Al igual que en los años 1947-1948, la ONU había elaborado el proyecto de hacer de Jerusalén una “ciudad internacional”, en el caso de la selva amazónica, la mayor extensión de bosque primario del planeta, se han alzado voces, casi en todas partes a lo largo de décadas, para exigir su internacionalización. Algunos creen que la selva amazónica, fuente de agua y oxígeno y un reservorio excepcional de la biodiversidad, debería pertenecer a todos, como un bien público mundial. Una idea que recuerda un poco el concepto de la madre tierra, la Pacha Mama, de los pueblos andinos.
El jurista Christian Caubet señala que los casi 7 millones de km² del Amazonas constituyen “la cuenca hidrográfica más grande del mundo. Sus 80.000 km de cursos de agua, a menudo navegables, proporcionan en conjunto el 20% de toda el agua dulce disponible en la Tierra. Sus riquezas naturales, que están lejos de estar completamente identificadas, incluyen en primer lugar las innumerables especies de plantas de la selva tropical más grande del planeta. Los recursos minerales conocidos y económicamente explotables son muy variados: hierro, cobre, manganeso, casiterita, bauxita, níquel, caolín, titanio, vanadio, oro, diamantes, yeso, piedra caliza, sal de roca”.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO, la organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura, desarrolló el proyecto de crear un Instituto Internacional de la selva amazónica (IIHA), responsable de internacionalizar la investigación científica y agronómica en la Amazonia, reuniendo a investigadores de diferentes países de la región de la selva amazónica. También correspondió a la UNESCO contribuir, a través de esta sinergia internacional de científicos, a estimular el desarrollo económico en la región, cuyos habitantes ya eran muy pobres.
La UNESCO organizó conferencias en 1947 y 1948, en presencia de los países de la región, además de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y delegados de la UNESCO, la OMS, la FAO y las organizaciones panamericanas, para redactar, mediante una convención, el estatuto del Instituto Internacional de la Selva Amazónica.
Sin embargo, como observó Christian Caubet, en ese momento, “surgieron en Brasil muchas protestas contra la ratificación de la convención, que tendría como efecto internacionalizar la Amazonia a expensas del poder de decisión soberano de Brasil”.
Es así como, finalmente, no se concretó el proyecto de la UNESCO, aun cuando no era la primera vez. Ya un siglo antes, se habían puesto en marcha proyectos en esta dirección, pero no siempre fueron concebidos con un espíritu progresista. Por ejemplo, “en el siglo XIX, el hidrógrafo y meteorólogo Matthew Fontaine Maury, director del Observatorio Naval de Washington, ¡propuso resolver la cuestión racial en Estados Unidos colonizando la Amazonia para desplazar allí a la población negra estadounidense!”, recoge Renaud Lambert en su artículo Main basse sur l’Amazonie (Apropiarse la Amazonia) en Le Monde Diplomatique.
En la década de los años 1960, el Instituto Hudson, un grupo de expertos conservador estadounidense, desarrolló el proyecto “Grandes lagos”, un ambicioso intento de desarrollo global en la Amazonia. El proyecto preveía la creación de siete lagos unidos por canales. “El objetivo era permitir la navegación de buques de 20.000 toneladas para la exportación de los recursos explotables en la región. El proyecto fue objeto de una amplia publicidad. Se le dedicaron varias reuniones en Brasil, con la participación de varias autoridades de rango ministerial. La magnitud del proyecto, sus graves deficiencias y la amenaza que representaba para la soberanía brasileña pronto lo convirtieron en blanco de duras críticas”, escribe Caubet. Es así como el proyecto del Instituto Hudson también fracasó.
¿Codicia o salvaguardia?
Queda claro que la participación de potencias extranjeras es un obstáculo para el éxito de un proyecto mundial, especialmente para Brasil, un país sobre cuyo territorio soberano se encuentra la mayor parte del bosque primario. Por lo tanto, durante la década siguiente, se propuso otro proyecto, esta vez encabezado por ocho Estados de la región: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Con la denominación de Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), o “Pacto Amazónico”, se firmó en Brasilia el 3 de julio de 1978. Este instrumento multilateral original de cooperación panamazónica tenía la intención de “preservar el equilibrio ecológico de una región particularmente vulnerable”, y sobre todo afirmar la soberanía de los Estados en tanto que partes interesadas sobre las riquezas de la Amazonia, contra la avidez de las potencias extranjeras.
En la década de los años 1980, las primeras preocupaciones sobre las consecuencias de la deforestación y las primeras campañas mundiales llevadas a cabo por los pueblos indígenas para defender su ecosistema amenazado por la depredación económica, reavivó el debate una vez más. En 1989, el político ambiental estadounidense Al Gore afirmó: “Al contrario de lo que piensan los brasileños, la Amazonia no es de ellos, sino de todos nosotros”. El mismo año, el presidente francés Mitterrand declaró: “Brasil debe aceptar la soberanía relativa sobre la Amazonia”.
En 1990, los ecologistas alemanes (entonces pioneros de la sensibilización medioambiental en el mundo) expusieron que “la Amazonia debe ser intocable, porque es el banco de reserva forestal de la humanidad”.
En 1992, el Consejo Mundial de Iglesias cristianas, reunido en Ginebra, señaló por su parte que “la Amazonia es patrimonio de la humanidad. La posesión de este vasto territorio por parte de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador es solo una circunstancia”. También en 1992, el exlíder soviético Mikhail Gorbachev también manifestó su convicción de que: “Brasil debe delegar parte de sus derechos sobre la Amazonia a los organismos internacionales competentes”.
En respuesta, en el año 2000, el economista y político brasileño, entonces miembro del Partido de los Trabajadores, Cristovam Buarque, respondió con la siguiente reflexión: “Aun antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de todos los principales museos del mundo. El Louvre no solo debe pertenecer a Francia (...) Este patrimonio cultural, como el patrimonio natural amazónico, no puede dejarse manipular y destruir por el gusto de un propietario o un país”. Desarrolló esta reflexión en un artículo del periódico O Globo, traducido a varios idiomas, aseverando que si internacionalizamos la Amazonia, también deberíamos internacionalizar todas las reservas de petróleo del mundo.
Como un ciclo recurrente, el tema se plantea nuevamente en 2019, año en que la selva amazónica ha sido víctima de 90.000 incendios, reactivando de nuevo la cuestión de la Amazonia “en el centro del mundo”. La controversia volvió a plantearse cuando, durante la reunión del G7 en Biarritz, el presidente francés Emmanuel Macron esbozó la hipótesis de conferir un “estatus internacional” a la Amazonia, lo que provocó una furiosa réplica del presidente brasileño Jair Bolsonaro en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, señalando que “es un error decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad”. Como era de esperar, hoy como ayer, el tema es muy sensible para los brasileños y sus vecinos.
Pensar soluciones alternativas
A partir de ahora, juristas brasileños e internacionales, a falta de preparar una internacionalización de la Amazonia, prevén atacar al Estado brasileño por el delito de ecocidio. Según el profesor brasileño de Ciencias Políticas Mauricio Santoro, la destrucción de la selva amazónica debería considerarse por analogía “un crimen contra la humanidad”. A juicio de Valérie Cabanes, jurista internacional, este crimen de ecocidio, al igual que el crimen de etnocidio (según el cual los pueblos indígenas de la selva amazónica serían víctimas), deben ser reconocidos por la Corte Penal Internacional.
Los responsables deberían ser inculpados, incluida, por ejemplo, la empresa Texaco, que dañó la selva amazónica de Ecuador de 1964 a 1990, cuando explotó allí el petróleo; una asociación que representa a 30.000 víctimas de esta contaminación presentó una denuncia en este sentido en 2014.
En las últimas décadas, gracias a campañas internacionales, los pueblos indígenas de la Amazonia (que hoy representan alrededor de 2 millones de personas, integradas en más de 350 tribus), también han impuesto su legitimidad sobre la cuestión de la “propiedad” de la Amazonia.
Luchan por obtener, extender y convertir en santuarios las reservas protegidas sobre las que también ejercerían su derecho en lo que se refiere a la gestión de la selva que habitan. Sin embargo, la reticencia gubernamental con la que chocan, así como el aumento de la violencia ejercida contra sus líderes, está obstaculizando su lucha.
No obstante, los líderes indígenas están cada vez más presentes en las cumbres internacionales sobre el clima y los derechos humanos, como Sonia Guajajara, Davi Kopenawa Yanomami o Raoni Metuktire, que tiene casi 90 años y ha retomado el camino de la lucha. La asociación Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ahora está llamando a boicotear los productos brasileños responsables de la deforestación y las violaciones de los derechos de las poblaciones locales.
Asimismo, se han pensado otros mecanismos internacionales para preservar la Amazonia. Entre ellos, el Fundo Amazônia, creado en 2008 y administrado por Brasil con fondos procedentes principalmente de Noruega y Alemania, y que durante un tiempo pudo ser un ejemplo de colaboración internacional contra la deforestación. Sin embargo, actualmente el proyecto ha sido socavado por el Gobierno de Bolsonaro, quien ha manifestado el deseo de dejar de cumplir los compromisos iniciales de su país.
No obstante, aún hay otras vías, tales como las que ha seguido la FAO -en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otros socios-. Esta ha desarrollado el proyecto de “integración de las zonas protegidas de la Amazonia” (IAPA), el cual, “al garantizar un enfoque regional y transfronterizo de la Amazonia, protege mejor la biodiversidad, así como las comunidades y las economías locales que dependen de la Amazonia como fuente de su alimento y medios de subsistencia”.
