La primera fábrica de alúmina del continente africano fue construida a finales de la década de 1950 por el grupo industrial francés Pechiney en Fria, una ciudad situada a 160 kilómetros al norte de Conakry, la capital guineana. En el apogeo de su actividad, en los años 1970, este gran proyecto industrial generó importantes beneficios económicos para la ciudad en la que se desarrolló, pero actualmente la planta no es más que una mera sombra de lo que fue. Los antiguos empleados luchan para obtener sus pensiones, mientras que los que siguen trabajando allí batallan para recuperar las condiciones laborales de antaño.

La historia comenzó a principios de los años 1940. Varias empresas de prospección constataron fuertes indicios de existencia de bauxita en Fria. A partir de este mineral, muy abundante en Guinea, se extrae la alúmina, que sirve para producir aluminio. En 1957, tras una serie de estudios de viabilidad, la administración colonial francesa de por aquel entonces decidió construir una planta en la meseta de Kimbo. En aquella época se llamó Compagnie de Fria, y contaba con accionistas estadounidenses, franceses, ingleses, suizos y alemanes.

El 2 de octubre de 1958 Guinea obtiene su independencia. El presidente Sékou Touré decide transformar la empresa en una sociedad de economía mixta denominada Friguia, con un 49% de las acciones propiedad de Guinea y el 51% propiedad de empresas extranjeras agrupadas en una sociedad tenedora denominada Frialco.
La planta de alúmina de Kimbo ha permitido a la ciudad de Fria experimentar un rápido desarrollo económico y demográfico. Con una población de varios centenares de habitantes en los años 1960, Fria cuenta hoy día con 120.000 habitantes aproximadamente. Atraídos por las oportunidades que ofrecía la nueva ciudad, muchos trabajadores de todos los sectores pudieron encontrar trabajo. “Gracias a la fábrica de alúmina, muchos de los hijos de los trabajadores pudieron cursar muy buenos estudios y convertirse en altos funcionarios”, recuerda Elhadj Oumar, extrabajador de la fábrica, actualmente jubilado.

La caída

En 1997 los accionistas revendieron la planta a una empresa estadounidense llamada Renox. Tras seis años de gestión, Renox vendió a su vez sus acciones a Rusal, principal exportador mundial de alúmina del mundo, una empresa internacional de origen ruso. A partir de 2008 la situación económica de Friguia empezó a degradarse. Ante el deterioro de las condiciones laborales, el sindicato de trabajadores de la planta convocó una huelga en abril de 2012. Entre los 24 puntos de reivindicaciones, el aumento de los salarios encabezaba la lista. Pero las negociaciones se estancaron y la producción se paralizó. Miles de empleados y subcontratistas se quedaron sin cobrar sus sueldos.

Pasaron varios años hasta que el Gobierno, bajo la dirección del expresidente Alpha Condé, organizó nuevas negociaciones que facilitaron la reapertura de la fábrica en 2018. Pero esto se hizo a cambio de una concesión: la empresa rusa, que ambicionaba explotar el rico yacimiento de bauxita de Dian Dian, situado en la misma región, pidió al Gobierno guineano acceso exclusivo a este nuevo emplazamiento como condición para reanudar sus actividades en la planta de Fria.

“Pese a la reanudación de las actividades, los rusos se negaron a pagarnos hasta que reconociéramos nuestra responsabilidad por las pérdidas sufridas por la empresa durante la huelga, cosa que nos negamos a hacer”, declara a Equal Times Mamadou Camara, antiguo sindicalista.

Tras la intervención del Gobierno, los responsables de la empresa terminaron por revocar su decisión y abonar los salarios, aunque con un retraso considerable.

Algunos trabajadores han podido volver al trabajo y recibir un salario mensual, pero los jubilados, por su parte, aseguran estar teniendo grandes dificultades para hacer valer su derecho a una pensión. Tras la reapertura de la planta, la empresa Rusal subcontrató la gestión de los recursos humanos a la Société d’embauche et d’intérim des Travailleurs africains (SEINTA). Según numerosos testigos, SEINTA, que se convirtió en el único interlocutor de la dirección de la fábrica, pagaba a los empleados en efectivo sin proporcionarles nóminas, como había sucedido antes de la huelga.

El cierre de la fábrica también tuvo graves consecuencias para la ciudad y sus 120.000 habitantes, cuyas vidas estaban vinculadas a la fábrica. Fria estuvo durante muchos meses sin agua ni electricidad debido a que el sistema de distribución dependía en gran medida de la actividad de la fábrica. La atmósfera y el medio ambiente se vieron afectados por la contaminación. Algunos trabajadores enfermaron y otros murieron sin haber conseguido el reconocimiento de sus derechos.

Le batalla de las viudas

Las viudas de antiguos trabajadores, cada vez numerosas, decidieron formar una asociación para obtener las pensiones de sus difuntos maridos. “Nuestros maridos trabajaron durante mucho tiempo en esta fábrica. Muchos de ellos murieron por enfermedades contraídas durante sus años de servicio. En cuanto la persona fallecía, ese mismo día borraban su nombre de la lista de los beneficiarios de asistencia”, declara Hawa Camara, presidenta de la asociación de viudas y pensionistas de la fábrica de Rusal.

Para conseguir que les hagan caso, las 500 viudas recurren a métodos pacíficos: sentadas frente a la entrada de la fábrica, bloqueo de las vías para impedir el transporte de alúmina al puerto, ocupación de calles donde se ponen a cocinar sus comidas, etc. Estas formas de protesta duraron una década. Sin ningún éxito hasta hace poco.

El 5 de septiembre de 2021, el ejército guineano derrocó al poder civil y disolvió todas las instituciones republicanas. Para justificar su golpe de Estado, el jefe de la junta militar, el coronel Mamady Doumbouya, citó, entre otros males, la corrupción que había “gangrenado el país”, prometiendo que la justicia sería en lo sucesivo “la brújula que orientará a cada ciudadano”. Este discurso suscitó grandes esperanzas entre los guineanos en general y entre los antiguos trabajadores de Rusal en particular.

A principios de 2023, una delegación de viudas cruzó los 160 kilómetros que separan Fria de la capital para entrevistarse con el nuevo hombre fuerte del país, en quien habían encontrado por primera vez un oído atento. El coronel Doumbouya dio a su ministro de Trabajo instrucciones para que restableciera los derechos de las viudas.

“El hecho que estas personas aseguradas no perciban sus derechos desde 2012 se debe, por una parte, a la falta de voluntad política y, por otra, a la no aplicación del código de la seguridad social”, analiza Mboye Goumba, especialista en seguridad social.

Una misión de la Caja Nacional de la Seguridad Social (CNSS) visitó Fria para recabar información técnica. La misión exigió a Rusal que facilitara la nomenclatura de los documentos de jubilación, los certificados de cese de actividad y de impago, los libros de seguros, etc.

El 10 de febrero de 2023, el Centro Juvenil de Fria fue el escenario del pago de las pensiones a jubilados y viudas de la fábrica de alúmina. Presidiendo la ceremonia, el ministro de Trabajo y Función Pública, Julien Yombouno, calificó el acto de reparación de una injusticia social. Al recibir su pensión, el portavoz de los jubilados, Josephe Gnakoye, empleado de la fábrica desde 1975 y jubilado desde 2014, declaró que el 10 de febrero era para ellos un día glorioso. “Hemos luchado, hemos escrito, reescrito, elaborado un montón de memorandos… Pero la solución ha tardado en llegar. Gracias a las valerosas viudas”.

En su intervención, el director de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS), Bakary Sylla, recordó que, durante estos años de espera, algunas de las personas cuyos derechos iban a ser restablecidos perdieron la vida y no podrán disfrutar directamente de sus derechos. “Pero lo positivo de la seguridad social es que, cuando la gente cotiza, no solo se protege a sí misma, sino también a las personas que tiene a su cargo, a sus hijos y a sus cónyuges”, explicó el responsable de la institución de protección social, entre los aplausos de los beneficiarios.