El colapso financiero en Chipre y su impacto sobre sus ciudadanos, no es sino el enésimo ejemplo de cómo la especulación y la desregulación se han impuesto a la economía real en Europa.

En realidad son los trabajadores chipriotas quienes pagarán la factura ahora. Muchos no cobrarán sus salarios este mes y muchos otros, tanto en el sector público como en el privado, se arriesgan a perder su empleo.

Esto viene a sumarse al hecho de que durante casi dos semanas, los chipriotas no han podido sacar dinero, tras el cierre temporal de los bancos.

Pero aunque el Eurogrupo impusieron severas medidas que afectarían a los ahorros y las necesidades cotidianas de los chipriotas para obtener efectivo, los auténticos responsables de la crisis bancaria seguirán sin verse penalizados.

Este enfoque revela un total desprecio hacia la dimensión social de Europa, que constituyó uno de los principios fundadores de la Unión.

En febrero, en la nueva hoja de ruta para lograr una unión económica más fuerte, el Consejo Europeo mostró su preocupación respecto al incremento del desempleo y la pobreza creciente, que se vieron intensificados por unas políticas de austeridad desastrosas. Por consiguiente, pidió que el contrato social europeo continuase siendo “el cemento de la estabilidad política”.

No obstante, pese a las declaraciones de intención respecto a la importancia del bienestar social y el diálogo social, la orientación no parece haber cambiado mucho.

Con el pretexto del crecimiento y la competitividad, la hoja de ruta sigue promulgando la desregulación de los mercados de trabajo y la reducción de salarios.

El enorme impacto social de dichas políticas ha ocasionado ya inestabilidad política en la mayor parte del Sur de Europa, con graves riesgos para la Unión Europea en su conjunto.

¿Qué más hará falta para que los eurócratas se den cuenta de que su hoja de ruta los está llevando por la dirección incorrecta?