Las elecciones venezolanas concitaron una fuerte atención internacional.

Muchos medios de comunicación pronosticaron que la evidente tensión entre los partidarios del presidente Hugo Chávez y los de la oposición traería como consecuencia la no aceptación de la derrota de uno o de otro y una violencia incontrolable.

Algunos mensajes en las redes sociales promovieron incluso compras nerviosas no solamente de mercancías de primera necesidad sino de artefactos electrodomésticos.

En realidad estos llamados no tuvieron mucha repercusión.

Ninguno de estos pronósticos se cumplió. Las elecciones se desarrollaron en calma, prácticamente sin incidentes.

Desde muy tempranas horas la participación fue muy alta (rebasó el 80%) y los resultados fueron dados a conocer en forma rápida.

Inmediatamente el candidato opositor, Henrique Capriles, reconoció el triunfo de su adversario y evitó de esa manera las algaradas de grupos radicales de su sector que prácticamente se limitaron a airadas y amargadas protestas en Internet.

En ambos contendientes la presencia sindical en la pugna pre-electoral fue escasa.

 Están muy lejos las épocas del Buro Sindical de Acción Democrática, uno de los dos partidos fundamentales del modelo bipartidista que gobernó en país hasta fines del siglo XX y que tenía una influencia decisiva en la elección de los candidatos.

Sin embargo, podemos señalar que pocos meses antes de las elecciones el gobierno apeló a la sanción de una nueva normativa laboral que se constituyo en un tema importante de debate electoral.

La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras publicada en mayo de 2012, permitió al Gobierno cumplir su vieja promesa de restituir el régimen de prestaciones sociales que había sido flexibilizado por el último gobierno del presidente Caldera.

La ley logra reducir modestamente la jornada de trabajo a cuarenta horas semanales para la jornada diurna pero con la importante novedad de la obligatoriedad de dos días continuos de descanso semanal.

En conjunto, ella sirvió a la estrategia del gobierno de oponer sus propuestas laborales a los retrocesos en la legislación laboral y de seguridad social en Europa y Estados Unidos.

Además, estableció la figura de los Consejos de Trabajadores como “expresiones del poder popular para la participación protagónica en el proceso social del trabajo con la finalidad de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo”.

Los Consejos abren un escenario de dialogo muy interesante para el movimiento de los trabajadores.

Se trata de una propuesta que tiende a limitar y controlar las facultades patronales en las empresas e instituciones privadas y públicas.

La normativa trató de delimitar sus funciones de las de los Sindicatos, reservándoles a estos últimos el papel primordial en la negociación colectiva y la huelga.

De esta suerte los delegados de prevención ejercerán su papel en la vigilancia de las condiciones y medio ambiente de trabajo, los sindicatos en el plano reivindicativo y los Consejos en el marco del control obrero y la cogestión.

En este debate se proponen ideas para convertir a los trabajadores de simples prestadores de trabajo, en ciudadanos consientes de sus derechos y de sus responsabilidades.

En nuestra cultura productiva la democracia parece detenerse en la puerta de los lugares de trabajo, en los cuales aparece como “natural” la hegemonía de los patronos y la imposición de su voluntad.

Nos preguntamos, si en Venezuela hay un consenso de todas las fuerzas políticas del país, dentro de sus diferentes y a veces contradictoria vertientes, en que la democracia es el mejor sistema de gobierno para lograr solucionar nuestros problemas, ¿por qué no democratizar la empresa y las relaciones de trabajo?

Por eso es fundamental que el debate comience por ese necesario cambio de paradigmas, por el compromiso y el protagonismo de los trabajadores como actores primordiales.