El último fin de semana de abril apareció muerto el líder sindical filipino Alex Dolorosa, de 38 años. Le habían asestado 23 puñaladas. Se trataba de una nueva ejecución extrajudicial de un dirigente sindical en Filipinas.

Dolorosa trabajaba en un centro de llamadas donde se convirtió en miembro activo de su sindicato, la Red de Empleados de la Industria BPO de Filipinas (BIEN), afiliada a UNI Global Union. Dejó el locutorio para trabajar como asistente jurídico de BIEN en la ciudad de Bacolod. Dolorosa era también activista de la comunidad LGBTQI+.

Como es habitual en Filipinas, Dolorosa y otros dirigentes y activistas de BIEN habían recibido amenazas durante varios años. Habían sido víctimas de la “etiqueta roja”, la malintencionada inclusión en listas negras de quienes se oponen al gobierno, un sistema que envía una señal al gobierno y a los funcionarios de seguridad, pero también a empleadores y ciudadanos particulares, de que las etiquetas rojas son objetivos.

Este último asesinato forma parte de un patrón. Como dijo Luc Triangle, secretario general en funciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en un comunicado: “La muerte de Alex Dolorosa se suma a las 68 ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas, de las que sólo un caso ha prosperado ante los tribunales”.

Como en el caso de tantos otros homicidios, el gobierno de Filipinas condenó el atentado y se comprometió a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a exigir responsabilidades a los autores. Afirmó que la impunidad era inaceptable.

Esto tampoco ha cambiado. Durante décadas, organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, sindicatos y otros han recibido promesas y garantías similares. Sin embargo, poco o nada parece ocurrir. De hecho, cuando el presidente Rodrigo Duterte fue elegido en 2016, la situación empeoró seriamente. Las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron casi en rutina. Decenas de miles de personas fueron asesinadas por presuntos delitos relacionados con las drogas. Sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas fueron calificados de terroristas y sometidos a detenciones arbitrarias.

Se generó miedo e intimidación basándose en acusaciones falsas. Nos hemos familiarizado, tanto en Europa como en otros lugares, con el daño que la desinformación puede causar a las personas, pero también con cómo pueden manipular la opinión pública e influir en la política y las elecciones. En Filipinas, la mayoría de la gente depende de las redes sociales, especialmente de Facebook, para informarse. Con Duterte, Filipinas fue pionera en el engaño organizado que se difundió rápidamente y sin cortapisas en las redes sociales.

Acuerdo de libre comercio UE-Filipinas: es hora de actuar

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) se une al resto del movimiento sindical en solidaridad con los sindicalistas asediados de Filipinas. Sin embargo, hay otra razón importante por la que la acción en favor de los derechos humanos y sindicales en Filipinas se ha convertido en una prioridad para la CES y sus organizaciones afiliadas.

Europa tiene la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en favor de la democracia y de los trabajadores y ciudadanos de Filipinas. Hay varias razones por las que ahora es el momento de actuar. Desde diciembre de 2014, Filipinas puede exportar productos a la UE con arancel cero en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+). El 26% de las exportaciones de Filipinas dependen del SPG+ (6.274 productos). Sin embargo, el SPG+ para Filipinas expira a finales de 2023. Si se renueva, estará vinculado a una lista ampliada de instrumentos internacionales de derechos humanos: 27 en lugar de 10.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos son condiciones para el SPG+, pero para optar a él, un país también debe ser un país de renta media-baja. Filipinas espera convertirse en un país de renta media-alta en un futuro próximo, quizás en 2025. Si lo consigue, dejará de ser elegible para el SPG+ aunque mejore la protección de los derechos humanos y la gobernanza.

Esto significa que la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio UE-Filipinas también podría convertirse en una prioridad a corto plazo. En estas negociaciones, la Comisión Europea debería demostrar su apego a su nueva política comercial “asertiva”. Deberían asegurarse de que no hay retrocesos en las condicionalidades que forman parte de los requisitos del SPG+. Cualquier ALC debería reflejar las mejores experiencias recientes, como el acuerdo con Nueva Zelanda, y no volver a caer en los hábitos del pasado. A diferencia del presidente Rodrigo Duterte, el presidente Ferdinand Marcos Jr. y su gobierno se han reunido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UE sobre cuestiones de derechos humanos y sindicales.

En enero de este año se reunió en Filipinas una Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT, prevista desde hacía tiempo. Preparó un informe con una serie de conclusiones y recomendaciones. En él se pide al gobierno que actúe con urgencia para mejorar su historial en materia de normas laborales de la OIT. Les pide que presenten un informe tangible y tripartito sobre la aplicación de sus recomendaciones a la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2023, que se celebra actualmente en Ginebra.

La misión incluyó una propuesta de los sindicatos locales para crear una Comisión Presidencial que garantice una estrategia de reforma coherente y unificada en todo el gobierno. Las violaciones de los derechos sindicales y otros derechos humanos han implicado a varios ministerios, así como a las fuerzas de seguridad y la patronal.

El presidente Marcos tiene una supermayoría en el Congreso y puede, si lo desea, tomar medidas serias para poner fin a los abusos de los derechos humanos.

Por estas y otras muchas razones, la UE está en una posición de fuerza para insistir en que se actúe de verdad y no sólo con palabras con Filipinas. Han mantenido serias discusiones bilaterales en Bruselas y en Filipinas. El Parlamento Europeo ha adoptado resoluciones y también ha enviado una delegación a Filipinas que, entre otras cosas, debatió la renovación del SPG+ y un ALC UE-Filipinas.
El Congreso de la CES ha adoptado recientemente una posición en la que pide a la Comisión que, como condición previa a las negociaciones comerciales, incluya los convenios de la OIT sobre los derechos fundamentales en el trabajo, su ratificación y aplicación y, si faltan convenios, una hoja de ruta vinculante para ambos.

Las preocupaciones sindicales en Europa, dadas las flagrantes y graves violaciones de los derechos de los trabajadores y de otros derechos humanos en Filipinas, deberían ser compartidas por empresarios y gobiernos. Así ocurre tras muchos años de experiencia en la OIT.

No hay forma mejor ni más concreta de comunicar un mensaje europeo claro y unificado que a través de las posiciones adoptadas por la Comisión en las negociaciones comerciales con Filipinas.
Los tiempos están cambiando. La invasión de Ucrania y la imposición de sanciones relacionadas con violaciones no solo de la Carta de las Naciones Unidas, sino también de los derechos humanos y la democracia, son cuestiones globales. Debe haber coherencia y credibilidad sobre las mismas cuestiones en otros lugares.

La CES está con nuestros hermanos y hermanas de Filipinas. Instamos a las instituciones de la UE a que hagan todo lo que esté en su mano para que el gobierno de Filipinas ofrezca garantías suficientes de que se producirán avances reales, concretos y mensurables en materia de derechos humanos, justicia social y democracia.