Acelerado por el impacto de la guerra en Ucrania y la creciente tensión en el área Indo-Pacífico, convertida ya en el centro de gravedad de la agenda internacional por ser allí donde de manera más clara se visibiliza la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el gasto militar mundial sigue al alza por octavo año consecutivo. Así lo expresan los datos publicados recientemente por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), confirmando que en 2022 se ha vuelto a batir un récord histórico al alcanzar la cifra de 2,24 billones de dólares, lo que supone un incremento del 3,7% en términos reales (6,5% en términos nominales) respecto al año anterior.

Visto desde la perspectiva clásica de la seguridad de los Estados –que asume en términos generales que cuantas más armas se posean mayor será el nivel de seguridad alcanzado– cabría interpretarlo como una buena noticia, dado que implica contar con más medios para defenderse de cualquier posible amenaza a los intereses propios y con una mayor capacidad de disuasión frente a potenciales enemigos. Pero de inmediato, en cuanto se repasan los datos sobre el número de conflictos estatales registrados en lo que llevamos de siglo XXI, siguiendo los datos de la Universidad de Upsala a través de su reconocido programa sobre conflictos, si en 2001 había 33 focos activos en diversas partes del planeta, veinte años después ya eran 54. Y aunque la complejidad del fenómeno violento no se puede reducir a una sola clave, parece elemental concluir que, visto tanto a escala global como local, no se sostiene la idea de que más armas suponga más seguridad.

Visión unidimensional militarista

Aun así, la inmensa mayoría de los países del planeta siguen aferrados a ese esquema de seguridad estatal, empeñados en situar a los intereses del Estado por encima de los de las personas que los habitan, obviando en cuántos casos nos encontramos con que el aparato estatal acaba en manos de una reducida élite empeñada fundamentalmente en defender sus privilegios, al margen (cuando no en contra) de las necesidades y demandas de sus propias poblaciones. En esa misma línea son también mayoría los que siguen reduciendo el concepto de seguridad a su vertiente estrictamente militar, como si los aspectos sociales, políticos y económicos no fueran dimensiones igualmente importantes para lograr un mundo más seguro.

Esa visión unidimensional militarista es, con diferencia, la dominante en el escenario internacional, con Estados Unidos nuevamente a la cabeza en 2022, acaparando el 39% del gasto mundial en defensa (con 877.000 millones de dólares), seguido por China con el 13% (292.000 millones). Eso significa que lo que ambas potencias dedican a la defensa militar equivale al 52% del esfuerzo mundial en este capítulo. Si le añadimos a Rusia (86.400 millones), India (81.400 millones de dólares), Arabia Saudí (73.000) y Japón (46.000) el porcentaje sobre el total llega al 64%. Por lo que respecta a Europa, la suma de los presupuestos de todos los países del Viejo Continente alcanzó dicho año los 345.000 millones de dólares, lo que significa un alza del 13% respecto a 2021, acumulando un incremento del 30% en sus presupuestos de defensa desde 2013. Y entre todos ellos Ucrania ha sido el país que ha registrado una mayor subida interanual, con un 640%, hasta llegar a los 44.000 millones de dólares; o, lo que es lo mismo, el 34% de su PIB.

Todo apunta a que este año el gasto militar mundial seguirá aumentando, como si no quisiéramos entender que la inmensa mayoría de los episodios de violencia, tanto interestatal como intraestatal, responde fundamentalmente a factores sociales, políticos y económicos y a la existencia de dobles varas de media a nivel internacional.

Mantener esa pauta de comportamiento significa, en definitiva, empeñarse en el error de creer que los instrumentos militares pueden resolver problemas para los que no están equipados ni capacitados.

Igualmente, supone insistir en un enfoque reactivo, que sólo se moviliza como respuesta a un estallido violento, renunciando a potenciar los mecanismos de construcción de la paz y prevención de conflictos con los que se pretende, precisamente, evitar que tal estallido se produzca.

Construcción de la paz y resolución de conflictos

Apostar por esta segunda vía sigue siendo hoy una asignatura pendiente. Una rápida mirada a la ONU, infradotada en recursos y limitada en su capacidad para imponer a los Estados el cumplimiento de los compromisos adquiridos en común, deja bien claro que no hay actualmente el suficiente grado de voluntad entre sus miembros para emplear todas sus potencialidades al servicio de la paz. Es la ONU, como legitimo representante de la comunidad internacional quien está en mejores condiciones para liderar un ejercicio que debe conjugar el esfuerzo sostenido de largo plazo (no hay atajos o soluciones milagrosas), el multilateralismo (ningún Estado dispone de medios suficiente para hacer frente a las amenazas y riesgos que nos afectan) y multidimensionalidad (combinando elementos sociales, políticos, económicos, diplomáticos y militares). Solo así puede ir más allá de la mera gestión de los problemas y aspirar a resolverlos atendiendo a sus causas estructurales antes de que la situación desemboque inevitablemente en un conflicto violento.

En esa línea –sin abandonar en ningún caso la defensa de los legítimos intereses de cada Estado y la necesidad de contar con medios militares como instrumento de último recurso para garantizarlos– se impone la necesidad de ampliar la mirada hasta llegar a la seguridad humana. Un concepto que entró en escena a mediados de la última década del pasado siglo, pero sin llegar a consolidarse como referencia central de los modelos estatales de seguridad, arrinconado por el empuje de la “guerra contra el terror” que ha dominado estas últimas dos décadas.

Un enfoque que no pretende desbancar al de la seguridad de los Estados, sino ensancharlo para entender que tan relevante es la defensa de las fronteras y el territorio ante potenciales amenazas externas como la paz social y el bienestar en el propio país.

La seguridad humana pone en el centro de atención al ser humano, considerando que la base principal de la paz y la seguridad está en la satisfacción de las necesidades básicas de cada persona, en que pueda ejercer plenamente sus derechos sociales, culturales, políticos y económicos y en que esté gobernada por autoridades legítimas. Con esa pretensión incluye la dimensión económica, alimentaria, de salud, medioambiental, personal, comunitaria y política.

Implica, en esencia, asumir que la seguridad propia no puede lograrse a costa de la seguridad del vecino y que, como ya señalaba Kofi Annan en 2005, no puede haber seguridad sin desarrollo, no puede haber desarrollo sin seguridad y no puede haber desarrollo ni seguridad si no hay respeto pleno de los derechos humanos para todos. En esa misma órbita se inscriben los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el documento Nuestra Agenda Común, presentada por António Guterres en 2021, a la espera de los resultados de la Cumbre del Futuro convocada por la ONU para septiembre del próximo año.

Colombia acaba de publicar su nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026, Garantías para la vida y la paz, basada directamente en la premisa de proteger la vida de todos sus ciudadanos. ¿Logrará implementarla? ¿Alguien se animará a seguir su camino cuando todo parece indicar que los presupuestos militares seguirán aumentando a corto plazo?