“Quisiéramos tener una casa donde vivir con los niños”, dice con una voz apenas audible María [nombre ficticio], madre de cuatro hijos. A finales de diciembre, debido al frío invernal, fue derivada con su familia a un gimnasio deportivo en la ciudad de Estrasburgo. Durmiendo en catres de tijera y sin ninguna privacidad, aquí se alojan temporalmente seis familias. Los llantos de los niños marcan el ritmo de las noches. “Estas no son condiciones para los niños. Pero al menos tienen un techo”, suspira Delphine Bernard, miembro del colectivo Pas d’enfant à la rue 67, creado en noviembre de 2021.

Con papeles y lápices en la mano, en cuanto llegó esa mañana de enero al refugio improvisado, los niños corrieron a sus brazos. “Cuando el gimnasio cierre, ¿mamá va a encontrarse en la calle?”, pregunta preocupada una de las hijas de María. La asistenta materna de 42 años, también miembro de la FCPE (federación de consejos de padres de alumnos), muestra su zozobra: “Yo también soy madre, cuando veo a estas niñas que no tienen nada y que van a dormir en la calle, para mí es intolerable”, afirma esta voluntaria.

Frente al edificio, varios hombres alojados con sus familias, todos de origen extranjero, manifiestan su cólera: “Nadie nos pregunta cómo estamos, tenemos documentos, pero nadie los mira, nadie escucha nuestra historia”, explica uno de ellos, que vino desde los Balcanes. “Tengo tres hijos aquí, uno de 7 años, uno de 3 y otro de 9 meses, ¿cómo lavo a mi bebé aquí?”, pregunta, mientras otro muestra en su teléfono la Convención sobre Derechos Humanos. Antes de ser acogidos en el gimnasio Branly, estos hombres, relatan, dormían en la estación de tren con sus hijos pequeños.

Fallas del Estado

En 2019, la Fundación Abbé Pierre, que lucha contra la falta de vivienda digna y la exclusión, ya contaba con un censo de 30.000 niños sin hogar en Francia. Desde entonces, debido a la pandemia, no se ha realizado ningún nuevo censo. Sin embargo, las asociaciones que ayudan a las personas necesitadas en todo el país perciben un aumento en el número de estos niños, en particular debido a las nuevas llegadas migratorias, el aumento de la precariedad, la escasez de viviendas de interés social y la falta de suficientes alojamientos de emergencia.

En su informe al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, presentado en julio de 2020, el que fuera Defensor de los Derechos, Jacques Toubon, señaló las deficiencias del Estado francés en términos de alojamientos de emergencia y denunció particularmente una circular de 2017 que permite a los servicios de inmigración compensar la saturación de las estructuras de alojamiento de emergencia procediendo al control de “la legalidad de la estancia de las personas acogidas”.

En Estrasburgo, la policía de fronteras ya ha venido dos veces al gimnasio Branly para efectuar controles. Algunas familias sin permiso de residencia fueron trasladadas al CPAR (centro para la preparación del retorno), a más de 30 kilómetros de Estrasburgo, sinónimo para ellas de una antecámara de expulsión del territorio. “¿Cómo quiere usted que las asociaciones envíen allí con toda tranquilidad a personas sin hogar? Es como una trampa. Entre nosotros, llamamos a eso una redada”, insiste Delphine, indignada.

“No estar solo frente al sufrimiento de otras personas”

El colectivo Pas d’enfants à la rue (Ningún niño en la calle) nació precisamente para denunciar la existencia de niños que viven en la calle. En junio de 2021, Yaël Benhayon, de 42 años, profesora de enseñanza primaria, descubrió que uno de sus alumnos de 9 años y su familia no tenían hogar. Decidió organizar una recaudación de fondos solidaria que permitió acomodar a la familia hasta finales de septiembre.

Unas semanas más tarde, Yaël se enteró de que la familia se encontraba de nuevo sin hogar. “Vivían en tiendas de campaña, era el mes de noviembre y hacía frío. Fue entonces cuando sentí todo el peso de la situación. Me sentí sola”, relata. Se organizó una reunión con otros profesores, padres de alumnos y asociaciones: “Muchas personas se sintieron interpeladas. El colectivo se formó espontáneamente”, explica.

Sin embargo, insiste Yaël, no se trata de reemplazar al Estado o a las instituciones competentes. “El objetivo principal era no encontrarse solo frente al sufrimiento de otras personas”, explica. Una necesidad confirmada por Cecilia Quintiliani. De hecho, esta enfermera escolar ha visto a algunos alumnos llegar a la escuela con fiebre después de pasar la noche en cubos de escaleras o en un coche.

La motivación de los miembros del colectivo es “la condición humana”. “Todos tenemos una trayectoria que nos ha sensibilizado”, comenta Cecilia, una madre soltera de origen migrante.

“Mis padres italianos pasaron por viviendas improvisadas antes de salir adelante en la vida. Afortunadamente, les tendieron puentes y ayuda. Me digo a mí misma que es una cuestión de continuidad. Si todos participan y se implican, dejarán de existir este tipo de situaciones”, exclama.

Delphine no entiende cómo es posible permanecer insensible al hecho de que hay niños que viven en tales condiciones. “No puedo soportar ver que la gente se muestra tan indiferente a la miseria de los demás, yo necesito tender la mano”, apunta.

La falta de financiación y la lentitud de los servicios públicos franceses empujan a los ciudadanos a organizarse y a paliar las deficiencias del Estado de forma voluntaria. “Encontrar un alojamiento no es nuestro trabajo. Pero tratamos de actuar lo más rápido posible porque, para nosotros, lo más importante es el bien de los niños”, explica Delphine. Los miembros del colectivo recurrieron a los representantes electos de la zona, escribieron un carta abierta pidiendo a las autoridades que abran más alojamientos de emergencia, que identifiquen y requisen viviendas vacías para soluciones duraderas. “El ayuntamiento y la prefectura [es decir, el Estado] se pasan la pelota unos a otros, y nosotros estamos atrapados en el medio. Hay una voluntad real del Estado de no alojar a estas familias, lo que va en contra de la protección de la infancia”, considera Yaël.

A principios de febrero, las familias del gimnasio Branly fueron nuevamente desplazadas: algunas fueron llevadas al CPAR, otras fueron alojadas en hoteles. Soluciones poco duraderas para las familias, quienes a veces vuelven a vivir en la calle.

Violaciones de los derechos de la infancia

Trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos del lenguaje, fatiga, incluso depresión... Las condiciones de vida de los niños que viven en la calle (ausencia de higiene, acceso intermitente a la atención médica y a una dieta equilibrada, inestabilidad debido a los cambios regulares en el espacio vital) tienen consecuencias para su salud física y mental.

Tampoco se dispone siempre del acceso a la educación, lo que dificulta el desarrollo y la integración del niño. E incluso cuando están escolarizados, la situación no les permite dedicarse plenamente al aprendizaje. Por último, cuando no están acompañados, los niños que viven en la calle también corren el riesgo de quedar atrapados en redes de trata de personas.

Sin embargo, Francia ha sido el segundo Estado europeo en firmar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por la ONU. Esta convención dota de derechos a la infancia, tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, cuidados, alimentación y educación, así como el acceso a la justicia y la seguridad social.

En su informe sobre el trato infligido a niños y adultos migrantes en el norte de Francia, publicado en octubre de 2021, la ONG Human Rights Watch también señala un deterioro en las condiciones de vida de los migrantes, debido particularmente a las repetidas expulsiones, el acoso de la policía, las políticas que restringen la distribución de alimentos y de agua y los obstáculos al trabajo de las asociaciones humanitarias.

Francia ya ha sido condenada, el 28 de febrero de 2019, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Khan contra Francia por violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Ahora bien, el Tribunal estimó que Jamil Khan, un menor afgano no acompañado, de 11 años en aquel momento, había vivido durante varios meses en Calais en condiciones inadecuadas. El Tribunal dictaminó que el Estado francés no se había hecho cargo del menor.

Reivindicaciones y bloqueo de escuelas

En espera de soluciones a largo plazo, el colectivo Pas d’enfants à la rue ha comenzado a hacer un censo de todos los menores no escolarizados: “El objetivo es que todos asistan a la escuela. Así pasan un día sin frío, socializan con otros niños y aprenden el idioma”, explica Delphine. El colectivo también insiste ante las administraciones públicas que todos los niños tengan acceso al comedor escolar “para que coman al menos una comida caliente y equilibrada al día”.

Ante una situación que consideran insostenible y la falta de capacidad de respuesta de los servicios públicos, el colectivo Jamais sans toit (Nunca sin techo) creado en 2014 en la ciudad de Lyon, va aún más allá. Sus miembros albergan a las familias ocupando las escuelas entre los horarios lectivos. Una práctica ilegal, pero que el ayuntamiento tolera: “Tenemos en cuenta la urgencia de las situaciones sin entorpecer las clases”, explica Raphaël Vulliez, profesor y miembro del colectivo.

Jamais sans toit representa casi 80 escuelas en la conurbación de Lyon. “El bloqueo de una escuela moviliza a unas cuarenta personas”, explica Raphaël. Es así como el colectivo ocupa entre 6 y 20 escuelas al año, especialmente en invierno, y calcula que existen de 250 a 350 menores que viven en la calle. Una cifra que saben perfectamente que está muy por debajo de la realidad. Este año, Jamais sans toit albergó temporalmente a 53 niños.

Por su parte, el colectivo de Estrasburgo no excluye la posibilidad de bloquear establecimientos escolares. “Uno de mis alumnos vivía en la calle y la directora de la escuela pidió abrir la escuela para acomodarlos. Yo y una de mis compañeras amenazamos con ocupar la escuela. No llegamos a hacerlo. A las cuatro de la tarde nos ofrecieron una solución de alojamiento”, recuerda Yaël.

Asimismo, el colectivo Jamais sans toit, afirma que esta presión les permite obtener resultados: las familias a las que acompañan suelen ser las primeras en ser alojadas. “Solo pedimos que se aplique la ley, ni más ni menos, el derecho a la vivienda de emergencia consagrado en la ley y el derecho a la escolarización”, concluye Raphaël Vulliez.