Las soluciones con las que tratamos de abordar la crisis climática no deben, ni pueden, estar desconectadas de la justicia social y los derechos humanos. Las personas más vulnerables frente al cambio climático, que también son las menos responsables del mismo, se ven amenazadas por las falsas soluciones que se proponen para afrontar aquel.

Este es el caso de los pueblos indígenas, que dependen en gran medida del entorno natural para su subsistencia, su salud y sus modos de vida en ecosistemas sumamente expuestos a los impactos del cambio climático. Muchos de los factores causantes de la alteración del clima, como la extracción de petróleo y gas, la minería o la deforestación, destruyen, al mismo tiempo, los territorios indígenas.

Ahora bien, es importante señalar que las “soluciones” planteadas por los países occidentales para hacer frente a esta crisis (que con demasiada frecuencia solo sirven para desviar la atención) constituyen asimismo un peligro para sus tierras y sus vidas. Para numerosos pueblos indígenas, representan la principal amenaza que afrontan, como denuncia Survival International desde hace años.

Entre estas falsas soluciones destacan áreas protegidas como los parques nacionales. A pesar de las terribles violaciones de los derechos humanos cometidas en estas zonas, y a falta de pruebas sólidas que demuestren su eficacia, grandes ONG conservacionistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) o la Wildlife Conservation Society (WCS), continúan presentando las áreas protegidas como la “solución” a los problemas medioambientales.

Ensalzadas como solución ejemplar en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, también se presentan cada vez más como sumideros de carbono que facilitan la lucha contra el cambio climático y se engloban bajo el paraguas de las “soluciones basadas en la naturaleza” que supuestamente permiten compensar las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, generando créditos de carbono.

Sin embargo, mucha gente ignora que estas áreas protegidas, especialmente en África y en Asia, son escenario de actos de violencia militarizada y de atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas.

Estos son expulsados de sus territorios y se les impide el acceso a cuanto necesitan para sobrevivir. Y si tratan de volver a sus tierras, los guardaparques los atacan con una violencia extrema, que incluye torturas, violaciones y asesinatos.

Este modelo de conservación de fortaleza, que hunde sus raíces en el racismo y el colonialismo, parte de la idea de que los pueblos indígenas no son capaces de gestionar sus propios territorios. Es lo que todavía hoy sostienen numerosos gobiernos occidentales (como Francia o Alemania) y grandes ONG internacionales de la conservación (como WWF o WCS).

La venta de “créditos de carbono” (o “derechos de emisión”) procedentes de estos espacios de exclusión y de violencia es desastrosa.

En primer lugar, se trata de lo que llamamos proyectos de “carbono de sangre”. Los créditos de carbono generados en este contexto se basan en impedir, incluso de manera violenta, el acceso de los pueblos indígenas a sus tierras para que puedan seguir viviendo, alimentándose y cuidando de sí mismos. En definitiva, para poder desempeñar todas las actividades que constituyen su modo de vida. Seguidamente, los beneficios obtenidos por la venta de estos créditos acaban en manos de las empresas que organizan estas transacciones y las organizaciones que gestionan estas áreas protegidas, a riesgo de continuar financiando más violaciones de derechos humanos.

En segundo lugar, por lo general los créditos de carbono no funcionan. La mayoría de programas de compensación de emisiones de carbono basados en la naturaleza no son más que un fraude y contribuyen muy poco, por no decir nada, a evitar las emisiones de carbono o a almacenar carbono suplementario. Un estudio reciente, realizado por periodistas e investigadores, revela que el 90% de los créditos de carbono procedentes de los bosques tropicales y convalidados por el organismo certificador Verra no “valen nada”.

Finalmente, estos mecanismos desvían la atención de las verdaderas causas de la crisis climática (las actividades que generan emisiones de carbono) y permiten a las empresas más contaminantes seguir emitiendo carbono a la atmósfera al tiempo que blanquean su imagen mediante la compra de esos créditos.

En Kenia se sacrifica el modo de vida pastoral para favorecer la captura de carbono

El ejemplo de las “zonas de conservación comunitarias” de Kenia es muy ilustrativo. Estas áreas protegidas, agrupadas bajo la tutela de la organización conservacionista Northern Rangelands Trust, se han creado de acuerdo con el modelo de conservación de fortaleza, aunque su nombre no lo indica. Según testimonios de representantes indígenas, su creación viene acompañada de corrupción, intimidación y violencia, así como de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las unidades de seguridad militarizadas desplegadas por NRT (supuestamente para combatir la caza furtiva).

Sin embargo, a NRT esto no le ha bastado y en algunas de estas zonas de conservación ha emprendido un proyecto para generar créditos de carbono.

La investigación de Survival International (presentada en un informe reciente) demuestra que el proyecto era profundamente deficiente y que era muy improbable que permitiera almacenar de forma permanente cantidades importantes de carbono adicional. A raíz de la investigación y de la campaña de Survival, Verra suspendió la venta de los créditos de carbono asociados al proyecto y actualmente lo está revisando.

Pero aún peor, este proyecto se implementaba a expensas de las comunidades afectadas y sin su consentimiento. Estos territorios áridos del norte de Kenia son las tierras ancestrales de pueblos indígenas pastoralistas como los boranas, los samburus y los rendilles.

El proyecto, basado en la idea equivocada y racista de que los pueblos indígenas no saben gestionar sus propias tierras y destruyen el medioambiente, pretende impedir así el “pastoreo excesivo” para permitir la absorción de una mayor cantidad de carbono en el suelo.

Se basa, por tanto, en la destrucción de los sistemas tradicionales de pastoreo de los pueblos indígenas, que, sin embargo, son sostenibles, para sustituirlos por un sistema centralizado: los pueblos indígenas pierden entonces sus medios de subsistencia, mientras que el proyecto puede generar créditos de carbono que no resolverán la crisis climática.

A continuación, los créditos de carbono se venden por millones de euros a empresas como Meta o Netflix, que pueden alardear en su página web de su “neutralidad de carbono” y sus compromisos medioambientales sin tener que modificar sus actividades contaminantes.

Estas prácticas, que se nutren de la mercantilización de la naturaleza, permiten a los responsables del cambio climático seguir contaminando y destruyendo los modos de vida de los mejores guardianes del medioambiente. Así pues, de “soluciones” no tienen más que el nombre.

El respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas debe situarse en el centro de las políticas medioambientales y climáticas.

Survival está en primera línea de la lucha contra las falsas soluciones contra el cambio climático que violan los derechos de los pueblos indígenas, tanto frente a los proyectos de “carbono de sangre” y las áreas protegidas militarizadas, como frente a la extracción de níquel para fabricar baterías de coches eléctricos que amenaza con aniquilar a un pueblo indígena no contactado en Indonesia.

Sin justicia y sin abordar las raíces de la destrucción climática y medioambiental, estas “soluciones” devastadoras no dejarán de ser más que castillos en el aire.