En marzo de 2023, la Conferencia de la ONU sobre el Agua, celebrada en Nueva York, reunió a un gran número de representantes de los Estados Miembros de la ONU, así como de ONG y empresas, sumando un total de 10.000 personas. Y ante la urgente necesidad de garantizar mejor el derecho de los seres humanos al agua, se solicitó el nombramiento de un Enviado Especial de la ONU para el Agua que vele por un mayor respeto de dicho derecho.

Este imperativo se basa en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 28 de julio de 2010, que reconoce por primera vez “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Efectivamente, el agua, un recurso presente de forma natural en la Tierra, no es una mercancía como las demás, máxime cuando reviste una importancia vital para el ser humano, por lo que parece justificado que se considere un bien público mundial, es decir, un bien común.

En una época de calentamiento global, este recurso vital –el “oro azul”– resulta particularmente crucial. Las siguientes cifras ilustran su carácter primordial y ponen de relieve las dramáticas consecuencias de la escasez de agua:

• 2.200 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, y se ven obligados a beber agua contaminada.
• Más de la mitad de la población mundial, es decir, 4.200 millones de personas, carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
• 297.000 niños menores de 5 años siguen muriendo cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por la insalubridad del agua.
• Aproximadamente el 90% de las catástrofes naturales están relacionadas con el agua (inundaciones, ciclones, tornados, sequías, etc.).
• El 80% de las aguas residuales del mundo se vierten al medio ambiente sin tratamiento alguno.

La ONU hace balance de la deplorable situación actual contabilizando que, en total, más de 842.000 personas de países de renta baja o media mueren cada año debido a la falta de agua. Los problemas relacionados con el agua se ven agravados, entre otras cosas, por el despilfarro masivo de agua en los países del Norte.

Otra importante conclusión, esta vez relacionada con el agua de mar, es que la contaminación está repercutiendo drásticamente en el agua de la Tierra: hay un “continente de plástico” flotando en el Pacífico, y en agosto de 2023 Japón comenzó a verter al mar el agua contaminada procedente de la catástrofe de Fukushima.

A estos problemas humanos y medioambientales se añade la amenaza de las “guerras del agua”. A día de hoy, el agua es definitivamente un arma poderosa –al igual que un interés– en los conflictos geopolíticos contemporáneos. Así pues, en Ucrania, la destrucción de la presa de Kajovka a principios de junio de 2023 provocó dramáticas inundaciones así como la evacuación de más de 8.000 habitantes; Egipto se plantea “el uso de la fuerza, en particular aérea, contra el Gran Embalse del Renacimiento que Etiopía está construyendo en el curso del Nilo Azul”; China, India y Pakistán están enfrentados por el control de las aguas de los ríos Indo y Brahmaputra; mientras que, en Oriente Medio, Turquía aspira a controlar los grandes ríos de Mesopotamia.

En el interior de los países, el agua es también fuente de conflictos y tensiones que a veces desembocan en enfrentamientos violentos, desde Colombia a Sudáfrica, pasando por Francia, donde el 25 de marzo de 2023 más de 200 personas resultaron heridas en los enfrentamientos con la policía durante las manifestaciones de protesta contra la construcción de megaembalses agrícolas en Sainte-Soline.

Acción de la ONU

Esta resolución de la ONU de 2010, que corrobora el derecho al agua como uno de los derechos humanos, resulta, por tanto, especialmente importante. Dicho texto fija este derecho en una cifra que oscila entre los 50 y 100 litros de agua por persona y día, a un coste que ha de ser asequible, es decir, inferior al 3% de los ingresos de una familia. Especifica asimismo que cada familia ha de poder encontrar una fuente de agua a menos de un kilómetro de su casa, y que el tiempo necesario para recoger dicha agua no debe superar los 30 minutos.

Cinco años más tarde, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proclamados por la ONU en 2015, el Objetivo 6 aspira a garantizar el acceso al agua y a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y asegurar una gestión sostenible de los recursos hídricos.

Pero ¿no quedarán estas proclamaciones en papel mojado teniendo en cuenta que en realidad la ONU carece de fuerza vinculante y de poder sancionador?

Pese a su falta de fuerza vinculante a la hora de aplicar sus resoluciones, la ONU ha emprendido, no obstante, acciones útiles, sobre todo por su compromiso a largo plazo, dado que la institución comenzó su andadura hace casi 80 años. Históricamente, la acción de la ONU y sus agencias en lo que respecta al tema del agua había comenzado ya en los años 1970, período de emergencia de las preocupaciones ecológicas y medioambientales, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 1977, seguida por la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, iniciado en 1992, año de la Cumbre de la Tierra en Río.

La UNESCO fue incluso pionera, lanzando en los años 1950 varios programas de investigación sobre “zonas áridas” y “humedales”, y creando posteriormente la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y poniendo en marcha un Programa Hidrológico Internacional. De hecho, su primer director general, Julian Huxley (de 1946 a 1948), era un científico sumamente preocupado por la conservación de la naturaleza.

La acción de la ONU pasa también por una sensibilización de la población mundial respecto a estas cuestiones, a través del Día Mundial del Agua, cada 22 de marzo, y del Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028) de la ONU.

La Conferencia Internacional sobre el Agua organizada por la ONU en marzo de 2023, que constituye la primera conferencia que aborda este tema desde hace 40 años, concluyó con un texto sólido, aunque no jurídicamente vinculante: el Programa de Acción para el Agua, en el cual se enumeran todos los compromisos voluntarios relacionados con el agua (más de 700 compromisos) y que se encargará de supervisar los progresos al respecto.

Por ejemplo, la Unión Europea (UE) se ha comprometido a “respaldar el acceso de 70 millones de personas a un mejor suministro de agua potable o a instalaciones sanitarias de aquí a 2030”. La UE también se ha comprometido a apoyar a los Estados miembros “con 20 millones de euros de financiación para agilizar la implementación del control de las aguas residuales”. Otro ejemplo es el de la multinacional francesa Danone, que se ha comprometido a establecer “un fondo de financiación mixta para que 30 millones de personas necesitadas tengan acceso a agua limpia todos los días”. En total, se han prometido 300.000 millones de USD para apoyar el Programa de Acción para el Agua.

Esta conferencia es por tanto muy importante, porque, como observa el periodista Akram Belkaïd en Le Monde diplomatique, “a diferencia del caso de los océanos, que son objeto de un acuerdo mundial de protección, adoptado también en marzo, (…) no existe ningún texto importante que regule la utilización del agua dulce, su reparto y conservación”. Se trata, pues, de un paso notable hacia la consecución de dicho objetivo. Además, mientras se celebraba la conferencia, la ONU publicó su Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

Las multinacionales del agua y la defensa de sus intereses financieros

Tras estas bonitas palabras se oculta, sin embargo, una creciente y desafortunada intrusión en la ONU por parte de los intereses del sector privado, que se remonta a la década de 2000, bajo el mandato del ghanés Kofi Annan. El por aquel entonces secretario general había tomado efectivamente medidas para involucrar a las multinacionales en los debates de las Naciones Unidas, a través del Pacto Mundial (Global Compact) que él mismo había establecido.

Pero las multinacionales del agua, que a menudo cotizan en bolsa (desde las firmas francesas Suez y Veolia, pasando por American Water, Thames Water, la brasileña Sabesp e incluso la suiza Nestlé), están maniobrando para influir en los debates y el rumbo de los textos adoptados.

Esto se debe a que el agua (principalmente el agua dulce) aviva la codicia de las grandes multinacionales, las cuales han creado lobbies para defender sus intereses con un espíritu neoliberal y depredador. El resultado es una creciente mercantilización del agua.

Como ha analizado el heterodoxo economista Sylvain Leder, en realidad, “en 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Dublín, […] este recurso fue por primera vez reconocido oficialmente a escala internacional como un bien económico”.

En consecuencia, se ha establecido una verdadera “oligarquía mundial del agua”, según palabras del economista y politólogo Riccardo Petrella. Una oligarquía que, como explica Sylvain Leder, está “encabezada por el Banco Mundial, que participó en la creación en 1996 del Consejo Mundial del Agua, dirigido entonces por altos cargos de multinacionales como Suez y Vivendi (actualmente Veolia) y cuya sede se estableció en Marsella. La misión de dicho Consejo es definir una visión global de este recurso en un marco liberal. La dimensión operativa viene garantizada por la Asociación Mundial para el Agua, creada ese mismo año para favorecer las asociaciones público-privadas”.

En definitiva, el agua dulce, que representa un mercado valorado en más de 600.000 millones de euros, está adquiriendo cada vez más protagonismo en el ámbito de los intereses económicos del siglo XXI. En el seno de la organización internacional existe un tira y afloja entre los imperativos humanistas del “derecho al agua” y la lógica del beneficio depredador y la mercantilización de todos los recursos naturales.

Corresponde, por tanto, a la ONU liberarse de los intereses del sector privado y de los poderosos grupos de presión asociados al mismo, y proclamar sin ambages la lógica del derecho al agua, conforme al espíritu de los “derechos económicos y sociales” que se proclamaron en su seno en 1966.