Olivier De Schutter & Luc Triangle: “Most poor people in the world work. The systematic attacks on unions significantly reduces the ability of working people to secure and defend decent wages. Wages are not a neat calculation based on supply and demand and the price of labour; they are born from a bargaining process.”
Las incesantes violaciones de los derechos sindicales documentadas por el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en los últimos diez años han dado lugar a que los salarios se mantengan muy bajos. Para solucionar esta injusticia, los Gobiernos deben respetar los derechos sindicales existentes y, cuando sea necesario, reforzarlos.
La mayoría de las personas pobres del mundo trabajan, pero no ganan lo suficiente para proporcionar un nivel de vida decente ni para ellas ni para las personas a su cargo. Aun antes de la covid-19, más de uno de cada cinco trabajadores vivía en la pobreza (sobreviviendo con menos de 3,10 USD al día), y un 8% en la pobreza extrema (1,90 USD al día).
Como era de esperar, una de las principales explicaciones del aumento de los trabajadores pobres son los bajos salarios.
De hecho, la parte de la riqueza global que se destina a los salarios lleva años disminuyendo, con los salarios reales estancados aun cuando los empleadores han visto aumentar la productividad de sus trabajadores.
El aumento de la inflación ha mermado aún más los ya estancados salarios de los trabajadores, la desigualdad de ingresos se está acelerando y la brecha salarial de género a escala mundial sigue siendo superior al 20%. En el primer semestre de 2022 se produjo el primer crecimiento negativo de los salarios mundiales de este siglo, con una caída mensual del 0,9% de los salarios en términos reales.
No se acabará con la pobreza mientras los trabajadores reciban salarios de miseria.
Ataques a los sindicatos = bajos salarios
Una de las principales razones por las que los salarios siguen siendo tan bajos es el debilitamiento de los sindicatos.
Hace tiempo que los derechos fundamentales de los trabajadores se han visto socavados en todo el mundo, y el Índice Global de los Derechos de la CSI ha detallado una década de ataques y restricciones al derecho de los trabajadores a organizar sindicatos para exigir una parte justa de la prosperidad económica.
En 2023, el Índice mostró que el 77% de los países negaba a los trabajadores el derecho a formar y afiliarse a un sindicato, el 73% impedía el registro sindical y el 79% violaba el derecho a la negociación colectiva.
Desde el punto de vista legal, se trata de violaciones de la legislación internacional sobre derechos humanos y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exigen a los Gobiernos que garanticen el derecho de cada trabajador a formar sindicatos y afiliarse a ellos y que los protejan de la intimidación y las represalias.
En la práctica, los ataques sistemáticos a los sindicatos reducen significativamente la capacidad de los trabajadores para garantizar y defender unos salarios dignos. Los salarios no son un mero cálculo basado en la oferta y la demanda y en el precio de la mano de obra; se establecen a partir de un proceso de negociación. El papel de los sindicatos es representar a los trabajadores en este proceso. Debilitar a los sindicatos supone una posición negociadora más débil para los trabajadores, que no pueden conseguir mejoras salariales en las negociaciones.
De hecho, los estudios han demostrado que los afiliados a sindicatos ganan entre un 10% y un 25% más que los trabajadores no afiliados. El que haya lugares de trabajo sindicalizados donde este porcentaje adicional puede ser menor, se debe a que es la totalidad de los trabajadores, tanto los afiliados como los no afiliados, los que se benefician de las remuneraciones negociadas por los sindicatos.
Los derechos sindicales son la respuesta
Hasta que los Gobiernos no defiendan los derechos sindicales de forma activa, contundente y pública, habrá trabajadores que se abstengan de organizarse por temor a las represalias.
Este efecto intimidatorio seguirá reprimiendo artificialmente la afiliación, debilitando aún más la capacidad de los sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar salarios justos, los cuales deberían fijarse a un nivel que corresponda al “salario vital”, que permita a la gente trabajadora y a su familia tener un nivel de vida adecuado, o que corresponda al menos al 60% del salario medio del país, el que sea más alto.
La clave para conseguirlo es el proceso de negociación colectiva. Este proceso permite a los sindicatos de trabajadores y a los empleadores llegar a acuerdos justos sobre los salarios, pero esta práctica de crucial importancia está siendo reprimida en todo el mundo. En 2014, el Índice Global de los Derechos de la CSI indicó que el 63% de los países había vulnerado este derecho; en 2023 esta cifra ha aumentado al 79%, y en algunas regiones del mundo no hay ni un solo país que garantice este derecho fundamental.
Los Gobiernos deben defender la negociación colectiva, un llamamiento que Olivier De Schutter, uno de los autores de esta artículo, llevará este mes a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde presentará su nuevo informe, “Los trabajadores pobres: un enfoque de derechos humanos en materia salarial”.
Hasta que los Gobiernos no salvaguarden este derecho y dejen de interferir imponiendo requisitos excesivos a este proceso, el papel esencial de los sindicatos de trabajadores para negociar aumentos salariales se verá gravemente reprimido, los trabajadores seguirán viendo cómo sus salarios se ven mermados y no habrá salida de la pobreza para una gran parte de la gente trabajadora del mundo entero.
