El 9 de octubre de 2012 en Swat Valley (Pakistán), Malala Yousufzai, una niña de 14 años, recibió un disparo en la cabeza. Se había atrevido a desafiar el edicto de los talibanes que prohíbe la educación de las niñas.

El 28 de octubre de 2012 en Galway (Irlanda), Savita Halappanavar, dentista de 31 años, murió de una septicemia derivada de complicaciones durante su embarazo. Por temor a infringir las leyes contra el aborto, los doctores se habían negado a practicarle una interrupción que le podría haber salvado la vida.

El 16 de diciembre de 2012 seis hombres agredieron y violaron brutalmente a una estudiante de fisioterapia de 23 años en un autobús en Delhi (India). Falleció 13 días después a causa de las heridas.

El 25 de enero de 2013, fecha del segundo aniversario de la Revolución egipcia, decenas de activistas de los derechos de la mujer fueron maltratadas y agredidas sexualmente; por lo menos dos de ellas resultaron heridas con cortes de cuchilla en los genitales.

Y el 2 de febrero de 2013, Anene Booysens, de 17 años, fue violada en grupo y destripada en una obra de la ciudad de Bredasdorp (Sudáfrica).

Apenas dos semanas más tarde, Oscar Pistorius, icono del deporte, asesinó a tiros a su novia, la modelo Reeva Steenkamp, el 14 de febrero –fecha que no sólo marca el Día de San Valentín sino también el de ’Mil millones en pie’, un movimiento de protesta que se opone a la violencia contra las mujeres–.

Estos terribles sucesos se han convertido en símbolos internacionales de la violencia a la que mujeres y niñas se enfrentan a diario; una violencia que se filtra por todo el tejido de la vida cotidiana y en todas las sociedades de nuestro planeta.

Las estadísticas son alarmantes: la mitad de la población femenina del mundo ha sido víctima o es superviviente de un caso de violación, agresión sexual, asesinato, esclavitud, mutilación o tortura emocional.

La eliminación de la violencia contra la mujer exige reconocer el carácter sistemático con que este fenómeno forma parte de las instituciones y sociedades humanas. Cuando las violaciones de los derechos de la mujer son promovidas o consagradas en el derecho formal o consuetudinario, o cuando lo normal es que el sistema legal no proteja a las mujeres, la violencia contra las mujeres es sistemática.

Cuando se consiente intencionadamente la no aplicación de la legislación laboral en lugares de trabajo altamente feminizados, la violencia no sólo es sistemática sino que además es un componente intrínseco del sistema económico.

Cuando las tropas del ejército o las milicias cometen atrocidades sexuales como parte de sus tácticas de la guerra, la violencia contra las mujeres es una estrategia. Cuando la policía se niega con regularidad a registrar denuncias de casos de violencia doméstica, es una política.

Corregir el desequilibrio

La violencia contra mujeres y niñas mantiene el dominio masculino sobre los recursos y la toma de decisiones a todos los niveles. Su eliminación es un reto netamente político, porque requiere corregir las desigualdades de poder social, político y económico que existen entre mujeres y hombres, así como los medios por los que estas desigualdades son perpetuadas a través de instituciones formales e informales a todos los niveles de la sociedad.

No es por casualidad que las mujeres que se involucran en cuestionar estas relaciones desiguales de poder se conviertan en blanco de la violencia masculina. El modelo económico global tiene repercusiones directas en la violencia contra las mujeres y las niñas.

Las políticas neoliberales no sólo generan distorsiones en países individuales sino que además han dado lugar a la mercantilización de las diferencias de género, exacerbando la infravaloración del trabajo de las mujeres, que se ha convertido en algo necesario para estimular la búsqueda de mano de obra barata que impone la competitividad global.

En general las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos mal pagados, informales e inseguros. Las mujeres que trabajan en cadenas de suministro –ya sea en los sectores del vestuario, del procesamiento de alimentos o agrícola– han sido las más vulnerables a las tácticas antilaborales.

La erosión de los derechos y protección de los trabajadores inducida por el modelo económico global ha creado un entorno en el que el Estado ya no es capaz o no está siquiera dispuesto a defender el derecho de una mujer a una vida sin violencia.

Herramientas

No obstante, sí que existen herramientas para eliminar la violencia contra la mujer, como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; el Convenio número 111 de la OIT y el nuevo Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres.

De lo que se carece desesperadamente es de la voluntad política para abordar esta cuestión y utilizar estos instrumentos.

El movimiento sindical considera que una estrategia exhaustiva enfocada en eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas tiene que estar estrechamente vinculada a una agenda de lucha contra la pobreza que incluya la creación de medios de vida para las mujeres: trabajo decente y el acceso a un nivel mínimo de protección social, como mínimo.

Por supuesto que la pobreza no es ni una causa directa ni una consecuencia de la violencia, pero no cabe duda de que limita considerablemente las opciones económicas y las alternativas al matrimonio de una mujer.

En definitiva la pobreza reduce la capacidad de una mujer para responder a situaciones de violencia. Hoy en día, en medio de múltiples crisis mundiales, los derechos de la mujer corren grave peligro.

Cuando los Gobiernos no ofrecen protección, los movimientos y las organizaciones de los pueblos asumen la responsabilidad colectiva de exigir justicia y derechos, tanto a escala nacional como internacional. La solidaridad y la cooperación internacional son efectivamente cruciales para obtener la voluntad política necesaria para propiciar cambios.

Basta de palabras. Es hora de pasar a los hechos.