América del Sur vive una nueva oleada de gobiernos a la izquierda del espectro político que ascendieron al poder en Perú, Chile y Colombia, los más grandes del eje pacífico. Llegaron, todos ellos, en contextos de malestar social creciente y desbordado en manifestaciones callejeras. Pero lo hicieron también con los fantasmas económicos de la pandemia a cuestas, lo que explica parte de su arribo al poder, pero con las limitaciones que enfrentan para consolidar ambiciosas propuestas sociales. Estas no son las izquierdas de inicios de siglo, apuntaladas en la idea del “Socialismo del Siglo XXI” y la bonanza petrolera. Son proyectos políticos pospandémicos y posbolivarianos, es decir, que buscan dejar atrás el modelo venezolano bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Cuáles son las banderas que ondean estas “nuevas” izquierdas y qué barreras tienen para conseguirlas y consolidar de nuevo esa opción política en la región? Aunque cada país tiene sus muy propias particularidades, algunas coincidencias se tejen entre estos.

El pragmático Castillo

Pedro Castillo es presidente de Perú desde el 28 de julio de 2021 por el partido de izquierda Perú Libre, al cual renunció en 2022. Ese país atraviesa una crisis política en la que ha tenido cinco presidentes desde 2016 –solo dos de ellos elegidos popularmente–, cuando comenzó una pugna pertinaz entre el poder Ejecutivo y el Congreso. El legislativo puede sacar al Jefe de Estado en cualquier momento con 87 de 130 votos, como explica María Sosa Mendoza, periodista peruana e investigadora del Instituto de Defensa Legal del Perú.

“Lo que ha hecho Pedro Castillo ha sido lograr pactos en el Congreso para que no se logren los 87 votos”, explica Sosa Mendoza. Dice que el presidente peruano ha sido más pragmático que ideológico y que su gestión se ha basado más en mantenerse en el poder que en llevar a cabo reformas redistributivas, pese al malestar social. Y añade que los frecuentes cambios de gabinete –más de 70 en su mandato– le han impedido consolidar un proyecto político.

La investigadora cuenta que en los sondeos de opinión de este año solo el 40% de quienes se autoidentifican de izquierda aprueban a Castillo, porcentaje que era más bajo meses atrás, cuando rondaba el 25%. Castillo es un “presidente débil” que, además de la inestabilidad, afronta hoy problemas judiciales por escándalos de corrupción.

En medio de la polarización del país, la izquierda “se encuentra en una disyuntiva, porque Castillo no implementa sus promesas de campaña”, enfrenta casos de corrupción y nombra a personas poco preparadas en altos cargos del Gobierno.

Entonces, para la investigadora, cualquier apoyo de ese sector a Castillo es más práctico que ideológico, pues en un contexto de polarización política “estar en contra de Castillo significa apoyar a una oposición de extrema derecha” que no logra convocar y movilizar el descontento con el presidente.

Una de sus principales promesas, una Asamblea Constituyente, fue rechazada en mayo de 2022 por el Congreso y tiene pocas posibilidades de tener éxito en el futuro. La reforma agraria, otra de sus propuestas, “ha perdido la forma que en un inicio tenía” y se ha desnaturalizado con los cambios ministeriales.

El caso peruano es quizás el más atípico y particular de estos gobiernos. Por su situación interna, Castillo ha sido un presidente más bien aislado del vecindario. En cambio, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Gabriel Boric, su homólogo de Chile, tienen una relación cercana y ambición de consolidar un bloque regional para posicionar algunas apuestas.

El debilitado Boric

Boric asumió el poder el 11 de marzo de 2022, medio año antes de la votación para aprobar o rechazar una nueva Constitución en reemplazo de la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Para Javiera Arce Riffo, politóloga chilena, el gobierno de Boric asumió que comenzaría a implementar sus reformas una vez la nueva Constitución fuera aprobada, que esa sería su carta de navegación. No contaban con que el resultado final sería adverso. Esto sucedió en parte, según Arce Riffo, por la debilidad que ha tenido el gobierno en sus primeros meses, es decir, como una especie de castigo ciudadano a su gestión.

En este escenario y frente a la crisis inflacionaria que afecta al mundo, “hay cuestiones que Gabriel Boric no va a poder cumplir, yo diría que la mayoría de su programa, porque no tiene mayorías en el Congreso, entonces va a tener que optar por una o dos reformas y no va a ser más”, vaticina Arce Riffo. Frente a un programa que en campaña ya había tenido que matizarse por lo ambicioso que era, el escenario más probable resulta ser el del incumplimiento. Por ejemplo, no podrá pagar los créditos universitarios ni profundizar en inversión social, pues actualmente cursa una reforma tributaria cuya recaudación sería solamente para financiar el gasto corriente del Estado.

Arce Riffo cree que, con el capital político y la situación financiera que enfrenta Boric, este podría apostarle a dos reformas complejas: al sistema de pensiones y a la salud.

Pero considera que lo que se puede lograr en asuntos como el acceso universal a la salud será más tímido que lo que la fallida Constitución trataba de consagrar.

Valeria Coronel, historiadora, docente e investigadora de la FLACSO Ecuador, cree que a diferencia de la compleja Constitución que se formuló, el proyecto de gobierno de Boric es más simple. “Es un proyecto de acabar con la desregulación absoluta del capital y empezar a reconstruir ciertos derechos sociales que permiten la regulación de esa comunidad que está en el extremo de la desposesión después de 40 años de neoliberalismo”, dice la académica.

Para Javiera Arce Riffo, la llegada de la izquierda al poder en estos países se puede explicar por el “desgaste del incumbente”, es decir, por el rechazo a los antecesores de los actuales gobiernos en Chile y Colombia, donde sus respectivos exmandatarios, Sebastián Piñera e Iván Duque, terminaron con altas tasas de desaprobación. Sin embargo, no desestima que el golpe social de la pandemia haya hecho resonar discursos como el “vivir sabroso” de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Las promesas de revertir el impacto social de la pandemia resonaron en los electorados en un momento político favorable.

Ahora bien, “si no hay solución concreta a cuestiones tan básicas como la seguridad y el orden público, el discurso del vivir sabroso se te va a ir a la punta del cerro”, dice Arce Riffo. Y agrega: “Si no controlas la inflación creciente que estamos teniendo, más allá de que le prometan a la gente un sistema de pensiones o salud estupendo, a la gente no le va a importar”. Y este diagnóstico se aplica tanto en Chile como en Colombia.

Ambos gobiernos comparten una característica ‘performativa’: hacen anuncios que califican de históricos, pero que hasta ahora no repercuten en las condiciones de vida cotidianas de la gente, lo que según la politóloga chilena también los puede llevar a desgastarse.

El ambientalista Petro

El de Gustavo Petro es el más nuevo de estos gobiernos. Tanto porque lleva poco más de dos meses en la jefatura del Estado en Colombia como porque es la primera vez que un proyecto político que se autodenomina progresista accede a lo más alto del poder Ejecutivo.

Petro se posesionó el 7 de agosto de 2022 y en las semanas que han corrido ha tratado de impulsar varias agendas ambiciosas: una reforma tributaria progresiva que encuentra reticencias por parte del sector privado, avances hacia la redistribución de la tierra a través de acuerdos con un sector históricamente antagónico a esta política como es el ganadero y la apertura de procesos de negociación y sometimiento con todo tipo de grupos armados ilegales para conseguir lo que de forma grandilocuente ha bautizado como “la paz total”.

Para Valeria Coronel es necesario leer estos proyectos políticos en clave de su relación con las élites.

Mientras que en Chile se trata de élites con una larga experticia empresarial y apoyo del Estado, en Colombia, estas se han constituido desde las regiones, “no para construir una nación colombiana, sino para garantizar su poder a través de un pacto oligárquico” excluyente de las clases populares del país desde el siglo XIX, pero vigente. Pero para la docente, ese orden oligárquico no se está reemplazando, sino que está siendo confrontado por sectores populares históricamente excluidos.

En medio de esa inclusión, Petro le apuesta a un cambio en el discurso sobre las drogas y a profundizar las responsabilidades diferenciadas respecto al cambio climático. Le pide al mundo canjear deuda externa por servicios medioambientales e impulsa una transición energética que tiene con los pelos de punta a los gremios económicos porque sugiere dejar de explorar petróleo, gas y carbón, con lo que eso fiscalmente puede representar.

Las historias de Perú, Chile y Colombia son diferentes, por ejemplo, respecto al lugar que ocupa el asunto étnico en la conformación de sus naciones y en el ascenso de estos gobiernos, pero Coronel considera que en los tres casos estos proyectos “ofrecen una combinación entre democratización, inclusión de agendas populares dentro del proyecto democrático y regulación del capital contra las políticas de concesiones abiertas de los territorios”. Esa regulación, aclara, no es “poscapitalista”, no va más allá del capitalismo, sino que busca ponerle coto en favor de ciertas poblaciones, distintas en cada caso.

Y esto aplica tanto en Colombia, donde todos los gobiernos contemporáneos han sido liberales o conservadores, como en Chile, donde la izquierda ha tenido poder a través de la hoy desgastada Concertación de Partidos por la Democracia. Pero además, con unas agendas que en el caso de estos países son más claras que en el Perú: la de género y la medioambiental. Boric fue impulsado, entre otros sectores, por movimientos feministas, y la igualdad de género es una de sus banderas. En el caso de Petro, su vicepresidenta Márquez representa tanto esta lucha como las de los pueblos afrodescendientes.

Lo identitario y la crítica al modelo extractivista y dependiente del petróleo aparece en estas izquierdas como no aparecía en las izquierdas clásicas de corte marxista.

En el caso de Pedro Castillo, pese a su origen magisterial y sindical, hay rasgos profundamente conservadores en materia de género. “Tiene valores conservadores, pero tampoco es algo que defina su identidad política porque es capaz de negociar”, dice María Sosa Mendoza. En el caso peruano, parecen más ausentes las banderas verdes y multicolores que sí ondean los gobiernos chileno y colombiano.

Es pronto para una evaluación total de Boric, Petro o Castillo. Si bien aportan algo de novedad en la región, frente a proyectos y figuras que ya han gobernado y cuyos estilos y alcances son más claros, como el recién electo en Brasil, ‘Lula’ Da Silva; esa novedad, esas promesas y esas performances, se enfrentan a un contexto económico complejo que promete hacerse aún más difícil y que seguramente les obligará a, por lo menos, moderar mucho sus expectativas y jugar más en el terreno de lo posible.