According to Enrico Somaglia, the deputy general secretary of the European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT), the recent farmers’ protests that have taken place across Europe’s capital cities point to the growing frustration at the unequal distribution of agri-wealth.
En las últimas semanas, los agricultores han bloqueado las capitales del continente europeo y han acaparado la agenda política después de que se desbordara la indignación por una serie de diferentes cuestiones –como los precios de venta al público, los acuerdos comerciales y la normativa medioambiental–. Sin embargo, tanto los sindicalistas como los progresistas se han mostrado divididos sobre si se debería apoyar su causa y hasta qué punto habría que hacerlo.
Según Enrico Somaglia, el secretario general adjunto de la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo (EFFAT), estos disturbios en el ámbito rural revelan una creciente frustración por el reparto desigual de la riqueza agrícola. Pero, como explica a Equal Times, los terratenientes y los grupos de extrema derecha están instrumentalizando esta situación para bloquear las reformas ecológicas y la agenda social de la UE.
Algunas personas consideran las recientes protestas como un levantamiento contra la ‘burocracia medioambiental’ y otras como una rebelión de los pequeños agricultores contra el libre comercio. ¿Cuál cree que es en realidad?
Es una mezcla de ambas. El primer problema del sector agrícola es el desequilibrio en la redistribución de la riqueza que afecta a las personas vulnerables a lo largo de toda la cadena alimentaria, sobre todo a los pequeños agricultores... Y a los trabajadores agrícolas aún más. Se trata de un sector donde hay gente que gana y gente que pierde, en el que las multinacionales, los distribuidores y los accionistas de las grandes empresas alimentarias ganan mucho dinero y luego presionan a los pequeños agricultores y a los trabajadores agrícolas. Tiene que ver con unos problemas sistémicos que vienen de largo, como la concentración de los monopolios agroalimentarios en toda la cadena alimentaria, y que obligan a las pequeñas explotaciones agrícolas a hacer frente a enormes problemas e incluso a que desaparezcan.
También está relacionado con la agenda de libre comercio de la UE, que utiliza al sector agrícola como moneda de cambio en los acuerdos comerciales para favorecer la entrada al mercado de otros productos. Asimismo, la agricultura se encuentra muy expuesta ante la especulación en los mercados de los alimentos básicos. Como vimos en el caso de Ucrania, en cada crisis se produce un aumento de los índices de los precios de los alimentos básicos. Esto es nefasto para los pequeños agricultores que tienen que comprar dichos productos para alimentar a sus animales y también para los hogares europeos vulnerables y los países con déficit alimentario. Por tanto, aboca a millones de personas al hambre. Estos problemas, que vienen de lejos, nunca se abordan. Si la Comisión los tuviera en cuenta, ayudaría a lograr una aceptación social de la estrategia De la granja a la mesa y del Pacto Verde Europeo.
También hay una parte de la comunidad de los agricultores que se resiste al cambio y considera que el enemigo son el Pacto Verde y el programa De la granja a la mesa. A las grandes explotaciones intensivas les interesa mantener el mismo modelo de negocio. Y los grandes actores están instrumentalizando a otra parte de la comunidad. Resulta muy fácil culpabilizar a la UE y a los burócratas de Bruselas de todas tus frustraciones. Como sindicato que representa a los trabajadores agrícolas, defendemos el Pacto Verde y la estrategia De la granja a la mesa. Creemos que pueden ayudarnos a hacer que el sector sea más sostenible y, desde el punto de vista social, deberían constituir una oportunidad para dignificar al sector.
¿Han participado los trabajadores agrícolas en las recientes protestas?
No. Nuestra postura fue que no queríamos que nos instrumentalizaran. Sabíamos que los grupos de derechas lo estaban haciendo, así que emitimos un comunicado en el que declaramos que, aunque compartimos algunas de las preocupaciones de los agricultores, el Pacto Verde y la estrategia De la granja a la mesa no eran el problema. Además, cuando los dirigentes agrícolas aluden a la ‘carga administrativa’ o al ‘papeleo burocrático’... Bueno, muchos mencionan la carga burocrática cuando se trata de los derechos de los trabajadores, pero es que tienen que respetarlos, incluidas las condicionalidades sociales de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Lo que ellos consideran ‘papeleo burocrático’ para nosotros es una línea roja.
Los precios a pie de explotación –el precio que los distribuidores pagan a los agricultores por sus productos– se desplomaron en un 9% el año pasado, mientras que los costes de producción se dispararon. ¿No les preocupa la situación de los pequeños agricultores?
Sí, en la EFFAT también contamos con algunas organizaciones de pequeños agricultores entre nuestros miembros, así que conocemos el tema y nos preocupa. Sabemos que la PAC no redistribuye la riqueza por toda la cadena alimentaria y que el 20% de los agricultores sigue llevándose el 80% de la riqueza. Necesitamos unas normas diferentes para los pagos. También habría que revisar la directiva sobre prácticas comerciales desleales para que realmente beneficie a los agentes más vulnerables de la cadena alimentaria. La estrategia De la granja a la mesa también debería rediseñarse para hacer frente al enorme poder de los distribuidores y las multinacionales alimentarias. Lo de mantener los actuales desequilibrios no funciona y genera frustración.
Grecia anunció que ampliará un año las ayudas fiscales para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios. ¿Cree que se trata de una buena medida?
Todas estas son medidas a corto plazo relacionadas con las circunstancias nacionales de cada país. En Francia también tenemos el problema de los impuestos sobre el combustible de los tractores, pero nos falta un planteamiento amplio e integral por parte de la UE. No creo que esto vaya a reducir la enorme frustración que siente la comunidad agrícola.
Durante las protestas, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, declaró: “Nuestro mensaje es que os hemos escuchado”. Pero las únicas personas con las que habló fueron los representantes del grupo de presión del sector agropecuario Copa-Cogeca y las concesiones que salieron de dicha reunión fueron bloquear las normas de ecologización de la PAC y dejar de lado la reducción del uso de pesticidas. ¿Cómo lo valora?
La Comisión envió un mensaje muy negativo. Es un mensaje negativo para socavar el Pacto Verde. Y tampoco es que haya sido el único. En los últimos meses, la Comisión ha retirado su propuesta de ley marco de sistemas alimentarios sostenibles, ha propuesto una renovación de la licencia para el uso del glifosato y ahora, al parecer, ha tumbado el reglamento para el uso sostenible de los pesticidas. En realidad, están haciendo exactamente lo que les pide la extrema derecha.
¿Podemos afirmar que las protestas directas de los militantes obtienen resultados?
Sí, tienen un enorme poder de movilización. Eso está claro. Saben cómo hacer ruido y pueden cambiar la agenda.
Pero, ¿deberían los sindicatos pensar más en protestas de este tipo?
No creo que otros nos tengan que enseñar nada sobre movilizaciones y protestas. Todo lo que los sindicatos han conseguido para los trabajadores ha sido a través de la lucha y la protesta. Pero está claro que a veces no se nos escucha lo suficiente. Eso es algo sobre lo que deberíamos reflexionar.
¿No resulta irónico que se utilice a los agricultores que sufren pérdidas por la escasez del agua y otros fenómenos meteorológicos extremos –especialmente en el Mediterráneo– para imponer unas prácticas perjudiciales para el clima que agravarán el problema?
¡Totalmente! En el caso de los pesticidas, los agricultores también son las primeras víctimas de los tipos de cáncer relacionados con su uso. Así que resulta irónico que algunos dirigentes agrícolas promuevan medidas que van en contra de su propia salud. Sin embargo, la comunidad de los agricultores es muy heterogénea. Muchos de ellos están muy avanzados en el ámbito de las prácticas agroecológicas y apoyan nuestras reivindicaciones sobre la redistribución de la riqueza y el poder, la especulación alimentaria y los acuerdos comerciales. Sin embargo, la Comisión tan solo está escuchando a una parte de la comunidad agrícola: la que está asumiendo una narrativa de extrema derecha y haciendo exactamente todo lo contrario a lo que debería.
¿Qué importancia tiene el acuerdo comercial con Mercosur para estas protestas?
Para nosotros, Mercosur es sumamente importante y sería fundamental que la Comisión excluyera del mismo al menos al sector agrícola. Realmente no tiene sentido desde el punto de vista medioambiental ni desde el comercial. Los niveles de la actividad comercial ya son altos y el nivel de los aranceles es bastante bajo. Aumentar ciertas importaciones de Mercosur a Europa sería perjudicial para los agricultores y trabajadores agrícolas de aquí debido a sus diferentes normas medioambientales y sociales. Tampoco tendría ningún valor añadido para los países de Mercosur, ya que aceleraría la deforestación de la selva amazónica. Por desgracia, los pequeños agricultores del sur global no han salido ganando con este acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales solo tienen sentido si se cierran entre socios en condiciones parecidas de igualdad. De lo contrario, a menudo se convierten en un instrumento neoliberal.
La extrema derecha ha tenido una gran presencia en las protestas de algunos países. ¿Hasta qué punto es preocupante de cara a las elecciones europeas?
Es muy preocupante. Se ponen muy contentos cuando hay una crisis del costo de la vida o una crisis migratoria, porque saben que pueden salir con una solución fácil que saque beneficio de la indignación. Pero no son muy amigos de los sindicatos ni de los trabajadores –ni siquiera de los empresarios–. Suponen un riesgo para la democracia europea –un regreso al autoritarismo– y para toda la agenda social y medioambiental. Lo suyo son las narrativas falsas. Los partidos de extrema derecha votaron en contra de las medidas progresistas para hacer que la PAC fuera más equitativa para los pequeños agricultores. En la comisión [parlamentaria] de agricultura, votaron en contra de la condicionalidad social.
De momento, se están beneficiando de una falta de coherencia y de aceptación social de estas políticas medioambientales, así como de una Comisión que parece distante. Tenemos miedo porque hay poco tiempo para cambiar su narrativa que se está convirtiendo en la fuerza dominante y ya está impulsando la agenda europea. Si la legislación sobre pesticidas y sistemas alimentarios sostenibles corre peligro por constituir ‘un exceso de regulación por parte de Bruselas’, nos corresponde a los grupos democráticos y progresistas y a los sindicatos revertir esta tendencia y construir una narrativa diferente.
