En toda Gaza, los trabajadores de los servicios públicos se enfrentan a escenas de una devastación inimaginable: 392 centros educativos destruidos; 132 pozos de agua fuera de servicio; 24 hospitales inutilizados y los 11 restantes sólo funcionan parcialmente. Toda la red energética permanece fuera de servicio debido a las restricciones a la importación de combustible y al corte de las líneas externas. La falta de electricidad ha obligado a cerrar las plantas de desalinización y de tratamiento del agua, y las aguas residuales fluyen abiertamente por las calles. La falta de lavabos obliga a muchas mujeres a tomar píldoras para retrasar la menstruación.

Sin embargo, resisten, entre los escombros y las ruinas. Los trabajadores del sector del agua luchan por evitar la deshidratación tras la destrucción de tuberías y acuíferos. Médicos y cuerpo de enfermería salvan vidas mientras temen por las suyas. Los trabajadores humanitarios se enfrentan a la tarea imposible de alimentar y alojar a una población desplazada del tamaño de Barcelona, dentro de una “zona segura” de unos pocos kilómetros cuadrados.

Gaza es ahora el lugar más peligroso de la Tierra para ejercer la medicina, con más de 340 profesionales de la salud fallecidos. Más de 150 funcionarios de las Naciones Unidas han muerto, el mayor número de víctimas mortales en un conflicto en los 78 años de historia de la organización. En palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: “¿En qué tipo de mundo vivimos cuando la gente no puede conseguir comida ni agua, cuando los trabajadores de la salud corren el riesgo de ser bombardeados mientras realizan su labor de salvar vidas?”.

Las víctimas civiles se han visto agravadas por los ataques contra lugares como asociaciones jurídicas, universidades, sedes sindicales, telecomunicaciones, carreteras, bloques de viviendas de gran altura e incluso edificios de la ONU. Una fuente de los servicios de inteligencia israelíes ha declarado que la principal motivación de estos ataques es causar “daños a la sociedad civil”. Otro afirma: “Nada ocurre por accidente. Cuando matan a una niña de tres años en una casa de Gaza, es porque alguien del ejército decidió que no era un gran problema que la mataran, que era un precio que valía la pena pagar para alcanzar [otro] objetivo”.

No debería ser necesario repetir que los ataques contra civiles e infraestructuras no militares son ilegales según la legislación internacional de derechos humanos. Todos los gobiernos y actores tienen la obligación, en virtud de los Convenios de Ginebra, de proteger a la población civil, especialmente a quienes prestan servicios vitales en zonas de conflicto. Hacer que las normas de derechos humanos sean opcionales o dependan del contexto envía un mensaje peligroso, pone en peligro a los trabajadores de los servicios públicos y socava los derechos de todos nosotros.

En nuestro Congreso Mundial número 31, que se celebró en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2023, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) condenó los atentados terroristas del 7 de octubre perpetrados por Hamás, en los que murieron más de mil personas, y pidió la liberación de todos los rehenes. También señalamos que la reacción de Israel de castigar colectivamente a toda la población de Gaza por las acciones de Hamás no era justificable y pedimos un alto el fuego inmediato y el fin del bloqueo ilegal.

“Es calamitoso y cada vez peor”

En enero, el Tribunal Internacional de Justicia determinó que es plausible que se esté produciendo un genocidio en Gaza y ordenó a Israel que tomara medidas. Sin embargo, altos funcionarios occidentales lamentan que apenas se hayan producido mejoras, y, uno de ellos, según The Guardian, afirma: “Es calamitoso y cada vez peor”. El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación afirma que “Israel está destruyendo la infraestructura civil, el sistema alimentario y a los trabajadores humanitarios además de permitir este grado de desnutrición y hambre”.

Los testimonios de nuestros colegas de Gaza reflejan esta valoración. En diciembre, la ISP llevó la voz de Ilias Al-Jalda, vicepresidente del Sindicato General de Trabajadores de la Salud de Gaza, a una reunión de emergencia de la OMS para garantizar que los trabajadores de la salud fueran escuchados en este debate al más alto nivel. En aquel momento no podía salir de Gaza y se refugiaba con su familia y su anciana madre en una iglesia bajo los bombardeos. Describió a los líderes mundiales cómo “la Franja de Gaza se ha convertido en un escenario donde los derechos humanos se violan de forma rutinaria”.

En la actualidad, el 90% de los niños y mujeres embarazadas de Gaza sufren una grave escasez de alimentos y agua. Los profesionales de la salud informan de la muerte de niños por deshidratación, desnutrición y enfermedades, con cientos de miles más en peligro. Nos lo cuenta el doctor Salama Abu Zaiter: “Incluso antes de la guerra, nuestro sindicato estaba presionando para que se construyera un hospital muy necesario en Rafah. Ahora hay aquí 1,5 millones de personas, entre ellas muchos niños con heridas graves y enfermedades que sencillamente no podemos tratar”.

Sin embargo, 16 países que financian a la UNRWA, la principal agencia de ayuda de la ONU en Gaza, han suspendido los pagos tras las denuncias israelíes de que 12 personas de entre los 30.000 empleados de la organización tenían vínculos con el atentado del 7 de octubre. Estas personas fueron despedidas inmediatamente y, aunque Israel aún no ha presentado pruebas a la ONU que respalden las acusaciones, las investigaciones siguen su curso.

Como muchos trabajadores de los servicios públicos podrían testimoniar, es una táctica habitual de la derecha reaccionaria hacer todo un escándalo de los servicios públicos cuando personas individuales que trabajan en ellos cometen, o presuntamente han cometido, un delito. Es una táctica utilizada repetidamente y empleada con fines políticos por quienes quieren socavar la prestación de servicios públicos vitales y recortar su financiación. No es aceptable en nuestros propios países, y no es aceptable en Gaza.

El Consejo de Sindicatos Globales ha dejado claro: “La población de Gaza y nuestros miembros dependen de la ayuda vital que proporciona UNRWA”. “La UNRWA coordina al 98,5% de todos los trabajadores de ayuda de la ONU en Gaza. Su cierre sería catastrófico para los cinco millones de refugiados a los que ayuda en Palestina, Líbano, Jordania y Siria, y podría alimentar una crisis regional. En Australia, el Consejo Australiano de Sindicatos ha pedido al gobierno laborista que restablezca urgentemente la financiación de la UNRWA. La UE ya ha reanudado las contribuciones a la UNRWA, y otros países deben seguir su ejemplo.

En tiempos de guerra, los trabajadores y los servicios públicos esenciales son a menudo lo único que se interpone entre la vida y la muerte. Este conflicto está demostrando la catástrofe humanitaria que provoca su destrucción. Nuestro movimiento sindical mundial nunca aceptará la matanza de civiles, el bombardeo de infraestructuras vitales o el ataque a nuestros compañeros como métodos válidos de guerra, ni en Gaza ni en ningún otro lugar.