Menos de dos semanas después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaran un “cese al fuego” unilateral de 30 días, 10 miembros del grupo rebelde izquierdista resultaron muertos en un bombardeo llevado a cabo por el ejército colombiano.

La operación, que tuvo lugar en la región central montañosa de la provincia de Meta el pasado viernes, fue descrita por Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa de Colombia, como un “duro golpe” asestado al grupo guerrillero.

Entre los muertos se encontraba el comandante regional Pedro Laín Parra Suns, conocido como Jhon 26, un veterano con 15 años de militancia en las FARC.

A principios de este mes de diciembre, las FARC anunciaron un “cese al fuego” de 30 días a partir del 15 de diciembre. Los guerrilleros esperaban que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos correspondiera a su vez poniendo alto al fuego con el fin de seguir adelante con el proceso de paz.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Santos ha prometido continuar la lucha contra los rebeldes hasta que se firme un acuerdo de paz.

Según cifras gubernamentales, unos seis millones de personas se han visto afectadas, ya sea por desplazamientos, asesinatos, desapariciones forzosas y otras atrocidades, por el conflicto que desde hace 50 años enfrente a las FARC al Gobierno colombiano.

Las conversaciones de paz

Las conversaciones de paz, que se celebran en La Habana y cuentan con el apoyo de Cuba y Noruega como garantes y de Venezuela y Chile como observadores, se formalizaron el 26 de agosto de 2012 cuando los delegados del Gobierno de Colombia y los representantes de las FARC suscribieron el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Gracias al Acuerdo General se establecieron diálogos directos y sin interrupción con una agenda detallada cuyos ejes principales son el desarrollo agrario y el tema del acceso y uso de la tierra, reformas institucionales, poner fin a la participación de las FARC en el multimillonario comercio del narcotráfico y, finalmente, la reparación para las víctimas del conflicto.

El 6 de noviembre de 2013 las conversaciones de paz dieron un gran paso adelante al acordarse los términos de la futura participación de las FARC en la vida política colombiana una vez que el grupo rebelde depusiera las armas.

Tras el comunicado conjunto, Iván Márquez, el vocero de los guerrilleros, leyó un documento redactado por las FARC en el cual se reconoce que el acuerdo, a pesar de que falta un largo camino por recorrer, da cabida “al optimismo para seguir avanzando en los debates hacia la firma de la paz y la terminación del conflicto.”

En un artículo publicado en El Tiempo.com, Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno colombiano, reconoció el alcance del acuerdo observando que “es un nuevo impulso dirigido a recuperar el espíritu reformista” y que “el fin del conflicto debe desembocar en transformaciones que permitan arraigar firmemente una paz duradera”.

Apoyo

Sin embargo, los niveles de apoyo al proceso de paz son diversos. De acuerdo con una encuesta realizada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los Andes, el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), mientras que el 53,7% de los colombianos apoyan el proceso de paz, el 32,6% está en contra.

Entre la población que vive en la “zona de conflicto”, ese nivel de apoyo se eleva al 59,1%, mientras que el porcentaje en contra del proceso de paz desciende al 27,1%.

Juan Carlos Rodríguez Raga, director del Observatorio de la Democracia, explicó a la revista Semana.com que los colombianos apoyan una salida negociada pero “están mucho menos dispuestos a hacer concesiones en materia de justicia y de participación política” y “también están reticentes a perdonar, o a que se les perdonen, los crímenes a los miembros de las FARC aun si confiesan sus delitos.”

Aunque la opinión de los ciudadanos sobre la problemática del sector agrario esté cerca de la postura de los guerrilleros, eso no significa - según Rodríguez Raga - que las FARC “vayan ser exitosas electoralmente, porque la imagen negativa que tienen es muy grande y difícil de limpiar”.

Actualmente, en Colombia el proceso de paz se ha convertido en el principal tema debatido por los candidatos a las elecciones presidenciales de mayo de 2014, separando por un lado a los que avalan los diálogos de La Habana por el hecho de haber obligado a los guerrilleros a sentarse a la mesa de negociación y, por otro lado, a los que consideran las negociaciones como una trampa para el Estado porque permiten a las FARC reorganizarse.

Mientras en Cuba los negociadores siguen adelante para definir un marco nuevo que fortalezca la democracia a través de mayor transparencia, inclusión y pluralismo político, en el país el clima electoral para las presidenciales parece aún más candente tras la decisión de Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, de destituir a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá de izquierda.

Entre tanto, el proceso de paz, necesario para poner definitivamente un punto final a un largo y sangriento conflicto nacional, sigue bajo presión y plagado de obstáculos.