Desde que África se independizó de la dominación colonial, el continente ha tenido que enfrentarse a un gran enemigo: la deuda pública insostenible. Atrapada en una compleja red de herencias históricas, debilidades económicas y problemas de gobernanza, África se esfuerza continuamente para liberarse de dicha implacable carga de la deuda. A finales de la década de 1990 emergieron como rayos de esperanza la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), las cuales les prometían un respiro del asfixiante control de la deuda soberana. Sin embargo, a pesar de sus primeros éxitos en la reducción de la carga de la deuda, estas iniciativas no lograron abordar los problemas estructurales subyacentes y dejaron una vez más a las naciones africanas tambaleándose al borde de la desesperación.

Tras las recientes crisis mundiales, incluidas las persistentes secuelas de la pandemia de covid-19 y el terrible conflicto entre Rusia y Ucrania, los países africanos se encuentran aún más sumidos en un profundo caos fiscal. La inestabilidad macroeconómica lo impregna todo y ha obligado a muchas naciones a refugiarse en los brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprovechando el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del G20. Sin embargo, los países africanos se enfrentan a una dura realidad: los exorbitantes tipos de interés que se les imponen a los fondos adeudados son muy superiores a los de sus homólogos de otros continentes, lo cual frena el crecimiento de la productividad y prolonga el ciclo de privación de sus derechos económicos.

En noviembre, la Organización Regional Africana de la Confederación Sindical Internacional (CSI-África) lanzó su emblemática campaña para combatir la crisis de la deuda soberana de África, que alcanzó los 1,8 billones de dólares estadounidenses en 2022, lo que equivale a casi el 29% del PIB del continente, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En una investigación empírica impulsada por el Instituto de Trabajo, Investigación y Educación de África (ALREI) de la CSI-África sobre el tema de la deuda soberana se plantearon varias cuestiones. Dicho estudio revela que el elevado nivel de deuda en relación con el tamaño de la mayoría de las economías de África está relacionado con la reducción de la inversión pública en sanidad, educación y protección social a niveles estadísticamente significativos. Esto ha desencadenado problemas de liquidez (dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo frente a sus acreedores) en muchos países (como Ghana, Kenia, Zambia, Chad, Nigeria y Etiopía) y riesgos de solvencia (dificultades sostenidas para reembolsar la deuda principal) en otros (como Ghana, Zambia y Chad). Por tanto, las naciones africanas han necesitado una reestructuración de la deuda, tanto de manera voluntaria como exigida por el FMI. El informe también revela la gran proporción de costosa deuda interna que contribuye al impresionante sobreendeudamiento público; y que cualquier intento de reestructuración global de la deuda en el continente debe responder a la creciente deuda interna, más cara y cortoplacista.

En cualquier nivel, la deuda tiene implicaciones directas e indirectas para el bienestar de los trabajadores, como se subraya en otro informe, que publicará la CSI con sede en Bruselas a finales de abril, sobre el impacto de la creciente deuda mundial en los derechos de los trabajadores de todo el mundo. Por ejemplo, se ha demostrado que la acumulación de deuda externa está relacionada con la pérdida de puestos de trabajo, la congelación del empleo y los salarios en el sector público y la devaluación monetaria, que recorta los salarios reales de todos los trabajadores. Por tanto, los sindicatos tienen la obligación de tomar medidas contra la deuda pública. El informe recomienda campañas secuenciadas e integradas sobre la deuda y para promover el uso responsable de la deuda en el continente africano. Para ello se necesitan unas reformas jurídicas e institucionales que garanticen que la deuda contribuya al desarrollo sostenible.

El informe también recomienda que la CSI-África colabore y forje alianzas con otras organizaciones afines para impulsar reformas en el sistema financiero mundial, incluida la supremacía de las tres agencias de calificación (S&P, Fitch y Moody’s controlan el 95% de la cuota de mercado), así como para ofrecer alternativas a las medidas de austeridad que plantea el FMI y que recortan desproporcionadamente los gastos en sanidad, educación y protección social con el objetivo de que los países africanos puedan hacer frente a las obligaciones de reembolso de sus deudas externas. La CSI-África y sus sindicatos afiliados deben comprometerse a la vigilancia constante para identificar los precursores de la crisis de la deuda, como la rápida acumulación de deuda externa, de modo que puedan actuar para evitar que lleguen al nivel de crisis. En resumen, los gobiernos africanos deben adoptar unas políticas fiscales progresivas y eficaces para aumentar los ingresos nacionales. Además, las estrategias de gestión de la deuda de los países africanos deberían basarse en una mayor transparencia y divulgación.

¿Por qué los sindicatos deben preocuparse por la deuda pública?

Comprender las implicaciones de la deuda pública es esencial para la CSI-África y sus sindicatos afiliados, pues tiene una gran importancia para el bienestar de los trabajadores de todo el continente. Las tendencias recientes han puesto de relieve la peligrosa relación entre la escalada de la deuda pública y la inestabilidad económica. Los estudios revelan un patrón inquietante: un aumento significativo de la ratio deuda/PIB suele preceder a las crisis económicas en muchas naciones africanas. De hecho, los datos empíricos señalan que dichas crisis provocan indefectiblemente un aumento de las tasas de desempleo, que afecta especialmente a los trabajadores más jóvenes y a las mujeres, cuya participación en la población activa va en aumento. En estas épocas turbulentas, los trabajadores sufren las peores consecuencias de las crisis y tienen que hacer frente a una creciente inseguridad laboral, al estancamiento salarial, a la reducción de la jornada laboral y a las cargas cada vez mayores de la deuda en los hogares. Por tanto, es esencial que los sindicatos vigilen de cerca los niveles de la deuda pública y reconozcan su relación directa con el bienestar de los trabajadores.

En contra de lo que se cree, la deuda en sí no es intrínsecamente perjudicial; más bien, lo que merece toda nuestra atención es la gestión prudente y el uso de dicha deuda. Los sindicatos y las coaliciones tienen una oportunidad única de influir en las políticas relacionadas con la deuda para garantizar unas prácticas responsables de endeudamiento y el pago puntual de la deuda. Además, es crucial que se impliquen de manera proactiva para anticiparse a las crisis provocadas por la deuda, permitiendo a los sindicatos identificar las señales tempranas de alerta y promover unas medidas de protección para salvaguardar los derechos de los trabajadores en plena turbulencia financiera. Al contrarrestar activamente los intereses de las multinacionales y del ámbito financiero, los sindicatos actúan como una voz fundamental que garantiza que los trabajadores no tengan que cargar ellos solos con las consecuencias de las crisis económicas. En este esfuerzo colectivo, los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de promover unas respuestas políticas equitativas y fomentar un panorama económico más justo y resiliente para los trabajadores y las comunidades por igual.

Recomendaciones en el ámbito político

Para revertir la carga de la deuda africana, la CSI-África sugiere lo siguiente:

1. Reforzar la movilización de los recursos nacionales y la gestión prudente de la deuda: Los países africanos deben dar prioridad al refuerzo de la movilización de los recursos nacionales para hacer frente a la creciente carga de la deuda. Los gobiernos deben ampliar la base tributaria formalizando las economías del sector informal, garantizando una distribución más justa de las cargas fiscales y combatiendo la corrupción en la recaudación de impuestos. Además, las prácticas prudentes de gestión de la deuda, que incluyen unas condiciones de préstamo transparentes y una evaluación rigurosa de los proyectos, son esenciales para evitar una acumulación insostenible de la deuda. Los sindicatos pueden participar abogando por la formalización, examinando los acuerdos de préstamo y supervisando las trayectorias de las deudas para influir en las primeras intervenciones políticas.
2. Promover el gasto social inclusivo: Los gobiernos deben dar prioridad al gasto social inclusivo, especialmente en sectores críticos como la sanidad y la educación. A pesar de las elevadas obligaciones del servicio de la deuda, la financiación adecuada de estos sectores es crucial para el bienestar de los ciudadanos y los resultados positivos del mercado laboral. Los sindicatos pueden colaborar con los gobiernos para garantizar que las asignaciones presupuestarias den prioridad a las necesidades de los trabajadores y promover la formulación de políticas con base empírica para optimizar la efectividad del gasto público.
3. Implementar programas específicos de reducción de la deuda: Los responsables políticos deben desarrollar programas específicos de reducción de la deuda para mitigar la carga del servicio de la deuda, en especial en los sectores vulnerables de la población. La negociación de unas condiciones favorables con los acreedores, la ampliación de los plazos de pago y la reestructuración de la deuda pueden ser medidas necesarias. Los sindicatos deben implicarse activamente en las negociaciones de la deuda para proteger los intereses de los trabajadores y luchar contra las perniciosas medidas de austeridad que ponen en riesgo los derechos laborales y la seguridad laboral.
4. Potenciar la transparencia y la rendición pública de cuentas: Al gestionar las finanzas públicas, los gobiernos deben dar prioridad a la transparencia y la rendición pública de cuentas para fomentar la participación y la confianza de los ciudadanos. Una información accesible sobre el uso de la deuda y su impacto en los servicios sociales permite tomar decisiones con conocimiento de causa. Los sindicatos pueden promover una mayor transparencia y exigir a los gobiernos que rindan cuentas por sus decisiones fiscales, garantizando así una gestión responsable de los recursos públicos.
5. Intervenciones con perspectiva de género en el mercado laboral: Es crucial abordar las disparidades de género, que se ven agravadas por el exceso de préstamos. Los responsables políticos deben realizar unas intervenciones en el mercado laboral que tengan en cuenta las cuestiones de género para mitigar el impacto desproporcionado de la deuda sobre las mujeres y las personas con un alto nivel educativo. Los sindicatos pueden apoyar unas políticas que promuevan la igualdad de género, como leyes de igualdad salarial e iniciativas que aborden la discriminación en el lugar de trabajo, con el fin de garantizar un crecimiento económico inclusivo.

¿Qué más pueden hacer los sindicatos?

Los sindicatos deben liderar las medidas de sensibilización mediante un enfoque polifacético que aproveche las asociaciones estratégicas, la comunicación con base empírica y la movilización de las bases. Entre los objetivos se encuentran aumentar la concienciación pública sobre el impacto socioeconómico de la deuda, influir en los cambios políticos y crear coaliciones para la acción colectiva. Los mensajes clave deben hacer hincapié en la transparencia de la deuda, el gasto social inclusivo, la rendición pública de cuentas y la igualdad de género. Los sindicatos pueden participar implicando a las instituciones multilaterales, formando asociaciones estratégicas, organizando eventos de carácter colaborativo y promoviendo las políticas con perspectiva de género.

Los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de exigir a los gobiernos que rindan cuentas, promover unas alternativas políticas con base empírica e interactuar con las instituciones financieras mundiales para promover una gestión responsable de la deuda. Entre las acciones específicas se encuentran la participación en los esfuerzos multilaterales para la reforma, el fomento de las asociaciones, la promoción de la rendición pública de cuentas y la ampliación de la dimensión de género de la crisis de la deuda. Mediante la movilización estratégica de recursos y el aprovechamiento de su voz colectiva, los sindicatos pueden impulsar un cambio positivo y mitigar los efectos adversos que tiene la deuda excesiva en los trabajadores y las comunidades de toda África.