El proceso no ha comenzado con la guerra en Ucrania, pero, visto desde la perspectiva occidental, ese es indudablemente el factor que, junto con la percepción de amenaza que transmite desde hace unos años la emergencia de China como potencia global, mejor explica una carrera armamentística que parece ya imparable.

Según los datos más recientes, recopilados por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial en 2021 creció un 0,7% respecto al año anterior y un 12% si se toma 2012 como referencia. Un crecimiento que no solo supone un récord histórico desde 1987, con un total de 2,113 billones de dólares (2,2% del PIB mundial), sino que también consolida la tendencia al alza de los últimos siete años. Cifras y tendencias que, a primera vista, no dejan de resultar chocantes cuando se toma en consideración que coinciden con una crisis económica de dimensiones planetarias (2008) y con el estallido de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (2020).

Unos años, por tanto, en los que se ha registrado una caída generalizada del crecimiento económico y durante los que se supone que las prioridades sociales para atender a las personas más afectadas tendrían que estar por encima.

En un contexto que apunta cada vez más claramente a una prolongación de la guerra en Ucrania, a una dinámica de tensión entre China y Estados Unidos, inmersos en un proceso de confrontación por el liderazgo mundial, y al esfuerzo de otras potencias regionales pugnando por imponerse a sus vecinos, mientras se contabilizan más de una treintena de conflictos activos en diversas partes del planeta, la carrera armamentística sigue, en definitiva, gozando de buena salud, impulsada igualmente por la necesidad que sienten muchos países por modernizar aceleradamente sus capacidades militares creyendo (equivocadamente) que de ese modo aumentan su seguridad.

Destacan entre todos ellos un Estados Unidos y una China que suponen, respectivamente, el 38% y el 14% de todo el gasto militar realizado en 2021. Si a ellos se les suma India (76.600 millones de dólares), Reino Unido (68.400) y Rusia el porcentaje global es el 62%. Y si aún se añade Francia (56.600), Alemania (56.000), Arabia Saudí (55.600), Japón (54.100) y Corea del Sur (50.200) el porcentaje total de los diez países con mayor gasto en defensa se eleva al 75% del total mundial.

Mención especial en este apartado merece el caso de EEUU, con 801.000 millones de dólares, lo que supone una ligera caída del 1,4% respecto al año anterior o, lo que es lo mismo, el 3,5% del PIB (dos décimas menos que un año antes) –caída que no se mantendrá este año, ya que el presidente norteamericano Joe Biden ratificó el pasado 23 de diciembre la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023 por la que se asigna un total de 857.900 millones de dólares a este ámbito, lo que supone un incremento anual del 7%–.

Por su parte, China ha llegado hasta los 293.000 millones de dólares, lo que equivale al 4,7% de su PIB, en una secuencia alcista ininterrumpida desde hace 27 años. Muy por detrás de ellos queda Rusia, aumentando por tercer año consecutivo su dedicación presupuestaria a la defensa, con una subida del 2,9%, hasta los 65.900 millones de dólares, que representan un 4,1% del PIB. En términos más generales los datos recogidos por el SIPRI muestran que el porcentaje medio dedicado a la defensa por el conjunto de todos los países del planeta es del 5,9% de sus presupuestos nacionales, y que en tres de las cinco regiones contempladas en su análisis se ha registrado un aumento del gasto militar, con Asia y Oceanía aumentando un 3,5% (586.000 millones de dólares), Europa un 3% (418.000) y África un 1,2% (39.700), mientras que en ese mismo capítulo descendió el presupuesto en Oriente Medio (3,3%, con 186.000) y en América (1,2%, con 883.000).

¿Seguridad y bienestar… antitéticos?

Unas cifras y unas tendencias, en definitiva, que apuntan a un notable incremento para el año en curso, derivado sobre todo del efecto provocado por la invasión rusa de Ucrania y el clima de creciente inquietud sobre el destino no solamente de ese país sino, como mínimo, de la seguridad europea en su conjunto. De momento, mientras Ucrania ha aumentado su gasto en defensa un 72% desde la anexión rusa de Crimea en 2014, hasta llegar a un total de 5.900 millones de dólares en 2021 –aunque puntualmente esa cifra suponga un 8,5% menos de lo sumado un año antes–, todo indica que en 2022 habrá vuelto a registrar un nuevo récord histórico en el capítulo de la defensa.

Y al rebufo de esas decisiones también cobra impulso el ardor armamentístico de países como Alemania, aprobando la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros y acelerando el ritmo para alcanzar el 2% del PIB dedicado a la defensa en 2027.

Y lo mismo cabe decir del resto de los miembros más destacados de la OTAN, presionados crecientemente desde Washington para que cumplan cuanto antes con el compromiso adquirido en 2014 de llegar a ese porcentaje. Japón, entretanto, ha decidido romper el techo que se autoimpuso en 1976 y duplicar su presupuesto de defensa para convertirse, antes de terminar la década, en la tercera potencia militar del planeta.

El panorama resultante de esta poderosa tendencia militarista muestra la fuerza que siguen teniendo los mantras heredados de la Guerra Fría, resumidos en la idea de que más armas suponen más seguridad y de que si vis pacem para bellum (si quieres la paz, prepárate para la guerra). Un esquema mental centrado en la seguridad del Estado, a la que se subordina sin remedio la seguridad humana en nombre de los supuestos intereses superiores del primero.

De ese modo, movidos por la voluntad de poder y pensando más en la defensa de las fronteras propias frente a posibles amenazas externas, se tiende a justificar un gasto militar que en no pocas ocasiones termina por relegar a un segundo plano a las necesidades y expectativas de los seres humanos que pueblan dichos Estados.

Frente a ese esquema, y sin cuestionar el derecho a la defensa de todo Estado y el papel de los ejércitos como último recurso frente a quienes optan por la violencia, se trata de entender, en primer lugar, que los temas de seguridad y bienestar no son antitéticos, sino que son los dos pilares fundamentales de la paz, tanto dentro como fuera de las fronteras de cada Estado . En esa línea, es elemental entender que cubrir las necesidades de la población propia es la mejor vía para garantizar la paz social y la estabilidad frente a cualquier tentación revolucionaria o violenta.

Por eso, en un contexto de creciente malestar social derivado de la acumulación de crisis que ponen en peligro la convivencia, parece aún más necesario atender preferentemente al bienestar, tratando de potenciar los instrumentos sociales, políticos y económicos que eviten que nadie se quede atrás, así como llevar a cabo las reformas imprescindibles para encarar el futuro con mayor confianza, conscientes de que la crisis climática demanda un cambio estructural de modelo.

Por otro lado, es obvio que muchos de los problemas que acaban generando violencia tanto a escala nacional como global no son, en su esencia, de naturaleza militar ni tienen solución por esa vía. De ahí se deriva, por un lado, que los ejércitos y las armas no pueden ser los instrumentos preferidos para resolver los problemas multidimensionales que hoy caracterizan nuestro presente y, por otro, que es necesario reforzar los instrumentos diplomáticos y de prevención de conflictos, tanto a escala nacional como internacional, precisamente para evitar que finalmente se acabe produciendo el indeseable choque violento.