de la estabilidad de los ingresos de los asalariados de baja remuneración, considerable.

Sin embargo, a pesar de cada vez más pruebas lo niegan, persiste la teoría, falaz pero aún influyente, de que el aumento de los salarios mínimos conduce directamente a la destrucción de puestos de trabajo, un mito que continúan pregonando los economistas conservadores, las principales organizaciones industriales, como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y algunas organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.

“Aumentar el salario mínimo con carácter de urgencia”

El Premio Nobel asesta un contundente varapalo a quienes siguen oponiéndose al establecimiento de un salario mínimo decente para los trabajadores y da un vuelco internacional a la narrativa económica, hoy desacreditada, de que los aumentos salariales son perjudiciales para los trabajadores y la economía. Han tenido que pasar unos treinta años para que los hechos prevalezcan sobre una teoría perjudicial e infundada que ha mantenido en la pobreza a millones de trabajadores.

Según la Encuesta Mundial de la CSI, el 76% de la población mundial considera el salario mínimo insuficiente para vivir. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirman que la pobreza de las personas con empleo sigue siendo galopante en todo el mundo: 300 millones de trabajadores de países emergentes y en desarrollo ganan menos de 1,90 dólares al día; otros 430 millones de trabajadores de países emergentes y en desarrollo ganan entre 1,90 y 3,10 dólares al día y unos 266 millones de trabajadores cobran por debajo del salario mínimo, bien sea porque no están cubiertos por la legislación o por incumplimiento de la misma.

En las últimas décadas se ha estancado el crecimiento mundial de los salarios reales frente a la productividad y el crecimiento económico, lo cual ha contribuido a aumentar la desigualdad de los ingresos. La desesperación económica que padecen los trabajadores se ve agravada por el hecho de que la mitad de la población mundial carece de cualquier forma de protección social y un 22% adicional carece de la protección integral que preconizan las normas de la OIT.

La recuperación económica mundial debe apoyarse en investigaciones basadas en análisis empíricos y no en especulaciones ideológicas disfrazadas de asesoramiento político legítimo.

Este Nobel debería urgir a los gobiernos a garantizar a los trabajadores, con carácter urgente, unos ingresos adecuados mediante el aumento del salario mínimo y la mejora de la protección social. Estas medidas no sólo garantizan a los trabajadores y a sus familias una estabilidad salarial mínima, además, deben considerarse una inversión. Se ha demostrado que el aumento de los salarios mínimos reduce la pobreza y la desigualdad, apoya el aumento del consumo y la demanda de bienes y servicios locales, contribuye a la actividad económica productiva y respalda el crecimiento inclusivo. Una investigación de la CSI demuestra que la inversión de un 1% adicional del PIB en protección social puede dar lugar a un aumento significativo del empleo y de los ingresos fiscales y casi duplicar los rendimientos en términos de PIB.

Los gobiernos deben garantizar un salario mínimo vital, que tenga en cuenta el coste de la vida para los trabajadores y sus familias, y deben establecerlo conjuntamente con los interlocutores sociales. El salario mínimo vital debe tener fuerza de ley y su incumplimiento debe ser objeto de sanciones elevadas y disuasorias. Asimismo, los sistemas de protección social deben reforzarse y ampliarse a fin de cubrir a los trabajadores de todas las modalidades de empleo, incluidos los de la economía informal. Estas medidas no destruirán puestos de trabajo, al contrario, contribuirán a sentar las bases de un nuevo contrato social que propicie una recuperación económica sólida, justa e inclusiva, que cree empleos, trabajos decentes y resiliencia.