El régimen del actual presidente y exmilitar Abdelfatah al Sisi en Egipto es, sin duda, uno de los más represivos del mundo. Leer un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país es adentrarse en un auténtico catálogo de los horrores, pues estos recogen todo tipo de abusos y crueldades: desapariciones forzosas, torturas brutales, ejecuciones extrajudiciales, cárceles en condiciones deplorables, cárceles secretas aún más draconianas, etc. El Gobierno no reconoce la existencia estos abusos, tampoco de presos políticos, pero algunas estimaciones independientes los sitúan en alrededor de 60.000. El hecho de que no se tolere el más mínimo atisbo de crítica ha llevado a miles de disidentes a exiliarse, pero a menudo, ni tan siquiera a miles de kilómetros se pueden liberar de las severas presiones del régimen.

Una de las maneras de hacer la vida imposible a los exiliados consiste en negarles cualquier tipo de servicio administrativo, como la renovación de sus pasaportes y documentos de identidad, o la concesión de una copia del certificado de nacimiento, lo que les dificulta llevar una vida mínimamente normal en su país de acogida, tal y como ha denunciado en un informe Human Rights Watch (HRW). “El hecho de denegar la renovación de documentos es una de las represalias que adopta el régimen egipcio contra los disidentes exiliados, otra muy común es la de acosar a sus familiares residentes en Egipto”, explica Amr Magdy, el autor del informe.

“Los trámites de renovación de pasaporte deben contar con la aprobación de los servicios de inteligencia. Y si éstos tienen constancia de que alguien es crítico con el régimen o participó en manifestaciones antigubernamentales, se niegan a proporcionárselo”, explica Mohamed Abbas, un periodista egipcio afincado en Turquía.

“Las dificultades para renovar el pasaporte no son iguales en todas las legaciones diplomáticas. El consulado de Estambul es uno de los peores porque el régimen sabe que aquí viven muchos exiliados, sobre todo de los Hermanos Musulmanes”, añade Abbas.

De hecho, a efectos prácticos, el consulado egipcio en Estambul tiene sus puertas cerradas, y todos los trámites administrativos se deben realizar a través de la red social de Facebook o por correo electrónico. Las peticiones de los críticos con el régimen suelen concluir con un mensaje que les insta a desplazarse a Egipto para poder obtener los documentos deseados, una temible perspectiva. Decenas de egipcios residentes en el extranjero, incluidos académicos y periodistas, han sido arrestados durante los últimos años a su llegada al aeropuerto de El Cairo por delitos de opinión.

Supresión implacable de la disidencia

En 2013, un golpe de Estado militar puso fin a la transición democrática en Egipto iniciada después de la dimisión del dictador Hosni Mubarak tras una revuelta popular en el marco de las llamadas Primaveras Árabes. Desde entonces, el exmilitar Al Sisi ha impuesto una dictadura de tintes totalitarios todavía más brutal que la de Mubarak. Aunque toda disidencia es reprimida de forma implacable, los servicios de seguridad pusieron especialmente en su punto de mira al movimiento islamista de los Hermanos Musulmanes, ganador de las elecciones durante el interludio democrático. Se calcula que, entre cuadros de la Hermandad y sus familiares, más de 25.000 personas buscaron refugio en Turquía, presidida por el también islamista Recep Tayyip Erdogan.

Según leyes internacionales de derecho humanitario, los Estados no pueden privar arbitrariamente a sus ciudadanos de documentos de identificación, ya sean pasaportes u otros. “El régimen egipcio incumple incluso sus propias leyes. La ley antiterrorista solo permite confiscar el pasaporte a las personas acusadas de terrorismo, pero no dice nada de otros documentos como los certificados de nacimiento”, apunta Magdy. En Egipto, las autoridades elaboran listas de sospechosos de terrorismo de forma arbitraria, y suelen incluir a opositores pacíficos. En cualquier caso, la mayoría de los críticos fuera del país víctimas de represalias ni tan siquiera forman parte de este listado.

“Egipto no es el único país en adoptar este tipo de medidas, hay algún otro, como Arabia Saudí, pero lo hacen solo los más represivos”, denuncia el investigador de HRW.

“Algunos de los exiliados hemos recibido la ciudadanía turca, pero somos pocos. La mayoría tiene muchos problemas por la falta de documentos”, explica Mohamed Emad, un prominente exdiputado por el partido FJP, vinculado a la Hermandad. En el informe de HRW, se recogen numerosos ejemplos de las implicaciones de no tener documentos. Por ejemplo, dos padres de niños nacidos en Turquía relatan que, a causa de no haber podido registrar el nacimiento de sus hijos, estos no han podido recibir las preceptivas vacunas en Turquía; no tienen acceso a la salud pública, y temen que, en un futuro no puedan ser escolarizados e ir al colegio. En otros casos, la falta de algún documento ha impedido desde casarse a abrir una cuenta bancaria.

En el peor de los casos, no contar con un documento de identidad en vigor puede llevar a la deportación a Egipto, con el consiguiente riesgo de detención y tortura. A pesar de ello, varios países han deportado a ciudadanos egipcios, como es el caso de Sudán, Arabia Saudí o Malasia, y algunos luego han sido sometidos a juicios carentes de garantías. Este hecho genera un estado de ansiedad entre muchos exiliados, como Ibrahim Abouali, un activista residente en Malasia y que se enfrenta a una posible deportación tras haber caducado su pasaporte. Su vídeo en las redes se hizo viral hace unos meses. “Aquí en Turquía no tenemos miedo a eso. Es una línea roja para el Gobierno turco. No deportará a nadie cuyos derechos humanos estén en peligro”, afirma Emad.

No obstante, durante los últimos dos años, ha habido un proceso de reconciliación entre Ankara y El Cairo que sí ha afectado la vida de la comunidad egipcia exiliada, sobre todo a sus miembros más activos políticamente. “El Gobierno turco ha pedido que se rebaje el tono de las críticas al régimen egipcio, y que no se crucen algunas líneas rojas en lo que se refiere a ataques personales a Al Sisi. Algunos periodistas lo han aceptado, y otros han preferido marcharse a Londres”, comenta Abbas. Durante años, Estambul fue una potente plataforma para una decena de medios de comunicación opositores, la mayoría afines a los Hermanos Musulmanes, como las cadenas de televisión por satélite Al Sharq y Mekameleen. El año pasado, esta última decidió cerrar sus oficinas en Turquía, y en su comunicado atribuyeron la decisión a “las circunstancias que todo el mundo sabe”.

Quizá una de las formas más crueles de presión o venganza hacia los exiliados es el castigo a sus familiares en Egipto, lo que incluye medidas arbitrarias como redadas en sus domicilios, desapariciones forzosas, largas detenciones sin cargos, prohibición de viajar al extranjero, despido de sus trabajos, etc.

“Tratan a nuestros familiares como rehenes. Mi hijo ha intentado salir de Egipto tres veces, pero no le dejan. Conozco algunos casos de esposas de exiliados que llevan diez años sin poder ver a sus maridos. En el aeropuerto, las autoridades les confiscan el pasaporte e incluso les presionan para que se divorcien”, denuncia Emad. Uno de los casos más conocidos, recogido en una denuncia hecha por una veintena de organizaciones, es el de Amr Abu Khalil, hermano del periodista de la cadena de televisión Al Sharq, Haitham Abu Khalil, crítico en sus reportes con Al Sisi y la familia de este. Amr Abu Khalil murió en prisión después de haber pasado once meses en detención preventiva.

En un contexto de crisis económica severa, el Gobierno egipcio ha lanzado recientemente un Diálogo Nacional con la oposición, y ha liberado a centenares presos políticos como muestra de buena voluntad. Sin embargo, pocos lo ven como un esfuerzo serio de reconciliación. “Es una nueva maniobra para mejorar la imagen sin hacer cambios en realidad. Es verdad que se ha puesto en libertad desde abril de 2022 a entre 1.000 y 1.200 personas, pero se ha arrestado a otros centenares, incluidos a algunos de los puestos en libertad”, asevera Magdy. “Este proceso es cosmético porque el Gobierno ha vetado a la verdadera oposición. Varias fuerzas, como la nuestra, están excluidas. ¡Pero es que incluso han arrestado a miembros de algunos de los partidos que iban a participar! ¿Cómo se lo puede tomar uno en serio?”, espeta enérgico el exdiputado Emad desde su oficina en las afueras de Estambul.