Kazajistán atraviesa desde principios de enero de 2022 una crisis social y política de magnitudes inéditas. Manifestaciones populares, disturbios armados y un intento de golpe de Estado han sacudido al país más grande y rico de Asia Central.

El recurso forzado y temporal del presidente Kasym-Jomart Tokaev a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), con el fin de restablecer el orden, ha suscitado ciertas interpretaciones geopolíticas de los acontecimientos. Pero estas no deben encubrir las causas estructurales del seísmo que acaba de golpear a un país presentado durante mucho tiempo como modelo de estabilidad.

Desde el 2 de enero de 2022 se han producido manifestaciones en todas las regiones de Kazajistán para denunciar la subida de los precios del gas natural licuado tras la eliminación de la regulación estatal de los mismos.

Este cese del control de los precios de los carburantes, que suprimió uno de los mecanismos de redistribución de la renta de las materias primas, provocó descontento entre la población, más aún cuando el país experimentaba ya una fuerte inflación en el contexto de la pandemia de la covid-19 (+7,5% en 2020, +8,4% en 2021), y la vida cotidiana de los kazajos se encontraba afectada por la subida de los precios de los alimentos (frutas, verduras, cereales, carne, productos lácteos, etc.).

El descontento popular también tiene su origen en la magnitud de las desigualdades presentes en la sociedad y el territorio kazajos, resultado, en gran medida, de las políticas liberales y autoritarias aplicadas desde la independencia.

Frente a la élite política y económica constituida en torno al primer presidente Noursoultan Nazarbaev, que llegó al poder al final de la era soviética, y a la clase media que ha surgido en las grandes ciudades, amplios sectores de la sociedad han permanecido al margen del crecimiento.

A pesar del espectacular auge económico que tuvo lugar en las décadas de 2000 y 2010, basado fundamentalmente en la explotación del subsuelo (petróleo, gas, carbón, uranio, etc.), la pobreza sigue siendo considerable. Esta afecta tanto a las zonas rurales como a las urbanas, en particular a las ciudades industriales integradas en el sistema de producción soviético (como Karaganda, la cuarta ciudad más poblada del país), que fueron las más afectadas por la crisis de los años 1990, en la que el PIB kazajo se contrajo casi un 40% entre 1991 y 1995. Esta situación se traduce concretamente en unas condiciones de vida y de trabajo que siguen siendo muy duras (salarios, jornada laboral, relaciones jerárquicas, etc.) para un gran número de kazajos.

El presidencialismo clientelar que caracteriza al sistema político kazajo también ha alimentado las tensiones. Durante las manifestaciones se exigieron medidas de democratización (retorno a la Constitución de 1993, que garantiza los derechos de las organizaciones políticas y sindicales; elección de alcaldes y presidentes regionales; denuncia del culto a la personalidad de Noursoultan Nazarbaev; consolidación de la libertad de información), especialmente por parte de los activistas de la sociedad civil, al tiempo que se denunciaban fenómenos de corrupción y de acaparamiento de riqueza por parte de los gobernantes y su entorno.

En este sentido, lejos de las interpretaciones geopolíticas de la crisis, lo que se cuestionó en las manifestaciones populares fue el sistema oligárquico forjado íntegramente por Nazarbaev. El contrato social, que también se basaba en la identificación patriótica con los éxitos económicos y políticos del Estado, se rompió en buena parte como consecuencia de la desaceleración del crecimiento (-2,5% en 2020).

Manifestaciones pacíficas y disturbios armados

Las protestas adoptaron diferentes formas en distintas ciudades y regiones, y, por primera vez, el descontento se extendía a todo el país, desde la ciudad de Zhanaozen, al oeste de Kazajistán.

Situada en una de las principales regiones productoras de hidrocarburos, esta ciudad ocupa un lugar singular en la historia política y social del país. Es uno de los centros de Mangystau, una región cuya población es conocida por haber manifestado siempre cierta desconfianza hacia las autoridades centrales, zaristas, soviéticas y, ahora, kazajas, tal como demuestran, en el periodo contemporáneo, los malos resultados obtenidos por Tokaev en 2019 en las últimas elecciones presidenciales. Anteriormente, en 2011, Zhanaozen había sido escenario de importantes huelgas en el sector de los hidrocarburos, la represión de las cuales se saldó oficialmente con 17 muertos el día del 20º aniversario de la independencia.

En las regiones occidentales y septentrionales el descontento popular se expresó por lo general en el marco de manifestaciones pacíficas que contaron con una importante presencia sindical.

Sin embargo, en las ciudades del este y, sobre todo, del sur, desde Kyzyl-Orda hasta Taldy-Kurgan, pasando por Chymkent, Taraz y, especialmente, Almaty (principal ciudad del país, con cerca de 2 millones de habitantes), las manifestaciones se transformaron en disturbios.

Por una parte, hombres jóvenes, a menudo de origen humilde, recién llegados a la ciudad (o que siguen viviendo en los pueblos de los alrededores), esencialmente de habla kazaja, y que en un principio se habían manifestado de forma pacífica, expresaron violentamente su indignación saqueando y atacando símbolos del régimen, como las oficinas del partido Nur Otan (Patria Radiante) creado por Noursoultan Nazarbaev.

Por otra parte, grupos más organizados, presumiblemente vinculados a organizaciones criminales, redes islamistas y personalidades políticas, atacaron edificios públicos, así como el aeropuerto y la torre de televisión de Almaty, mientras que importantes componentes de los órganos de seguridad, en particular en el seno del Comité de Seguridad Nacional (KNB, por sus siglas en kazajo), desertaron.

El presidente Tokaev describió la toma de poder como una “operación antiterrorista”, fórmula que le permitió justificar la instauración del estado de emergencia, la represión despiadada de los “bandidos” y el llamamiento a las fuerzas de mantenimiento de la paz de los países miembros de la OTSC. También fue presentada como la derrota de un intento de golpe de Estado.

Según las autoridades, la violencia se saldó con un total de 227 víctimas, entre ellas más de 200 civiles, la mayoría en Almaty, así como varios miles de heridos. Cerca de 10.000 personas han sido detenidas, mientras que la represión se ha dirigido mayoritariamente a civiles y activistas no implicados en los altercados violentos, pese a los anuncios del jefe de Estado.

Una crisis política a varios niveles

Esta crisis política, que ha sumido a la sociedad kazaja en un estado de estupefacción, debe interpretarse a varios niveles.

Por un lado, la “tragedia de enero” recuerda que Kazajistán ha vivido en los últimos años varios episodios de tensión sociopolítica que se tradujeron en manifestaciones contra la reforma del Estatuto de la Tenencia de la Tierra en 2016; en la denuncia de los problemas de vivienda y de pobreza tras un trágico incendio que se produjo en Astana en 2019 en el que murieron cinco niños de una misma familia; y en enfrentamientos interétnicos, como sucedió en 2020 cerca de la frontera con Kirguistán.

Por otro lado, revela la magnitud de la brecha que existe entre el aparato estatal y una gran parte de la población, tanto en lo político como en lo social. Este abismo está vinculado al hecho de que el sistema político kazajo se base no tanto en las elecciones como en los nombramientos, y a que, en la práctica, carezca de órganos de representación, confrontación y deliberación.

Por último, los acontecimientos de enero constituyen una nueva etapa en el proceso de sucesión de Noursoultan Nazarbaev. Paralelamente al movimiento popular, parece haberse iniciado un intento de derrocamiento de Kasym-Jomart Tokaev por parte de personas cercanas al expresidente.

El presidente de los servicios de inteligencia (KNB) y antiguo primer ministro Karim Massimov pidió supuestamente a Kasym-Jomart Tokaev que dimitiera tras producirse las primeras manifestaciones, a raíz de lo cual él mismo fue destituido y posteriormente detenido y acusado de “alta traición”. En otras palabras, las luchas de poder internas se han sumado al descontento social. Y cabe pensar que son en gran medida responsables del estallido de violencia.

Después de haberse impuesto en la arquitectura institucional, asumiendo la presidencia del Consejo de Seguridad, uno de los principales retos que se le presentan a Kasym-Jomart Tokaev es consolidar una base popular, aunque las condiciones de su ascenso a la presidencia han limitado su legitimidad hasta tal punto que determinados politólogos han calificado el sistema político kazajo de “diarquía” y han considerado a Tokaev como “medio presidente”.

El proceso iniciado a principios de enero de 2022 constituye un punto de inflexión en la historia contemporánea de Kazajistán. Marca el final de la vida política de Noursoultan Nazarbaev, que el 18 de enero se presentó como “jubilado” en una breve intervención en la que reiteró su apoyo a Kasym-Jomart Tokaev.

El 11 de enero, en un largo discurso ante el Parlamento, Tokaev había evocado la construcción de un “nuevo Kazajistán” para calificar su actuación, del mismo modo que la retórica desarrollada por Shavkat Mirziyoyev promueve el “nuevo Uzbekistán” para subrayar el cambio con la presidencia del “primer presidente” Islam Karimov, de quien había sido primer ministro.

Además de posponer las reformas políticas hasta septiembre de 2022, Tokaev ha anunciado medidas económicas y sociales, al tiempo que designaba un nuevo primer ministro, Alikhan Smaiylov, y un nuevo Gobierno, un tercio del cual ha sido renovado respecto al que dirigía Askar Mamin.

El presidente intentó responder a la protesta social comprometiéndose a frenar la inflación y a trabajar en la redistribución de la riqueza, gravando a las empresas más rentables y a los más ricos. Asimismo, el presidente kazajo reafirmó su adhesión al sistema económico capitalista, señalando varias deficiencias de la economía nacional (corrupción, mercado oligopólico, etc.).

Medidas simbólicas

Kasym-Jomart Tokaev anunció en este contexto varias medidas sumamente simbólicas dirigidas a los allegados de Noursoultan Nazarbaev, considerados los principales beneficiarios del sistema político y económico vigente desde hace 30 años. El Banco de Desarrollo de Kazajistán tiene que redefinir su actuación tras haber sido acusado de operar únicamente en beneficio de determinadas personas; el proyecto de metro ligero de la capital, considerado emblema de los abusos financieros, ha sido abandonado; el holding estatal Samruk-Kazyna, que controla el 60% del PIB kazajo a través de participaciones directas en numerosas empresas, tiene que reformar su modus operandi.

Asimismo, la empresa de reciclaje, propiedad de la hija menor del primer presidente, se ha nacionalizado, mientras que sus yernos han abandonado la dirección de varias empresas e instituciones que ocupaban, aunque su patrimonio no se ha visto directamente amenazado por el momento. Dinara Nazarbaeva y su marido Timour Koulibaev figuran entre los kazajos más ricos, con una fortuna estimada en 2.900 millones de dólares. El influyente sobrino del primer presidente, Samat Abish, vicepresidente del KNB, también ha sido relevado de sus funciones, al tiempo que una serie de nombramientos está remodelando el aparato estatal. Este movimiento se está produciendo a todos los niveles jerárquicos, desde el responsable de la administración presidencial hasta los funcionarios de las administraciones locales, pasando por el presidente de la Asamblea Nacional y el alcalde de Almaty.

Treinta años después de la independencia, comienza una nueva etapa en Kazajistán. Queda por ver si se reducirá a una simple renovación de figuras clave y grupos de interés que dominan la esfera política y económica o si dará lugar a una transformación sistémica del país.