La semana pasada la comunidad internacional consideró escandalosa la condena de 43 activistas de ONG en Egipto, y sin embargo apenas se ha prestado atención a la situación que afrontan los trabajadores bajo el régimen del Presidente Mohamed Morsi.

Los activistas de ONG fueron acusados de actuar en la ilegalidad y de utilizar fondos extranjeros para fomentar los disturbios en Egipto.

Fueron juzgados in absentia y condenados a penas de hasta cinco años de cárcel. La mayoría ya han abandonado el país pero el caso ha suscitado la atención de los medios de comunicación internacionales y de la diplomacia estadounidense, en parte porque 16 de los activistas eran americanos.

Pero para los muchos trabajadores egipcios que permanecen en el anonimato y que intentan organizarse para reivindicar mejores derechos y condiciones, la respuesta de las fuerzas de seguridad es mucho más dura y los principales medios de comunicación rara vez le dan cobertura.

Este jueves, en la OIT en Ginebra, se discutirá la cuestión de la libertad sindical en Egipto, lo cual podría representar una buena oportunidad para sacar a la luz las numerosas violaciones de los derechos laborales que se han venido cometiendo durante demasiado tiempo en el país, tanto antes como después de la revolución.

El número de protestas se ha duplicado desde que Morsi fue elegido presidente en junio de 2012, y alrededor de 650 trabajadores han sido despedidos por motivo de sus actividades sindicales.

La lista de los ataques antisindicales que se han producido es muy larga – enfermeros, taxistas, docentes, electricistas, trabajadores portuarios, etc. En la mayoría de los casos las reivindicaciones provenían de los nuevos sindicatos independientes, que todavía no han sido oficialmente reconocidos por el Gobierno.

El pasado mes de septiembre siete enfermeros empleados en el Hospital Universitario de Zagazig fueron arrestados por haber convocado una huelga después del fracaso de las negociaciones salariales mantenidas con el director del hospital.

El caso de los tres profesores, Baheya Yassin, Abdel Latiff Mahmoud y Ayman El Beyaly, fue remitido a un tribunal disciplinario por su participación en una huelga masiva de docentes que tuvo lugar en septiembre.

Más de 5.000 integrantes del personal docente y académico se habían reunido en El Cairo para llevar a cabo una jornada de acción, reclamando un aumento de los salarios de los profesores a un mínimo de 3.000 libras egipcias (alrededor de 400 USD) – lo que equivale al triple del salario medio actual.

Los manifestantes pedían además el despido de diversos funcionarios corruptos del Ministerio de Educación, y contratos indefinidos para aquellos en situación precaria.

En octubre de 2012 las fuerzas de seguridad arrestaron a 14 taxistas que se manifestaban a las puertas de la Administración General de Tráfico para reclamar una reducción de los impuestos y de las multas.

El pasado mes de mayo en El Cairo, la policía agredió brutalmente a los manifestantes que participaban en una sentada pacífica delante de una empresa de distribución de electricidad para exigir la liberación de 17 trabajadores que habían sido arrestados la semana anterior en una manifestación contra los fuertes recortes salariales impuestos.

 

Intereses subyacentes en los puertos

La represión no perdona ni al sector del transporte, el cual es sumamente estratégico para la economía egipcia. El Gobierno pretende invertir y desarrollar proyectos en la región del Canal de Suez para que Egipto se convierta en un centro internacional de transportes. No es de extrañar que el control de los trabajadores portuarios sea tan crucial.

En septiembre, cinco trabajadores de la empresa Alexandria Container & Cargo Handling Company (ACCHC), un subcontratista situado en los puertos marítimos egipcios, fueron acusados de incitar una huelga y condenados a tres años de cárcel.

Ahmed Sadek, Yousri Maaruf, Ashraf Ibrahim, Mohamed Abdel Moneim y Essam El-Din Mohamed Mabrouk han recurrido el veredicto y están a la espera de su audiencia judicial prevista para finales de mes.

En marzo de 2012 cientos de trabajadores portuarios llevaron a cabo una huelga para exigir el despido del consejo directivo de la empresa, sobre el que se cernían sospechas de corrupción, y para reclamar el arrendamiento de los muelles en el puerto de Alejandría concedido a empresas de servicios portuarios chinas y de otros países.

El sindicato de trabajadores independientes de la empresa de transporte ya había presentado una denuncia alegando que el contrato de arrendamiento era “ilegal” y que privaría a la Autoridad Portuaria Egipcia de millones de libras de beneficios – informa el periódico Al-Ahram.

“El sector público y la ACCHC han perdido casi el 41% de sus ingresos anuales debido al contrato de arrendamiento, después de perder numerosas líneas de navegación y terminales de operación”, afirma el Egyptian Democratic Labour Congress (EDLC), formado por más de 271 sindicatos independientes.

 

Sindicatos falsos, buen negocio

El reconocimiento de organizaciones como el EDLC y la nueva Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU) es la única forma de salir de esta situación, que no sólo perjudica a los trabajadores sino que además impide que se establezca el diálogo social y, por tanto, cualquier posibilidad de un desarrollo socialmente sostenible.

La EFITU es resultado de las protestas que comenzaron en la plaza Tahrir. Se creó días después de las revueltas y parece representar a un verdadero movimiento sindical independiente.

Los líderes son elegidos mediante un sistema democrático que refleja además el equilibrio de género.

Según Fatma Ramadan, miembro fundadora de la EFITU, el nuevo Gobierno está adoptando las mismas políticas económicas que Mubarak, y la violencia está considerada como la única manera de impedir el levantamiento del movimiento sindical.

Otros líderes como Rahma Refaat, asesora jurídica de la EDLC, están luchando por los numerosos trabajadores excluidos de todo tipo de seguro social, como son, por ejemplo, las mujeres jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años, que trabajan en el sector textil en una condiciones muy duras, con jornadas laborales de 12 horas y con unos sueldos de 200 libras egipcias mensuales (aproximadamente 30 USD).

Si bien Egipto ratificó los convenios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva a mediados de la década de 1950, los sindicatos libres continúan estando prohibidos y sigue sin haber una alternativa real a la Egyptian Trade Union Federation (ETUF) controlada por el Estado.

De momento todos los intentos por implementar la libertad sindical han fracasado.

El antiguo Ministro de Trabajo, el académico Ahmed Borai, dimitió a finales de 2011 después de que el Gobierno de transición dirigido por los militares se negara a otorgar el reconocimiento legal a los sindicatos independientes.

Sin embargo, detrás de la denegación de derechos laborales fundamentales hay unas razones económicas más amplias.

Según un análisis detallado realizado por Bloomberg, entre los factores que contribuyeron al crecimiento de Egipto antes de la crisis de 2008 y a las inversiones extranjeras de los EE.UU., Europa y el Golfo Persa, había una docilidad absoluta por parte del sindicato estatal, junto con una política de salarios bajos y escasas protecciones sociales.
Los camellos de la ETUF

Pero los dirigentes de la ETUF no eran dóciles más que con el Gobierno y con los grandes poderes económicos.

Ismail Fahmy, antiguo dirigente de este sindicato, está siendo juzgado por su papel en la denominada “Batalla del camello”, que tuvo lugar en febrero de 2011.

Se trató de una agresión deliberada contra los manifestantes, en la que los simpatizantes de Mubarak arremetieron violentamente, a caballo y a camello, contra una sentada en la plaza Tahrir, provocando la muerte de una docena de personas.

El mes pasado el tribunal supremo de Egipto denegó el recurso presentado por los fiscales con relación a este juicio.

Los acusados fueron declarados inocentes de los cargos de homicidio involuntario e intento de asesinato que se les imputaba.

“Las familias de las víctimas reaccionaron con indignación ante la decisión del tribunal de apelaciones, una decisión final que no puede volver a litigarse”, informó Al Jazeera.

En un intento por mostrar su voluntad reformista, Morsi ha reemplazado parte del antiguo aparato sindical con el nombramiento de nuevos dirigentes más jóvenes.

Ahmad ‘Abd al-Zahir, Presidente de la ETUF, que es de la era de Mubarak, fue sustituido por al-Gibali al-Maraghi.

“El 24 de diciembre [de 2012], el Presidente Morsi nombró a al-Maraghi para el Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Parlamento, que muchos sospechan fue una recompensa por trabajar con la Hermandad”, informa Sada, una revista digital sobre reformas políticas en el mundo árabe.

Otros dirigentes sindicales conservan sus puestos y se cree que podrían mantener vínculos sólidos con las fuerzas de seguridad, lo cual les permite imponer un recio control sobre los trabajadores y los disidentes.

“La ETUF es ilegítima y es preciso que sea disuelta porque su membresía es obligatoria – algo contrario a las normas de los sindicatos.

Además ha quedado demostrado que sus elecciones fueron falsificadas por medio de resoluciones judiciales y que [sus delegados] participaban en acciones contra la revolución”, afirma Kamal Abbas, otro activista egipcio veterano de Democracy at Work.

A menos que se obtenga un apoyo significativo por parte de la comunidad sindical internacional – es decir, la Organización Internacional del Trabajo y la Confederación Sindical Internacional – condenando abiertamente las violaciones de los derechos laborales y criticando a los dirigentes del sindicato estatal, las cosas en Egipto no van a cambiar.

La ETUF seguirá cobrando las cotizaciones de los salarios de millones de trabajadores.

Y, en cambio, los sindicatos independientes no podrán conseguir que ningún empleador deduzca las cotizaciones, por lo que no podrán sobrevivir.

La conferencia de la OIT de esta semana podría representar la ocasión decisiva para el cambio que los trabajadores egipcios tanto tiempo llevan esperando.

 

Deena Gamil ha contribuido a la elaboración de este informe