Este año se publica la décima edición del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la primera y más completa síntesis de las violaciones de los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

Basado en los derechos fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidos, y abarcando casi 150 países, el Índice Global de los Derechos de la CSI goza de un amplio reconocimiento como principal fuente de información sobre los derechos laborales colectivos. Sindicatos, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y, cada vez más, empresas de todo el mundo lo utilizan como el criterio más fiable para evaluar el grado de respeto por los derechos de los trabajadores.

Pero, ¿por qué lo necesitamos? El Índice es, ahora más que nunca, una poderosa fuerza para construir un mundo mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Se ha utilizado para obligar a gobiernos a mejorar los derechos de los trabajadores a cambio de la concesión de préstamos internacionales. Los sindicatos lo han utilizado para emprender acciones dirigidas a exigir cambios legislativos. Y, fundamentalmente, el Índice da testimonio de la lucha diaria que libran los activistas en defensa de los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

Exponer las violaciones

La CSI lleva cuatro décadas documentando y denunciando las violaciones de los derechos de los trabajadores a través de la información descriptiva que se publica en nuestro Informe sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales. En 2014 se elaboró por primera vez el Índice Global de los Derechos de la CSI con el objetivo de dar mayor visibilidad y transparencia al historial de cada país en lo que respecta a los derechos de los trabajadores.

El Índice de 2023 clasifica 149 países en función de su grado de cumplimiento de una serie de derechos laborales colectivos y expone las violaciones en todas las regiones del mundo. Combina textos descriptivos en los que se detallan hechos sobre violaciones reales a las que se enfrentan los trabajadores, con calificaciones cuantitativas del 1 al 5+ para cada país, poniendo de manifiesto los diferentes niveles de derechos laborales colectivos de los que disfrutan los trabajadores en todo el mundo. Algunos ejemplos son:

• En Corea del Sur, la empresa Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering interpuso una demanda por daños y perjuicios por valor de 35 millones de dólares USD contra los dirigentes del Korea Metal Workers’ Union por las supuestas pérdidas económicas ocasionadas por una huelga.
• En Ecuador, durante una huelga nacional, cinco personas murieron a manos de la policía, que utilizó armas disuasorias de forma letal y detuvo a decenas de participantes.
• En Eswatini, el brutal tiroteo y asesinato de Thulani Maseko, activista y abogado defensor de los derechos humanos y sindicales, fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, y Sticks Nkambule, secretario general del Swaziland Transport, Communication and Allied Workers Union, se vio sometido a un proceso de intimidación y acoso destinado a silenciarlo.
• En Egipto, las autoridades han seguido negándose de forma arbitraria a registrar sindicatos independientes en varios sectores económicos, alegando a menudo que ya existen sindicatos controlados por los empleadores.
• En el Reino Unido, la represión sindical, los intentos de introducir leyes para restringir el derecho de huelga y protesta, y las violaciones de los convenios colectivos, se han convertido en prácticas sistemáticas.

El Índice es también un referente para los derechos de los trabajadores a escala mundial. La metodología se basa en las normas internacionales relativas a derechos fundamentales en el trabajo, en particular, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La legislación nacional y los informes de casos presentados por organizaciones nacionales afiliadas a la CSI son analizados por el equipo jurídico de la CSI y contrastados con una lista de 97 indicadores basados en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
• Núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación;
• Núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva;
• Y la jurisprudencia de los mecanismos de control de la OIT.
Las violaciones en la ley y en la práctica se identifican y clasifican con arreglo a unas categorías coherentes, predeterminadas y claramente definidas.

Un referente mundial único para los derechos de los trabajadores

El Índice Global de los Derechos es una poderosa herramienta de campaña y promoción que la CSI utiliza en foros internacionales y en sus comunicados e informes sobre asuntos de alcance mundial o sobre países concretos. En su calidad de mayor confederación sindical del mundo, la CSI responde a las violaciones de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos dondequiera que se producen. En un número cada vez mayor de países, los trabajadores y sus representantes se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de defender sus derechos de manera colectiva, y se encuentran expuestos a una violencia y abusos extremos. La CSI está llevando a cabo una amplia e intensa campaña para apoyar su lucha por los derechos fundamentales.

Las organizaciones afiliadas a la CSI también utilizan mucho el Índice en el marco de campañas nacionales sobre cambios de políticas y enmiendas legislativas que, de llevarse a cabo en la ley y en la práctica, podrían repercutir en la calificación del correspondiente país.

Las organizaciones e instituciones internacionales se basan cada vez más en el Índice para evaluar la situación de los derechos de los trabajadores y decidir sobre la posible cooperación técnica o asistencia financiera que pueden proporcionar a los países, de manera que el Índice se posiciona como un eficaz instrumento para instar a los gobiernos a adaptar sus leyes, políticas y prácticas a las normas internacionales del trabajo.

Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impuso como una de sus condiciones para la concesión de un préstamo a México que el país mejorara su calificación en el Índice. En 2020 y 2021, México adoptó una serie de reformas para acabar con los contratos de protección, que representaban el mayor obstáculo para una negociación colectiva auténtica en el país, y, en consecuencia, su calificación en el Índice mejoró. Teniendo en cuenta los cambios efectuados por dicho Gobierno, y, en particular, su nueva calificación en el Índice, el BID concedió el préstamo a México.

Las asambleas legislativas nacionales también han mostrado un creciente interés por el Índice Global de los Derechos:

• En 2019, el Congreso brasileño celebró una sesión especial para debatir el hecho de que el país apareciera en la lista de los 10 peores países para los derechos de los trabajadores. Por aquel entonces, el Gobierno de Bolsonaro había introducido una serie de cambios legislativos en la versión revisada de la Consolidación de Leyes Laborales que establecían como principio general que los convenios colectivos prevalecían sobre la legislación, y que, por tanto, a través de la negociación colectiva, era posible no hacer efectivas las disposiciones legales protectoras, con la única limitación de unos cuantos derechos laborales recogidos en la Constitución.
• Ese mismo año, en el Reino Unido, los miembros de la Cámara de los Comunes presentaron una moción en la que constataban que el país estaba “calificado por el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional como infractor habitual de los derechos, categoría 3, siendo uno de los peores de Europa”. Los diputados expresaron su “profunda preocupación por la constatación de que el Gobierno y los empleadores vulneran con regularidad los derechos de los trabajadores o no los garantizan” y solicitaron al Gobierno “emprender un examen exhaustivo de los derechos de los trabajadores para potenciar el papel de la negociación colectiva en el lugar de trabajo”.

Al calificar a casi 150 países en función de su grado de respeto por los derechos fundamentales en el trabajo, independientemente de su nivel de desarrollo económico, tamaño o ubicación, el Índice Global de los Derechos proporciona un marco comparativo único y un referente global para legisladores y responsables políticos.

Aumentar la responsabilidad corporativa

Al sacar a la luz las violaciones de los derechos de los trabajadores, el Índice Global de los Derechos de la CSI exige responsabilidades tanto a gobiernos como a empresas.

Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos laborales colectivos, y de evitar acciones que socaven o dificulten la práctica y la asimilación de estos derechos por parte de los trabajadores.

Al tiempo que un número cada vez mayor de países adoptan leyes de diligencia debida en materia de derechos humanos, los trabajadores y la sociedad en general están exigiendo más responsabilidades a las empresas, y el Índice se ha convertido en una destacada referencia para los responsables de la toma de decisiones a la hora de evaluar y abordar las deficiencias en lo que respecta a la protección de los trabajadores, especialmente en las cadenas de suministro mundiales.

En un contexto de creciente escrutinio en torno a la conducta empresarial, algunas empresas y consultores en responsabilidad social corporativa han adoptado asimismo medidas positivas para la integración del Índice Global de los Derechos de la CSI en su evaluación de los impactos en los derechos humanos.

Fomentar el cambio

El Índice Global de los Derechos de la CSI fue concebido en 2014 como un instrumento para observar y analizar hasta qué punto los países y las empresas defienden los derechos de los trabajadores. Casi una década después, el Índice se ha consolidado como la única base de datos de este tipo y como una fuente acreditada para evaluar la situación de los derechos de los trabajadores en el mundo.

En muchos países, los sindicatos están en primera línea de la lucha por la democracia, y a menudo son la única voz independiente que queda. Al exponer sistemáticamente los ataques de los gobiernos contra los trabajadores y sus representantes, en particular las detenciones arbitrarias y la brutal represión de huelgas y protestas pacíficas, el Índice ha contribuido a que se conozcan y comprendan mejor los vínculos intrínsecos que existen entre la defensa de los derechos de los trabajadores y la fortaleza de cualquier democracia.

También ha permitido desvelar prácticas empresariales que contribuyen a perpetuar la incapacidad de los Estados para promover, respetar y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y laborales, tales como la opresión y la violencia contra ciudadanos y trabajadores. Ha permitido asimismo exigir a las empresas una mayor rendición de cuentas en sus decisiones y operaciones comerciales relacionadas con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y laborales y utilizar su influencia para hacerlo.

El Índice es un poderoso catalizador del cambio. Desempeña un papel crucial proporcionando la base para actuaciones específicas por parte del movimiento sindical internacional, a escala nacional e internacional, concretamente en países en situación de riesgo, y funciona cada vez más como herramienta de evaluación de riesgos en materia de derechos humanos y laborales a la hora de tomar decisiones de inversión.