Esta es una verdadera victoria para los miles de georgianos que salieron a la calle a principios de marzo para oponerse a la ley. El 10 de marzo de 2023, tras protestas a una escala histórica en el pequeño país caucásico, el partido gobernante Sueño Georgiano - Georgia Democrática (KO-DS) se vio obligado a retirar la ley sobre “agentes de influencia extranjera”. Siguiendo el modelo de la ley rusa del mismo nombre, exigía que cualquier organización que recibiera más del 20% de su financiación del extranjero se registrara como “agente de influencia extranjera” y que sus miembros también se registraran, so pena de hasta cinco años de cárcel. También habría autorizado al Ministerio de Justicia a investigar y solicitar documentos a estas mismas organizaciones, incluyendo datos personales potencialmente sensibles.

La ley se conoce en el país como “ley Putin” o “ley rusa” y su votación en primera lectura, el martes 7 de marzo de 2023, sumió al país en un movimiento de protesta sin precedentes, con la participación de más de 30.000 manifestantes. Estaba claramente dirigida a los escasos medios de comunicación independientes, las organizaciones no gubernamentales, así como los sindicatos que reciben donaciones internacionales. “El Gobierno intentaba silenciar las voces críticas en su contra. Y con esta ley, su objetivo era debilitar a la sociedad civil”, explica Dachi Imedadze, cofundador de la ONG Shame movement, que desde 2019 está haciendo campaña a favor de una revisión del sistema electoral en Georgia.

En términos más generales, la sociedad civil temía que se convirtiera en el medio legislativo para sofocar cualquier voz de oposición al Gobierno, incluso mediante la adopción de enmiendas cada vez más represivas que habrían amenazado la existencia de las ONG y los medios de comunicación.

“A la larga, habríamos asistido al mismo escenario que en Rusia: las organizaciones acaban por cerrar sus puertas y se exilian. El término ‘agente extranjero’ tiene una connotación muy negativa en nuestra región, es casi como ser calificado de traidor. Además, la ley presentaba algunas vaguedades que dejaban margen a la interpretación del Gobierno”, aclaró Mariam Nikuradze, periodista y cofundadora de la organización independiente Open Caucasus Media (u OC Media), que cubre noticias del Cáucaso privilegiando reportajes de gran formato y de investigación.

A las organizaciones también les preocupaba que la ley en ciernes pusiera en peligro su relación con los donantes extranjeros, amenazando así su principal fuente de financiación. “El apoyo financiero de países amigos, así como la asistencia jurídica gratuita prestada por organizaciones de la sociedad civil financiadas con estos fondos, ha sido esencial para permitirnos luchar contra las violaciones de los derechos laborales en los tribunales y ponerlas en conocimiento de la inspección del trabajo. Los servicios jurídicos son costosos y no especialmente accesibles para las personas que han sido despedidas. [...] Las organizaciones de asistencia jurídica bien financiadas y valientes desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a los trabajadores a hacer frente al Estado, al poder político y a los ingentes recursos financieros del sector privado. Sin el apoyo de donantes extranjeros, estaríamos solos para enfrentarnos a estas poderosas fuerzas”, reza un comunicado de la Georgia Fair Labor Plateform, una coalición de sindicatos independientes que trabajan para mejorar las condiciones de trabajo en el país.

Debilitamiento de la sociedad civil

Esta situación es tanto más cierta cuanto que el número de ataques a la democracia ha aumentado en los últimos años, debilitando así a la sociedad civil. En 2021, una filtración de datos reveló que el Servicio de Seguridad del Estado estaba llevando a cabo una vigilancia y escuchas telefónicas generalizadas de activistas de la sociedad civil. Durante las manifestaciones, las fuerzas del orden suelen tener instrucciones específicas de detener a miembros de las ONG. Por ejemplo, en mayo de 2022, el director de la ONG Shame Movement, Giorgi Mjavanadze, fue detenido tras organizar una concentración de apoyo a Ucrania, acusado de haber alterado el orden público.

Le citaron en comisaría, le golpearon durante varias horas en el suelo y amenazaron con violarle. “Fue traumático y violento. Pero esta detención va más allá de mi caso personal y expone el carácter sistémico de los delitos de la policía, que tiene instrucciones específicas para los activistas. Tenemos la sensación de carecer de privacidad, sé que alguien puede vigilar mis llamadas todo el tiempo”, denunció a Equal Times. “La situación ya es complicada, pero etiquetarnos como agentes extranjeros es legitimar la violencia porque se nos vería como enemigos del país”, añade Dachi Imedadze. A medida que su trabajo se topa con obstáculos cada vez mayores, las ONG temen que se llegue a un punto de no retorno, como lo señala el cofundador de Shame Movement: “El Gobierno seguirá actuando de forma autoritaria, por lo que debemos permanecer extremadamente vigilantes”.

En un país en el que el entorno de los medios de comunicación está polarizado y es propiedad de personas afines a los responsables políticos, los escasos medios independientes, como OC Media, Netgazeti y Batumelebi, también son blanco de repetidos ataques.

Con el pretexto de luchar contra la desinformación, la legislación se ha endurecido. “El deterioro del estado de la democracia no es de hoy. En lo que se refiere a los medios de comunicación, el punto de inflexión más importante se produjo el 5 de julio de 2021, durante la marcha del Orgullo: ese día 56 periodistas resultaron heridos, y uno de ellos murió poco después. Todavía no se ha castigado a los responsables, y desde entonces el Gobierno demoniza a los medios de comunicación”, asegura Mariam Nikuradze.

Los periodistas culpan al Gobierno de crear un clima de desconfianza y denuncian la falta de investigaciones serias cuando se cometen delitos contra sus compañeros de profesión en el país. “Primero nos preocupaba nuestra seguridad, ahora la libertad de expresión y nuestra propia existencia. En un momento dado, nos planteamos cambiar el registro de nuestra organización a otro país en caso de aprobarse la ley”, confía la periodista de OC Media.

Cambio de postura del Gobierno

Georgia no había visto un movimiento de protesta semejante desde 2019. La ley fue presentada por Poder para el Pueblo (khalkhis dzala), un grupo de diputados que en agosto de 2022 abandonaron las filas de Sueño Georgiano, el partido en el poder desde 2012, y que contó con su apoyo. Desde entonces, es la voz extremista del partido, el portavoz de su línea dura antioccidental y prorrusa. A pesar de la retirada de la ley, la mayoría política no cambia de postura: “la máquina de mentiras pudo presentar el proyecto de ley bajo una luz negativa y engañar a ciertos sectores de la opinión pública”, declaró el partido tras su retirada, antes de afirmar que no renunciaría a una futura legislación similar, planeando reuniones públicas para convencer a la población de su necesidad una vez que se relajen las “tensiones”.

Una postura que sigue alarmando a la sociedad civil, mientras que la oposición política acusa al Gobierno de Irakli Garibashvili, en el poder desde 2021, de dar un giro político hacia Moscú aún más marcado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, a pesar de contar con una población mayoritariamente proucraniana. Con mayor razón cuanto que Sueño Georgiano es dirigido desde la sombra por su fundador, el oligarca multimillonario Bidzina Ivanishvili, antaño primer ministro, que mantiene fuertes vínculos con Rusia, donde hizo fortuna.

“Esta ley forma parte de un proceso para derribar el último bastión de la orientación prooccidental de Georgia, que es la opinión pública”, analiza Thorniké Gordadzé, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y antiguo ministro georgiano de integración europea.

“Los momentos que acaba de vivir el país no tienen precedentes en la historia de Georgia desde su independencia. El Gobierno actual ha cambiado radicalmente su orientación geopolítica con la retórica de que la Unión Europea empujaría a Georgia a una guerra con su vecino ruso. La narrativa del Gobierno contrapone por un lado la paz, y por otro la orientación proeuropea de Georgia”, especifica el investigador.

En el país, sigue persistiendo el temor a una guerra con Rusia. El recuerdo de la invasión rusa del verano de 2008 sigue candente. Tras cinco días de una guerra relámpago, el país quedó aislado de las provincias de Osetia del Sur y Abjasia, cuya independencia fue reconocida por Moscú. Un trauma para la población, que teme que la historia se repita.

“Si recordamos el caso de Yanukovich en Ucrania, constatamos que el patrón es el mismo: Rusia impide que el Gobierno logre resultados tangibles para Georgia en el camino hacia la integración europea”, afirma Helen Khoshtaria, fundadora del partido opositor Droa. Por otra parte, la Unión Europea se negó en junio a conceder a Georgia el estatus de candidato oficial, a diferencia de Ucrania y Moldavia, señalando como causa la falta de reformas.

“Este es el primer paso hacia una victoria, pero todo está todavía por verse. Es preciso tener en cuenta que el partido gobernante, que rige la vida política georgiana, no se alejará de Moscú a causa de unas manifestaciones. Lo que hace falta es un cambio político profundo en Georgia, para que el país pueda emprender definitivamente el camino rumbo a la Unión Europea”, insiste Helen Khoshtaria.