Son las 5 de la tarde de un animado sábado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y una céntrica avenida se convierte en el epicentro de lo que ya se conoce popularmente como ‘feria del contrabando’. Los vendedores instalan rápidamente sus puestos, creando un ambiente agitado al caer la tarde. La oferta es variada y los productos, traídos por vías irregulares, se exhiben a precios tentadores.

El contrabando, actividad ilícita que consiste en comercializar con mercancías sin pagar impuestos por estas, ha sido un problema persistente en el país andino y refleja una realidad generalizada en América Latina. Según la Organización Mundial de Aduanas, la región mueve el 80% del contrabando mundial. Y Bolivia, por su posición geográfica y sus laxos controles de este comercio irregular, ha sido un terreno fértil para esta actividad.

Según el Estudio del contrabando en Bolivia presentado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) del país sudamericano, en la última década el contrabando movió más de 26.000 millones de dólares, experimentando un incremento del 44% entre 2013 y 2022. Para 2022, la cifra superó los 3.300 millones de dólares, lo que supone cerca del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La directora ejecutiva del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), Beatriz Muriel, explica a Equal Times que el contrabando se ha convertido en una fuente de ingresos laborales en un entorno de altos costos, desplazando significativamente la mano de obra hacia el comercio, especialmente en un contexto donde el control estatal es difícil dada la alta presencia de trabajadores en la economía informal.

Y es que, en medio del impacto económico del contrabando, otra realidad es innegable en el país andino: más del 80% de la población vive en la informalidad económica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta tasa, una de las más altas de la región, afecta principalmente a las mujeres, que representan el 87% de quienes subsisten en ella.

“Es una población que busca trabajo y el comercio es una entrada fácil. Además, hay un gran conocimiento del comercio, ya que la población aimara y quechua tiene una tradición de comercio muy larga, que se remonta a la época colonial. Por lo tanto, saben ser comerciantes. Es más, se transmite de generación en generación”, afirma Fernanda Wanderley directora e investigadora senior del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana.

En este contexto, el contrabando prospera por la informalidad económica, aprovechando las escasas oportunidades y la desilusión asociadas a un empleo formal que nunca se materializa. Se estima que unos 2 millones de personas se dedican al contrabando (en una población que ronda los 12 millones). Pero esta salida no ofrece seguridad social, jubilación y otros beneficios relacionados con el empleo formal.

No obstante, “las familias que se dedican a vender van desde la subsistencia hasta los altos ingresos, dependiendo de lo que contrabandeen. En las ferias de contrabando puedes observar ventas que van desde cuadernos hasta autos”, aclara Muriel.

Mientras tanto, el evidente crecimiento del contrabando en el país andino se aprecia en la expansión de estas ferias informales hacia los principales centros urbanos. La presencia de familias revela también la realidad de quienes venden, que a pesar de ocupar el último eslabón de la cadena del contrabando, son criminalizados, curiosamente en un entorno social que consume abiertamente productos de contrabando en estas ferias.

Economía informal y contrabando, un fenómeno estructural persistente

“En muchos países de América Latina, la informalidad creció en los años 80 y 90, cuando comenzaron las políticas neoliberales. En el caso boliviano, esta informalidad es anterior y se incrementó en este período. Es decir, Bolivia nunca ha tenido una mayoría de trabajadores formales, nunca ha sucedido en su historia contemporánea”, señala Wanderley, indicando que la informalidad económica en Bolivia es estructural e histórica y dentro de ella, una de las actividades ha sido siempre el comercio.

Al sumergirse en el bullicio de las ferias urbanas, se oyen frases como “¿Qué vas a llevar case?”, una expresión local para referirse con estimación a los compradores. En su mayoría mujeres, las vendedoras, hábiles para persuadir, ofrecen una variedad de alimentos, productos de limpieza y cosméticos. Entre la multitud, una consumidora dice que visita estas ferias sobre todo por “los precios más accesibles” en relación con el mercado formal, lo que revela una realidad económica compartida por muchos bolivianos.

“En una población donde los salarios son bajos, el contrabando controla la inflación y abre la posibilidad de un mayor consumo. Es decir, las compras de ropa o electrodomésticos usados son más baratas. Los juguetes son más baratos que en cualquier tienda formal, que paga todos los impuestos y tributa por los trabajadores. Allí [en las ferias] no hay trabajadores [con nómina]. Todo es informal. Por lo tanto, los precios son más baratos”, explica Wanderley.

De ahí que cada transacción en estas concurridas ferias no sea un simple intercambio comercial, sino la manifestación de historias de vida entrelazadas por las necesidades y la resiliencia.

Mientras los vendedores exhiben su mercancía irregular, la población responde y es consciente de su participación en esta dinámica, es un beneficio mutuo.

“Al principio, vendían exclusivamente desde sus autos, principalmente vagonetas. Las ventas se realizaban abriendo y cerrando las vagonetas. Con el tiempo, han avanzado hacia las aceras y las calles”, señala Virginia Flores, analista independiente.

Según Flores, durante la pandemia muchas familias en las ciudades recurrieron al contrabando para hacer frente a la crisis. Lo que antes era una realidad exclusiva de las zonas fronterizas, y ahora presente en las principales ciudades, revela, según la analista, diferentes dinámicas y patrones de consumo que aportan información valiosa sobre los distintos actores implicados en el contrabando y, por tanto, sobre la complejidad actual de este fenómeno.

“Este grupo de personas [dentro la cadena de contrabando] no es una masa homogénea, y eso es muy importante entenderlo. Hay una estratificación social, y la mayoría son grupos familiares, pero pueden ser de clase alta, media o baja [...] Entonces, están los que ganan mucho dinero, que se podría decir que se hacen ricos. Están los intermediarios. Y luego están los pequeños vendedores [en las ferias], que se encuentran en una situación precaria”, añade Wanderley.

Detrás de cada oferta, un mundo de historias personales

En el escenario económico boliviano, por “detrás de los grandes grupos empresariales, como la industria petrolera, están las grandes empresas importadoras, que suelen ser de clase media o alta. Ahí tienes desde familias de ascendencia aimara y quechua, que son, por ejemplo, los que construyen los ‘cholets’ en El Alto [inmuebles con un estilo arquitectónico propio en La Paz], hasta gente [de ascendencia española] que está en una posición acomodada y que gana mucho más dinero, enriqueciéndose en las ferias. Porque cuando vas a las ferias solo ves al vendedor, no ves toda la cadena que hay detrás”, afirma Wanderley.

Precisamente, un recorrido por las ferias urbanas de contrabando, que operan sin restricciones incluso durante el día, revela historias familiares que narran las vivencias de quienes forman parte del último eslabón de la cadena del contrabando, aquellos a quienes les toca la parte más dura: vender en un contexto de enorme vulnerabilidad.

Juana (nombre ficticio), de 38 años y madre de cinco hijos, encarna fielmente la situación de las familias que venden en las ferias los productos distribuidos por importadores. “La necesidad te obliga a salir adelante”, dice Juana, quien, con gran carisma y alegría, dignifica la reconocida resiliencia de las mujeres bolivianas.

La historia de Juana refleja también la realidad de muchas mujeres que, de alguna manera, son el rostro del comercio informal en el país andino. Además de enfrentarse a los peligros de la noche o cargar cajas pesadas, deben lidiar con las inclemencias del tiempo. Pero también tienen que desempeñar el doble papel de madres y cabeza de familia, equilibrando el cuidado de sus hijos con las exigencias que implica trabajar en la calle.

“Lo hago todo yo sola. Durante el día me organizo, me levanto, cuido de mis hijos. Al mediodía les hago comer bien, termino lo que tengo que hacer en casa y a las 4 me voy a vender a la feria hasta las 10 u 11 de la noche y llego a casa a medianoche. Al día siguiente es lo mismo. Es cansador”, comparte Juana. A pesar de su formación como protésica, la dificultad para encontrar un empleo formal la llevó a trabajar para alguien más, vendiendo productos de contrabando.

Según Wanderley, las ferias del contrabando muestran claramente una situación de explotación, caracterizada por la prevalencia del empleo informal, inestable y no regulado. También femenino y que termina captando a numerosos familiares (en algunos casos recién llegados de zonas rurales).

Lucía (nombre ficticio), una joven de 20 años que vino del campo a la ciudad para ayudar a su tía a vender en las ferias, relata las complejidades de esta realidad, que en ocasiones incluyen también experiencias de acoso. “Es complicado porque, además de las molestias que tienes al vender, como mujer joven ni siquiera puedes vender tranquila. Siempre hay alguien [durante la compra, que intenta] sobrepasarse”, cuenta.

Hermana mayor de dos niñas a las que también debe cuidar, Lucía anhela migrar al extranjero en busca de mejores oportunidades. Impulsada por la percepción de bajos salarios en el sector formal del país andino, tampoco considera la venta de productos de contrabando como una solución sostenible para mejorar la situación de su familia.

“Los precios [que nos dan los intermediarios] ahora son más altos. Es decir, ya no son los precios de antes, y eso es lo complicado ahora. Antes vendías bien pero ahora no, vendes poco”, explica Lucía.

Juana también señala la criminalización que enfrentan como vendedores. “La necesidad te obliga, no hay otro camino. ¿Cuántas personas profesionales están trabajando ahora como taxistas o como choferes? Es decir, no están trabajando en su profesión. Es una realidad muy triste”, dice.

A pesar de contar con derechos laborales establecidos en la Constitución boliviana, la mayoría de los ciudadanos del país sudamericano se encuentran aún atrapados en empleos precarios, dice el informe del INESAD El desafío de contar con trabajos dignos para todos.

El informe destaca la informalidad y el contrabando como factores clave que contribuyen a esta situación y afectan negativamente al sector formal, subrayando la necesidad de mejorar sus condiciones. Sin embargo, abordar la informalidad en Bolivia se ve obstaculizada por problemas estructurales e históricos muy arraigados, que frenan nuevas alternativas.

“Cuando sabemos que el 70% de la población no aporta a las AFP [fondos de pensiones], esto es gravísimo. Entonces, la gente no puede dejar de trabajar, de generar ingresos. La situación de los ancianos, que va en aumento, es cada vez más complicada. Está prohibido envejecer”, sentencia Wanderley sobre las repercusiones futuras.