En marzo de 2022, estalló la guerra en el territorio de Rutshuru, al este de la República Democrática del Congo, como consecuencia de los ataques de los rebeldes del grupo armado M23. Desde entonces, decenas de miles de familias de las zonas rurales del norte de la provincia han buscado refugio en los campamentos instalados cerca de la capital provincial, Goma, con la esperanza de encontrar seguridad y un medio de supervivencia.

Thierry Gasisiro, secretario de la organización Société civil en el territorio de Nyiragongo, se ha activado desde las primeras llegadas de estos desplazados internos. “Todas estas personas no tenían más que la ropa que llevaban puesta. En la prisa por huir, muchos se fueron sin colchón para dormir, sin cacerolas para cocinar, sin comida. Nuestros conciudadanos estaban en una situación de extrema necesidad, así que tuvimos que actuar”, explica. En total, entre marzo de 2022 y mayo de 2023, más de 784.000 personas huyeron de su hogar en Kivu Norte, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este tipo de desplazamientos no es nada nuevo en el país. Actualmente, la RD del Congo cuenta con más de seis millones de refugiados internos, según la OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Esta crisis de personas desplazadas es un reto crónico para el este del país: desde hace casi 30 años, se producen constantes movimientos de población. El seísmo que representó el genocidio de 1994 en Ruanda, el país vecino, provocó múltiples réplicas en la RD del Congo, lugar al que los antes genocidas huyeron con armas y equipaje.

Desde entonces, el este del Congo ha sufrido una guerra de intensidad variable, que ha originado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, cuyo costo humano ha sido terrible. Suele hablarse de “millones de muertos”, aunque no hay consenso sobre una cifra; el uso generalizado de la violencia sexual como arma de guerra, un fenómeno puesto de relieve por la concesión del Premio Nobel de la Paz al ginecólogo Denis Mukwege; y un contexto en el que la población no se beneficia de los ingresos generados por los minerales preciosos de su subsuelo.

A pesar de que esta crisis de desplazados adquiere un carácter cada vez más permanente, el Estado congoleño es acusado por su población de no aportar soluciones para satisfacer las necesidades. Durante el último desplazamiento masivo en Kivu Norte en mayo de 2021, provocado por la erupción del volcán Nyiragongo, más de 500.000 personas se encontraron totalmente abandonadas, obligadas a instalarse en zonas sin agua corriente ni instalaciones sanitarias, hasta el punto de temer un brote de cólera.

Puesta en marcha de iniciativas locales

La falta de preparación por parte del Estado, en un momento en el que se venían gestando desde hace meses nuevos asaltos del M23, un grupo rebelde armado acusado de contar con el apoyo de Ruanda, el país vecino, ha suscitado la cólera de la población. Sin embargo, lejos de rendirse, la sociedad civil local se organiza. Está adquiriendo forma una nueva solidaridad, con ciudadanos que afirman su deseo de pasar a la acción. “Nuestros hermanos y hermanas lo perdieron todo cuando huyeron de la guerra. Tenemos que ayudarles, sobre todo a satisfacer su necesidad más básica, que es comer”, comenta a Equal Times Josué Mutanava, activista del movimiento Goma Actif.

Todos los lunes, miércoles, sábados y domingos trabaja como voluntario en el campamento de desplazados de Kanyaruchinya, situado en la periferia norte de Goma. Durante sus visitas, los jóvenes de la organización preparan comidas gracias a los alimentos colectados entre la población local y a nivel internacional a través de plataformas de microfinanciación colectiva (crowdfunding). También organizan actividades recreativas cuya finalidad es curar o aliviar, en la medida de lo posible, los traumas sufridos por las personas desplazadas por la guerra. “Estuvimos presentes desde las primeras llegadas”, retoma Josué Mutanava, al tiempo que levanta una olla con una espesa sopa de harina lista para servirse.

“Antes de nosotros, no había nadie. Nuestro Estado siempre está ausente en momentos como este. Pero es precisamente entonces cuando la gente lo necesita”.

El colectivo de solidaridad Goma Actif se formó durante otras crisis en las que se resintió la ausencia del Estado. “Durante la pandemia de covid-19 en 2020, pronto nos dimos cuenta de que se hacía muy poco en materia de prevención, o para ayudar a los más afectados por el impacto económico de las restricciones sanitarias. Así que nos movilizamos para responder a las necesidades urgentes, en particular sensibilizando sobre las medidas de prevención y distribuyendo mascarillas”, prosigue el joven activista.

Y concluye: “Financieramente, solo podemos contar con las cuotas de nuestros miembros y las colectas a través de las redes sociales. Pero cuando el Estado es incapaz de cumplir su misión de servicio público, y las ONG también brillan por su ausencia, utilizamos todos nuestros recursos para responder a las necesidades más urgentes”.

Crítica a las ONG y a las instituciones internacionales

Desde finales de la década de los años 1990, a raíz de los movimientos masivos de población, se han desplegado en el país muchas ONG e instituciones de la ONU. Actúan en zonas en las que el Estado es incapaz de satisfacer las necesidades. No obstante, su labor está lejos de satisfacer a la población. “Cuando llegaron las personas desplazadas, el Gobierno no había previsto ningún plan de acogida. Recurrimos a las ONG en busca de ayuda, pero dijeron que no tenían presupuesto para esta situación imprevista”, continúa Thierry Gasisiro.

La organización de la sociedad civil en el territorio de Nyiragongo las critica a todas por igual por preferir mantener los programas que están llevando a cabo en lugar de implicarse en la respuesta de emergencia. “Las personas desplazadas se han manifestado en varias ocasiones para expresar las necesidades muy reales a las que se enfrentan. Pero no se ha hecho nada para mejorar la situación”, deplora la organización a través de su portavoz.

El Programa Mundial de Alimentos, una agencia de la ONU, también ha sido criticado por su “respuesta insuficiente” en los primeros días de la crisis. Sin responder directamente a estas acusaciones, la agencia explicó que había reaccionado según sus medios. “Participamos en el esfuerzo concertado para ayudar a las poblaciones afectadas. Nuestro equipo estuvo operativo en las horas y días críticos que siguieron a la llegada de los desplazados”, explica Wilfred Nkwambi, responsable de la oficina del PMA en Goma. “Nuestra ayuda pasó de 500.000 beneficiarios en el primer semestre de 2023 a 1,2 millones en julio. El PMA habría podido ayudar a más personas necesitadas si hubiera contado con los recursos necesarios”. Se han hecho varios llamamientos a incrementar los fondos disponibles para hacer frente a la magnitud de las necesidades de las comunidades locales.

Esta respuesta inadecuada a la magnitud de las necesidades refuerza la desconfianza ya muy presente hacia todas las organizaciones internacionales.

Numerosas voces locales reclaman una “localización humanitaria”, expresión que significa que “la acción humanitaria debe ser llevada a cabo por las organizaciones locales”, y no por las organizaciones internacionales. “Existe una tendencia creciente a criticar duramente a las ONG”, confirma Bob Kabamba, especialista de la RD del Congo y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Lieja, experto en cuestiones de desarrollo.

“Esta cólera se ve atizada por la desilusión que sienten numerosos congoleños. A muchos les gustaría encontrar un empleo en estas organizaciones, que se perciben como muy bien financiadas, pero no hay trabajo para todos”.

Ya sea real o imaginaria, la supuesta opulencia de las organizaciones internacionales está reforzando una cólera muy real. Las manifestaciones, a veces mortíferas, reclaman regularmente la salida de todas las organizaciones extranjeras, desde las ONG hasta la fuerza de las Naciones Unidas desplegada en el país para restablecer la paz. La población critica al Gobierno por su pasividad, tanto frente al M23 como frente a los demás grupos rebeldes activos en el país.

Petna Ndaliko Katondolo, profesor del centro cultural Yole!Africa y especialista en temas de comunicación, señala a las ONG como en parte responsables de este resentimiento. “La percepción general entre la población es que la política de las ONG, en lugar de aliviar el sufrimiento real y fortalecer a la comunidad, que es el objetivo declarado de la solidaridad internacional, crea una relación de dominación. Y al mismo tiempo, las promesas de emancipación y empoderamiento tardan en materializarse. Se trata de una ruptura del contrato social que vincula a las ONG con la población”, analiza para Equal Times.

Destaca el desfase entre la percepción que tiene la comunidad internacional de la situación en la RD del Congo y la realidad sobre el terreno. “Lejos de los clichés heredados de la representación colonial, el pueblo congoleño se está haciendo cargo de sí mismo. Su acción está teniendo un impacto real y es apreciada sobre el terreno, ya que responde a las necesidades manifestadas. Sin embargo, no se le reconoce su verdadero valor, por lo que no recibe el apoyo de la financiación occidental, debido a la diferencia de normas e indicadores”.

A juicio del profesor, “esta movilización muestra la capacidad de la comunidad para reinventar la acción colectiva, a partir de sus necesidades concretas. Imagina soluciones y las pone en práctica. Pasa de la teoría crítica a la acción constructiva”.

Nueva forma de acción política ante las elecciones del 20 de diciembre

Según Phidias Senge-Milemba, politólogo de la Universidad de Goma, esta creciente movilización social es un llamamiento cada vez más acuciante a una mejor organización de la solidaridad en el país. “Es una nueva forma de hacer política. Dado que el Estado no cumple con su misión, la comunidad se organiza”, analiza.

“Muchos jóvenes se implican en los movimientos y la movilización se está intensificando. Es un claro indicio de la magnitud de las expectativas”. Además de los movimientos ciudadanos surgidos en los últimos años, como Lucha y Filimbi, se están formando grupos para hacer frente a otras necesidades, como paliar la falta de protección social de la salud.

Por su parte, a Bob Kabamba, de la Universidad de Lieja, no le sorprende este entusiasmo por una forma diferente de implicarse en la vida pública. “Incorporarse a un movimiento ciudadano parece ser la forma más eficaz de plantear reivindicaciones y servir a sus conciudadanos. Muchos ciudadanos ya no confían en los partidos políticos, porque ya no existen partidos como tales. Son más bien empresas familiares creadas para acceder a la riqueza del país y a puestos lucrativos”, se lamenta (algunos diputados afirman que el salario de un diputado nacional es de 21.000 dólares al mes, pero la Asamblea Nacional se niega a revelar el monto oficial).

Uno de los retos de este nuevo compromiso será el acceso a puestos de responsabilidad. Para Phidias Senge-Milemba, la implicación de estos activistas será necesaria a todos los niveles de poder para lograr un cambio duradero, desde el ámbito local hasta el provincial y el nacional.

Varios activistas se han presentado como candidatos a las elecciones del 20 de diciembre (presidenciales, legislativas y provinciales), dentro de diversos partidos y plataformas políticas. Sin embargo, esta tendencia a veces despierta dudas entre la población. “El compromiso con la política es importante, pero es esencial que los antiguos activistas de los movimientos ciudadanos que ocupen puestos de responsabilidad estén bien formados y posean una integridad irreprochable para que la gente no sospeche que estos movimientos son un mero trampolín hacia una carrera política en la línea de lo que hemos visto durante décadas”, concluye Phidias Senge-Milemba.