En una estrecha pista de tierra, la motocicleta roja de 125cc de Nassim corre a gran velocidad. El conductor conoce como la palma de su mano esta pequeña carretera, que conecta la ciudad de Chiponde, en Malaui, y la de Mandimba en Mozambique. Recorre por lo menos ocho veces al día esta ruta entre los dos puestos fronterizos. “La mayoría de las personas que están cerca de esta frontera son mozambiqueños que huyen de la guerra”, dice el mototaxista entre dos viajes de ida y vuelta.

Desde que estallaron los conflictos en el norte de Mozambique, esta frontera ha sido el principal punto de cruce para los civiles que salen de su país rumbo a Malaui. Para huir de los combates, una familia de 17 personas cruzó este paso el 23 de diciembre de 2021, antes de encontrar refugio en el pequeño pueblo de Matiti, ubicado a unos diez kilómetros de la frontera.

Originarios del distrito de Lichinga, huyeron de los combates que se han extendido desde la región de Cabo Delgado en el noreste del país hasta el oeste del país. Desde octubre de 2017, este conflicto ha enfrentado a los rebeldes yihadistas del movimiento Ansar al-Sunnah, conocido localmente como “Al-Shabab”, contra el gobierno mozambiqueño. Los yihadistas quieren hacer cumplir la sharía, la ley islámica. Sus miembros rechazan la autoridad estatal, las escuelas y el sistema sanitario. Según diversas organizaciones humanitarias, este año de 2022 ya se cuentan más de 3.500 muertos desde el inicio del conflicto, 600 mujeres secuestradas y al menos 800.000 personas desplazadas. Los testimonios apuntan a exacciones, decapitaciones y delitos sexuales.

“Lo que vi fue aterrador”

El decano de la familia, Namanya Anderson, de 86 años, afirma que la única razón de su partida es el conflicto que asola su región de origen. Ante esta situación, la familia, que cuenta con varios niños pequeños solo tenía una idea en mente, marcharse. “En las aldeas cercanas, los combatientes de Al-Shabab cortaban la cabeza de la gente sin ninguna razón. Estas matanzas tuvieron lugar a cinco o diez kilómetros de nuestra casa, tuvimos que marcharnos”, relata el anciano de pelo blanco, ahora abuelo de varios nietos.

Chrissy Ngundumu, vestida con una túnica azul y adornada con joyas, dice que escapó por poco de la violación. “Lo que vi fue aterrador”, susurra, “los combatientes arrancaron la ropa de las mujeres y las hicieron correr desnudas en el exterior”. Con su hija menor atada a sus espaldas, aclara que ninguno de sus ocho hijos o cuatro nietos regresará a Mozambique. Ella espera en lo más profundo de su ser que se eduquen en Malaui, pero por ahora es imposible, debido a la falta de documentos de identidad.

Un poco más lejos, una joven pareja de esta misma familia rememora una travesía que más pareció un éxodo espectacular. Aeness Awali, una joven mozambiqueña de 24 años relata los innumerables cambios de medio de transporte y la falta de alimentos.

“Los niños gritaban todo el tiempo porque tenían hambre. La gente se reía y se burlaba de nosotros en el camino”, confiesa la joven madre, de mirada austera. Su esposo, January Anderson, era agricultor y se negó a empuñar las armas contra los yihadistas.

“No sé cómo usar un arma. Ahora ayudo en esta granja como puedo”, afirma, señalando un campo de maíz. Ninguno de los miembros de esta familia cree hoy en un alivio de las tensiones en la región de Cabo Delgado. A la espera de ser regularizados en Malaui, ya pudieron obtener el estatuto de “refugiados de guerra” en el cruce fronterizo de Chiponde.

Hoy en día, los mozambiqueños presentes en el país apenas figuran en los censos oficiales (86.427 refugiados en Malaui según el ACNUR en 2022). “La capacidad censal es muy problemática”, confía Regio Conrado, estudiante de doctorado en ciencias políticas y profesor de ciencias politicas en Burdeos. “En el caso de los refugiados en Malaui, la situación suele olvidarse porque desde la guerra, el país se ha acostumbrado a los refugiados”.

Durante la guerra civil que asoló a Mozambique entre 1977 y 1992, cientos de miles de personas huyeron a Malaui. Aún hoy día, cruzar la porosa frontera entre ambos países sigue siendo una de las mejores maneras de escapar de las exacciones y abusos que tienen lugar en Cabo Delgado.

Éric Morier-Genoud, historiador especializado en Mozambique, señala que estos refugiados ya no pueden ir a Tanzania, un país al norte de Mozambique, porque “son atrapados por el gobierno y puestos en autobuses de vuelta a Mozambique”. Desde esta prohibición por parte del gobierno de Tanzania, la mayoría de los mozambiqueños han huido a Malaui. “En unos meses se habrán formado grandes campamentos”, asegura el historiador.

Guerrilla y niños soldados

La provincia de Cabo Delgado, una de las más pobres de Mozambique, cuenta con una población de 2,3 millones de habitantes, donde el 58% son musulmanes. Los yihadistas reclutan a muchos combatientes en esta zona, ya que existe un fuerte sentimiento de marginación entre estas poblaciones. El movimiento Al-Shabab, en el origen de estas exacciones, se militarizó en Mozambique en 2016. La rebelión realmente comenzó en 2017 y se convirtió paulatinamente en una guerra de guerrillas.

En junio de 2019, Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los primeros ataques en Mozambique. Un mes después, Al-Shabab le prometió lealtad. El 24 de marzo de 2021, el ataque y captura del puerto de Palma por parte de yihadistas causó la muerte de 55 personas y debilitó a las tropas militares del presidente mozambiqueño Filipe Nyusi. Recientemente, el 16 de marzo de 2022, los yihadistas se atribuyeron la responsabilidad de un ataque en la isla oriental de Matemo, que causó la muerte de siete militares.

Desde hace varios meses, los yihadistas se repliegan a los bosques de Cabo Delgado y Mecula, terreno que conocen perfectamente, y donde pueden entrenar a cientos de niños soldados en campos de entrenamiento.

De hecho, “entre los preceptos del yihadismo, después de la pubertad, un adolescente puede participar en los combates y empuñar las armas”, afirma Wassim Nasr, especialista en movimientos yihadistas. Además, los continuos combates impiden a los civiles mozambiqueños regresar a sus hogares por varias razones. La primera es que es imposible regresar mientras los rebeldes sigan aterrorizando a la población. La segunda, según Wassim Nasr, “es que, en caso de retorno, algunos civiles serían asimilados a los yihadistas por el gobierno mozambiqueño”.

Ante esta escalada de violencia, el Gobierno firmó un acuerdo bilateral con Ruanda en julio de 2021, que confirma el envío de mil soldados ruandeses por parte de Kigali a la provincia de Cabo Delgado para luchar contra los yihadistas. El despliegue tuvo lugar en particular en los distritos de Palma y Mocimboa de Praia. Esta intervención externa refuerza la posición del presidente de Ruanda, Paul Kagame, en el sur de África. Asimismo, da la impresión de una apariencia de control de la situación, pero en realidad la lucha continúa. Según Régio Conrado, Ruanda actúa “con la perspectiva de vender su modelo en el sur de África. El objetivo es eliminar los peligros externos en la región y expandirse políticamente”, confía este especialista que en 2021 todavía se encontraba sobre el terreno en Cabo Delgado.

Intereses económicos

La presencia ruandesa en Cabo Delgado también se explica por la riqueza de los suelos de la región, una de las mayores reservas de gas del mundo, codiciada por las grandes empresas internacionales del sector, como la italiana ENI y la estadounidense Exxon. El 24 de marzo de 2021, tras el atentado terrorista en la ciudad de Palma, el grupo francés TotalEnergies suspendió su mayor proyecto en curso. Desde la intervención militar en la región, se prevé la reanudación de las perforaciones para su explotación en 2026.

“Recuperar las ciudades costeras, especialmente Palma, de los yihadistas permite a los inversores extranjeros implementar lo ya comenzado”, explica Thierry Vircoulon, coordinador del Observatorio de África Central y Meridional del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri). “Es un proyecto de explotación de gas en alta mar, pero de todas formas es necesario proteger la costa”. Este retorno del capital extranjero no es un buen augurio para las poblaciones civiles que han huido de la amenaza terrorista. “El riesgo es que aparezcan islas de seguridad en torno a los proyectos de gas, y que la guerra de guerrillas continúe a su alrededor”, advierte Éric Morier-Genoud.

Malaui, si bien acoge a los refugiados, no participa en el esfuerzo militar en Cabo Delgado. “Es un microEstado con un ejército muy reducido y una débil capacidad en materia de seguridad”, especifica Thierry Vircoulon. “Lo mejor que puede hacer es controlar las fronteras porque los yihadistas pueden cruzarlas”. El riesgo de propagación de la violencia islamista es real según Éric Morier-Genoud: “Hace unos años, los movimientos sectarios que incitaron a la rebelión también tenían influencia en las regiones de Nampula y Niassa, hasta la frontera de Malaui”.

Namanya Anderson y su familia han instalado una pequeña olla en una estufa frente a su refugio malauí. “Esta es la razón por la que otros miembros del grupo no están aquí”, comenta el decano. “Han salido a buscar trabajos menudos para comprar algo de comida”. Sentado con las piernas cruzadas, observa con calma a los niños jugando en el patio. A pesar de las difíciles condiciones de vida, sabe que los ha puesto a salvo al dejar Lichinga.