La violencia es un rasgo que define estructuralmente a Sudán, prácticamente desde su creación en 1956. Una violencia que, con el nuevo estallido registrado el pasado 15 de abril, se traduce hoy en más miles de muertos y heridos, 1,3 millones de personas refugiadas (principalmente en Chad), más de 5 millones desplazadas forzosamente y 25 millones dependiendo de la ayuda humanitaria para sobrevivir (de un total de 45,6 millones de habitantes). Y a pesar de la brutal dimensión de la tragedia, que sitúa a Sudán como la mayor crisis humanitaria del planeta, la atención internacional sigue siendo tan reducida que no sorprende que ahora, en respuesta a la exigencia planteada el 16 de noviembre por parte de las autoridades de Jartum, el Consejo de Seguridad de la ONU haya aprobado una resolución (con la única abstención de Rusia) que ha puesto fin (el 3 de diciembre) a la misión UNITAMS (United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan).

Una misión que arrancó en 2020, un año después de la caída del dictador Omar al Bashir, con el objetivo de apoyar la transición hacia la democracia, y muy poco antes de que, en octubre de aquel mismo año, Abdelfatah al-Burhan diera un golpe de Estado aprovechando su posición como jefe de las fuerzas armadas, al tiempo que UNAMID (United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur) terminaba su mandato. Se pasaba así de una fuerza de mantenimiento de la paz circunscrita a Darfur, con unos 20.000 efectivos desplegados sobre el terreno, a una misión política con apenas 250 efectivos y mandato para operar en todo el país.

En paralelo, se ha ido constatando esa misma senda a la baja en materia humanitaria, de tal manera que el reciente llamamiento de la ONU para atender las necesidades básicas de 18,1 millones de personas apenas ha sido cubierto en un tercio de los 2.600 millones de dólares solicitados.

En su arranque fueron los británicos los que encendieron la chispa, creando el que fue durante mucho tiempo el país más grande de África en función de sus intereses en el que obligaron a vivir juntos a quienes no tenían ningún deseo de hacerlo. Y a esa falla estructural se han ido añadiendo otros factores que durante los casi treinta años de la dictadura de Omar al Bashir tan sólo lograron presentar una imagen de falsa estabilidad, salpicados de violencia y represión, con episodios tan trágicos como el que todavía afecta a Darfur, seguido de la independencia de Sudán del Sur (2011). El derribo del dictador, en abril de 2019, apenas consiguió aportar un atisbo de esperanza, con las Fuerzas de la Libertad y el Cambio encabezando un proceso civil de transición hacia la democracia que, en 2021, fue abortado radicalmente por los militares. Los mismos que ahora vuelven a enfrentarse directamente entre ellos, alimentados por un afán depredador insensible a los sufrimientos de la inmensa mayoría de la población.

Por una parte, se sitúa el general Abdelfatah al Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), protagonista principal del derribo de Al Bashir como líder del citado golpe de Estado y actualmente máximo dirigente del país al frente del Consejo Soberano. Frente a él está el también general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, jefe de las ahora declaradas rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y segundo en la cadena de mando del Consejo Soberano. Ambos estuvieron claramente alineados con Al Bashir durante la dictadura, así como implicados en las atrocidades cometidas durante años en Darfur (sin que ninguno haya sido formalmente reclamado por la Corte Penal Internacional, a diferencia del dictador), y ninguno de ellos destaca precisamente por su ardor democrático.

¿Más allá de una lucha por el poder entre generales?

Aunque ambos quieren presentarlo de otra manera, su actual enfrentamiento no obedece a diferencias ideológicas de ningún tipo. En una primera lectura, cabría entender el conflicto como el resultado de las desavenencias entre ambos militares en relación a dos temas centrales en la agenda nacional: 1) un posible acuerdo con actores civiles para volver a encarrilar el proceso político, implementando lo acordado en noviembre de 2021 para poner en marcha un nuevo periodo de transición con un gobierno civil al frente; y 2) el proceso de integración de las FAR en las FAS, poniendo fin a la existencia de una fuerza paramilitar independiente, derivada de las muy violentas milicias yanyauid potenciadas por el propio Al Bashir para reprimir la revuelta en Darfur y reacia a someterse a la disciplina de Jartum. Pero en el fondo todo apunta a que lo que está sucediendo es una cruda lucha por el poder entre ambos personajes.

Para complicar aún más la confrontación interna son muchos los vecinos y potencias exteriores interesadas en inmiscuirse en lo que allí ocurre.

Así, por un lado, destaca el intento de Egipto –liderado por otro golpista como Abdelfatah al Sisi– de preservar la histórica influencia que ha ejercido sobre su vecino del sur, tanto para garantizar la estabilidad de su frontera meridional como para sumar un aliado en su afán de contrarrestar el efecto negativo para sus intereses de la construcción de la Gran Presa del Renacimiento que Etiopía está empeñada en sacar adelante. Su preferencia por Al Burhan parece clara, pero también ha procurado mantener contactos con Hemedti.

Por su parte, Hemedti no solo cuenta con su propia fuerza armada, estimada en unos 100.000 efectivos, muy bien equipada gracias a su propia fortuna personal y a su control de minas de oro y de redes de contrabando muy potentes. A eso une el apoyo de actores externos tan significativos como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. A fin de cuentas, Hemedti ha estado implicado en la guerra de Yemen aportando sus combatientes al lado de las fuerzas de Abu Dabi y Riad, lo que le ha reportado un considerable aporte económico y un notable apoyo político que ahora pretende rentabilizar a su favor.

Mientras tanto, Rusia se muestra también muy activa, situándose crecientemente a favor de Hemedti, incluso aportando mercenarios del grupo Wagner (aunque esto ha sido desmentido por Moscú). Desde hace tiempo Moscú muestra un claro deseo de contar con una base naval en Port Sudán y eso explica su creciente interés en el país. Todo ello sin dejar de mantener interlocución directa con Al Burhan.

Por último, a China, centrado en su seguridad energética, lo que más le interesa de Sudán sigue siendo su petróleo (contando con que su propiedad está aún por definir, a la espera de que se acuerde finalmente la frontera entre Jartum y Juba). Eso explica su llamada a la contención de ambos bandos, entendiendo que la estabilidad es su principal objetivo. Y en esa misma línea se sitúan la Unión Europea y Estados Unidos, aunque su permanente insistencia en la contención y en la estabilidad no son incompatibles con la aceptación de un gobierno controlado por los militares, como de hecho ha venido ocurriendo desde el fin de la dictadura de Al Bashir.

Nada indica, en resumen, que en la pelea por el botín alguno de los dos generales esté dispuesto a ceder, al menos hasta comprobar lo que sus fieles pueden hacer con las armas en la mano. De hecho, para añadir más pesimismo a la situación actual, los mediadores en las conversaciones de paz (Arabia Saudí, EEUU y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo) que comenzaron el pasado octubre han decidido suspender indefinidamente los contactos ante la absoluta falta de voluntad de ambos bandos para acercar posiciones.