Kavon Ward es una figura pionera en California. Hace tres años, en 2020, cuando Estados Unidos se vio sacudido por grandes manifestaciones antirracistas, esta joven decidió emprender una batalla inédita en el Estado Dorado: conseguir la restitución de un terreno del cual habían sido despojados varios descendientes de esclavos.

“Todo empezó poco después de la muerte de George Floyd”, cuenta Kavon Ward. “Por aquel entonces, yo formaba parte de un grupo de madres movilizadas contra el racismo en la Bahía Sur de Los Ángeles, donde me encontraba viviendo. En un momento dado oí hablar de la historia de Bruce Beach, la primera playa de la costa oeste para afroamericanos, creada en 1912, en plena segregación racial, por Charles y Willa Bruce, que eran descendientes de esclavos”. En 1924, cuando la estación balnearia estaba siendo todo un éxito, “el ayuntamiento blanco de Manhattan Beach se apoderó de Bruce’s Beach en nombre del principio de utilidad pública, para construir allí un parque, y despojaron a los titulares de su propiedad”.

Conmovida por esta historia olvidada de los californianos, la joven, ella misma descendiente de esclavos, decidió movilizar a la comunidad para conseguir que se devolviera a los descendientes de los Bruce esta playa, frecuentada principalmente por personas blancas acomodadas.

Tras varios meses de trabajo junto a abogados y defensores de las reparaciones, Kavon Ward y su equipo ganaron el caso: por primera vez en Estados Unidos, varios descendientes de esclavos consiguieron reclamar una propiedad que se les había expropiado en nombre de la utilidad pública, una práctica que afecta de manera desproporcionada a los afroamericanos. En un estudio de la asociación Institute for Justice se demuestra que, entre 1949 y 1973, este principio se utilizó para desplazar a 1 millón de estadounidenses que vivían en barrios considerados “deteriorados”, dos tercios de cuyos vecinos eran negros.

En 2021, mientras se tramitaba el caso Bruce Beach, Kavon Ward fundó Where is my land (¿Dónde está mi tierra?), una asociación que brinda ayuda a los afroamericanos y a sus descendientes víctimas de expropiaciones. “En estos momentos estamos trabajando en 40 nuevos casos y tenemos otros 700 pendientes”, explica.

La lucha de Kavon Ward para obtener las reparaciones es emblemática de una nueva generación joven de afroamericanos decidida a acabar con la discriminación sistémica que sufren en Estados Unidos y a cerrar la brecha de riqueza entre blancos y negros, dos problemas directamente relacionados con la herencia esclavista del país.

“La movilización en torno a la cuestión de las reparaciones surgió en 2017”, al finalizar los ocho años de presidencia de Barack Obama, señala Chad Brown, portavoz de la National Assembly of American Slavery Descendants (NAASD), una organización establecida en 2019, que reúne a descendientes de esclavos afroamericanos y que aboga por las reparaciones.

“Muchos de nosotros nos sentíamos decepcionados y frustrados por los años de Obama: muchas palabras bonitas pero pocas acciones concretas sobre el terreno. Queríamos que algo cambiara de una vez. Y para ello, nos quedó muy claro que la respuesta era poner en marcha un proceso de reparación”, observa. “Esta es nuestra oportunidad para reconstruir y reponer el patrimonio económico que nos fue arrebatado durante todos estos años: todo el país generó riqueza a costa de los esclavos, generaciones de estadounidenses se aprovecharon de ello y pudieron crear riqueza generacional a través de la herencia. No fue nuestro caso: pese a la emancipación de los esclavos, la discriminación contra los afroamericanos persistió, lo que nos condenó a la pobreza”.

Disculpas públicas y compensaciones económicas

Los esfuerzos de Chad Brown y de otras figuras del movimiento en favor de las reparaciones condujeron hace dos años a la creación de un grupo de trabajo encargado de formular una serie de recomendaciones destinadas a compensar a los californianos descendientes de esclavos afroamericanos y a reparar el daño causado por la esclavitud. Una primicia a escala nacional.

Los nueve expertos, que deben presentar su informe a los representantes electos de California en torno al 1 de julio, ya votaron el pasado 6 de mayo una serie de medidas: aprobaron un informe detallado en el que se pone de relieve la discriminación que los californianos negros siguen sufriendo desde hace décadas en materia de vivienda, educación, violencia policial e incluso encarcelamiento.

El grupo considera que las reparaciones deberían incluir “indemnizaciones monetarias o su equivalente” para los residentes que cumplan los requisitos. A tal efecto, propuso la adopción de un modelo de cálculo de las cuantías de dichas indemnizaciones basado en las opiniones de diversos economistas consultados por el grupo de trabajo.

Los expertos también recomendaron la creación de una nueva agencia que estuviera encargada de prestar determinados servicios de asistencia a los afroamericanos.

También consideraron necesario que California pidiera disculpas públicas a los descendientes de las víctimas, reconociendo la responsabilidad del Estado en la práctica de la esclavitud. Por último, los nueve miembros del grupo de trabajo propusieron una serie de medidas sociales: restablecer el derecho de voto de los reclusos y exreclusos, y limitar los alquileres en los barrios de los que históricamente se ha excluido a la población negra.

El establecimiento de este grupo de trabajo constituye un verdadero avance en un país donde el concepto de reparación se ha considerado durante mucho tiempo un “término sucio”, afirma Chad Brown. La reparación “no es una idea nueva en este país”, explica. “Desde la emancipación de los esclavos, varias generaciones de activistas defensores de los derechos civiles intentaron emprender iniciativas de reparación, pero acabaron chocando contra un muro”.

Uno de los más recientes fue John Conyers, demócrata elegido miembro de la Cámara de Representantes. “En 1989 presentó un proyecto de ley cuyo objetivo era crear una comisión para estudiar y desarrollar propuestas de reparación para los afroamericanos. Pero el texto se estancó en el Congreso durante años y nunca llegó a votarse”, recuerda Chad Brown.

Ante el fracaso de John Conyers en el Congreso, los defensores de las reparaciones en California han intentado otro método: conseguir que se adopte un texto que permita crear un grupo de trabajo sobre las reparaciones en el Estado Dorado, un estado precursor cuyas leyes suelen tener un efecto dominó en los demás estados del país, e incluso en la legislación federal.

“Históricamente, algunas de las políticas progresistas adoptadas en California han acabado influyendo en otros estados. Pienso, por ejemplo, en determinados textos sobre discriminación positiva”, señala Maureen Simmons. Esta consultora afroamericana es la autora de la ley AB 3121 (AB de Assembly Bill, Proyecto de Ley de la Asamblea), el texto adoptado por la Asamblea de California, por el cual se ratificó la creación del grupo de trabajo sobre reparaciones.

Durante unas prácticas estudiantiles en 2019 en el seno de la Mesa parlamentaria de la representante electa Shirley Weber, la animaron a trabajar en un proyecto legislativo de su elección. “Cuando me decidí a trabajar en el tema de las reparaciones, no tenía ni idea de que llegaría tan lejos y que se convertiría realmente en una ley. Es increíble pensar que esta ley está impulsando el diálogo a escala federal y que incluso podría tener un impacto a escala internacional, a largo plazo. Porque, al fin y al cabo, la esclavitud no es solo un problema estadounidense”, apunta Maureen Simmons. “Cuando pienso en mi familia y en todos los antepasados que fueron víctimas de la esclavitud… ¡resulta bastante sobrecogedor!”.

Hasta 1,2 millones de dólares por persona

Queda por ver si los miembros electos del Parlamento californiano y el gobernador del estado de California estarán dispuestos a ratificar las recomendaciones del grupo de trabajo. La cuestión de la cuantía de las reparaciones suscita un intenso debate en el Estado Dorado y es foco de atención de los medios de comunicación.

Según las estimaciones de los economistas contratados por el grupo de trabajo sobre reparaciones, el estado de California podría deber más de 800.000 millones dólares a los descendientes de los esclavos californianos, es decir, 2,5 veces su presupuesto anual.

Para compensar la discriminación sufrida, sobre todo en el ámbito del acceso a la sanidad, los expertos sugieren que cada californiano afroamericano descendiente de esclavos reciba 13.619 dólares USD (cerca de 12.400 euros) por cada año de residencia en territorio californiano. En el ámbito de la vivienda, mediante un método de cálculo se estima que los daños y perjuicios sufridos ascienden a 145.847 USD (133.500 euros) por persona. Según los cálculos de los expertos, algunas personas podrían recibir hasta 1,2 millones USD (1,1 millones de euros) de indemnización.

“Dudo mucho que los funcionarios electos estén dispuestos a aprobar un proyecto tan utópico y costoso. ¿Cómo lo van a financiar?”, señala, escéptico, Joel Kotkin, economista e investigador de la Universidad Chapman de California, que se opone a las reparaciones. “Además, California nunca fue un estado esclavista. ¿Por qué deberíamos pagar por crímenes cometidos por Alabama o Mississippi?”.

Según un estudio publicado en 2021 por los sociólogos estadounidenses Ashley Reichelmann y Matthew Hunt, solo el 20% de los estadounidenses blancos estaría a favor de las reparaciones en forma de pagos directos.

“Mucha gente no quiere reconocerlo, pero en Estados Unidos, a día de hoy, todo el mundo sigue beneficiándose de la esclavitud, aunque sus antepasados no poseyeran esclavos”, subraya Ashley Reichelmann, profesor de Sociología en Virginia Tech. “Parte de la oposición a las reparaciones entre los blancos proviene de su dificultad para admitir que la democracia estadounidense no es meritocrática, a pesar de lo que propugna el mito nacional. Reconocer que las desigualdades modernas de las que son víctimas los negros están directamente relacionadas con la esclavitud y sus consecuencias cuestiona profundamente la idea de un sueño americano supuestamente accesible a todas personas que lo merezcan. Al final, se está cuestionando incluso que los afroamericanos merezcan efectivamente acceder a dicho sueño”.