Paraguay es el país que más confía en la Iglesia de toda América Latina, el 82% de los encuestados así lo declaran en el Latinobarómetro (la media para la región es del 63%). La religión mayoritaria es la católica y la Iglesia tiene una presencia enorme en la vida cotidiana y en los medios de comunicación. Es habitual ver a mucha gente en el bus santiguarse al pasar delante de un templo católico en Asunción, la capital; y las cosas de la Iglesia y del Estado suelen confundirse. En este contexto, una enorme cantidad de la población escucha sin sobresaltos los mensajes contrarios al aborto, machistas y homófobos que los obispos y curas profieren desde sus púlpitos cada semana.
Por su parte, las iglesias evangélicas, tanto o más conservadoras, avanzan por el continente —bien en paralelo bien como relevo— y no escatiman esfuerzos para imponer su agenda más allá de los confines de sus templos.
Esto tiene consecuencias directas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del país suramericano —lo que cimenta la desigualdad y perpetua la pobreza—, pues Paraguay —que ha pasado leyes basadas en convicciones religiosas, por encima de las científicas, deploran las organizaciones de derechos humanos— prohíbe y persigue la interrupción del embarazo, al punto de que en 2018 hubo al menos 45 mujeres procesadas por ello y tres en prisión en 2019.
El pasado junio, una niña de once años parió a las 37 semanas de embarazo a través de una cesárea, a pesar de que tanto ésta, como su madre, ONG de derechos humanos y las abogadas de aquellas pidieron que se le permitiese abortar. La niña fue abusada por un adolescente de 14 años que ha sido imputado: “no hubo consentimiento y fue forzado”, dijo la Fiscalía.
Un hecho similar ocurrió en 2015. Esa vez, la indignación recorrió los medios del mundo. Mainumby, de 10 años, nombre ficticio para evitar la discriminación y el acoso en su barrio, también fue obligada a llevar a término su embarazo tras ser violada, en este caso por su padrastro. Fue separada de su madre por la Fiscalía, que la persiguió y culpó sin pruebas, mientras el violador escapaba, y entretanto la niña fue ingresada en un centro para niñas abusadas que depende de la Iglesia católica, donde en un entorno aséptico y de disciplina, normalizaban su situación con mantras como “las niñas son mejores madres”.
La legislación actual del país es de las más restrictivas del mundo y solo permite el aborto terapéutico si existe riesgo para la evolución del embarazo, en el parto, o si pone en riesgo la vida de la madre. Todos estos supuestos se cumplen cuando una niña de once años queda embarazada debido a los riesgos para su salud y la del feto, pero incluso los profesionales médicos que atienden a las menores procuran llevar a término los embarazos independientemente de la legislación y de los criterios científicos —critican organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres—.
En paralelo, la persecución a los defensores de derechos humanos en Paraguay llegó al punto en que el Gobierno, para contentar al Opus Dei, al Centro de Adoración Familiar y otros lobbies religiosos, prohibió algo que no existe: “la ideología de género”. Obligando a eliminar la palabra “género” hasta en los textos divulgativos del Ministerio de Educación.
“Lo que pasa en Paraguay es parte de un movimiento regional que propone eliminar la perspectiva de género bajo el nombre de ‘ideología’. Aunque los argumentos son homofóbicos y transfóbicos en el discurso, en la práctica vienen por todos los derechos de las mujeres, les molesta que se desafíe el rol tradicional de las mujeres y por eso empezaron por la educación”, cuenta a Equal Times la abogada paraguaya Mirta Moragas Mereles.
“La influencia de la Iglesia católica es siempre la más potente pero ahora aparecen en escena iglesias evangélicas que tienen no sólo un discurso muy visible, sino que tienen muchos recursos económicos”, añade Moragas Mereles. “Los grupos de presión pueden pedir, pero es el Estado el que concede o no y ahí empieza la responsabilidad estatal por los retrocesos”, sentencia la especialista.
Esta estatua de un feto gigante, como si siguiera en el vientre materno, preside un concurrido cruce frente a una iglesia católica y el cementerio de la Recoleta de Asunción, la capital de Paraguay. Hay réplicas en otras ciudades del país que se declaran “provida”. Conmemora el “Día del niño por nacer”.
Paraguay es el país que tiene la más alta tasa de fecundidad adolescente en América del Sur, lo que dice mucho sobre la “normalización” de este fenómeno: 72 nacimientos por 1.000 mujeres de entre 15 a 19 años, según datos oficiales. Muchos son fruto de abusos. Pero también se deben a la carencia casi absoluta de educación sexual en las escuelas y la falta de medios para procurarse métodos anticonceptivos.
Cada semana, once niñas de 10 a 14 años entran en una sala de parto en Paraguay. Cada hora, dos adolescentes de 15 a 19 años también. En 2018 se registraron 589 partos de niñas y 16.797 de madres adolescentes.
Una niña de 11 años embarazada se reúne con varias de sus ‘compañeras’ en el refugio Casa Rosa María de Asunción, Paraguay, antes de atender a una de las limitadas clases que les proponen (peluquería, manicura o costura) y cuyo objetivo es que las niñas puedan tener ingresos futuros desempeñándose en estos sectores.
En 2008 había una denuncia por día de abusos sexuales a niñas y adolescentes, en 2020 ya son 20 por día. Los casos de vulneración a la protección de niñas, niños y adolescentes se han disparado durante el confinamiento por la covid-19. En dos meses de encierro se registraron más del doble de denuncias que en el mismo período del año pasado, según el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. 4.700 denuncias, de las cuales, 327 fueron por abuso sexual.
Una niña que vive en el refugio Casa Rosa María camina con su hijo por la zona cubierta del patio.
Son cerca de las 10 de la mañana de un día primaveral. Al entrar al albergue para niñas embarazadas Rosa María de Asunción, una gran fotografía colgada en la pared, presidiendo el hall, nos da la bienvenida. Se trata de la cara de la niña que da nombre al centro. Una devota mujer de unos 60 años con las uñas pintadas de rojo y un rosario en la mano se encarga de la gestión cotidiana de este lugar que hospeda a unas 14 niñas que han sufrido abusos y han quedado embarazadas, y, además, solas.
Patio del refugio que se autodefine como “centro de ayuda a la vida”. Tras el parto, las niñas se quedan en torno a un año en el centro, hasta que les acoge un familiar o bien sus padres.
“Los riesgos de mortalidad para la madre adolescente son mayores. Una madre adolescente tiene dos veces más posibilidades de morir antes o durante el parto que una madre adulta; y una menor de 15 años, cuatro veces más”, destaca Federico Tobar, asesor regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). También resalta que el embarazo adolescente afecta más a las personas con menos recursos, lo que perpetúa el círculo de pobreza.
En el refugio hay una capilla con bancos de iglesia llena de figuras e iconos religiosos. Paraguay sigue siendo un país de mayoría católica.
La penalización de la interrupción del embarazo obliga a que las menores de edad, muchas veces víctimas de violación, tengan que seguir adelante con la gestación contra su voluntad. No obstante, una investigación del Centro Paraguayo de Estudios de la Población (Cepep) estimó —a falta de datos oficiales— que en 2012 podrían haberse realizado 32.237 abortos inducidos —de mujeres en edad fértil, de 15 a 44 años—.
El taller de costura, decorado con imágenes de vírgenes. En el centro, el encuadramiento religioso lo impregna todo.
En este centro cocinan, lavan y rezan todos los días. Lo único que varía su rutina son las clases de cómo dar de comer a sus futuros bebés y de peluquería. Los ojos de casi todas muestran estupor ante la llegada de dos hombres extraños, nosotros los periodistas, acompañados de una trabajadora social y de una facilitadora de Amnistía Internacional.
Clases de peluquería, la hora favorita de las niñas del refugio.
El ambiente transmite disciplina. Sin suficientes recursos humanos ni materiales para atender las necesidades de las niñas, a veces algunas intentan escapar, pasando miedo y hambre en la calle. No obstante, este es el último lugar que les queda en el mundo en el que quizá no les pase algo peor a lo que ya sufrieron.
Una niña embarazada del refugio. Este es uno de los lugares al que la Fiscalía del Estado envía a las víctimas de violaciones con la intención de ayudarlas. No obstante, la única opción que se vislumbra en este lugar es llevar a término el embarazo.
Además de las secuelas psicológicas para estas niñas, la factura económica tampoco es despreciable, tanto para ellas como para el resto de la sociedad. Según un informe del UNFPA, “el embarazo adolescente genera pérdidas anuales de más de 703.000 millones de guaraníes (100 millones de dólares; 85 millones de euros) en la actividad productiva de las mujeres y de 64.000 millones de guaraníes (alrededor de 9 millones de dólares, 8 millones de euros) para el Estado.
“El embarazo de niñas y adolescentes es el rostro de la desigualdad en Paraguay”, sentencia la UNFPA.
