Desde que ganaron las elecciones generales del pasado mayo por una escasa mayoría, los conservadores de David Cameron han aprobado a toda prisa en el Parlamento nuevas restricciones para los sindicatos. El miércoles 4 de mayo, el proyecto de ley obtuvo la sanción de la Reina y se convirtió en ley, aunque tan solo tras una cruenta batalla gracias a la cual se pudo atenuar.

Aun así, el secretario general del sindicato Unite, Len McCluskey, describió la aprobación como “un día trágico” para los trabajadores/as y Frances O’Grady, presidenta de la central sindical Trade Union Congress, declaró: “Los libros de historia relatarán que la primera gran medida del gobierno en este Parlamento consistió en atacar el derecho de huelga, una libertad fundamental británica”.

Su medida estrella consiste en exigir un porcentaje de participación del 50% en todas las votaciones de huelga, lo cual significa que la mitad de todos los miembros con derecho a voto de los sindicatos deben apoyar la huelga para que ésta sea legal.

En la letra pequeña se incluyen medidas que podrían ser igual de perjudiciales para la capacidad de los sindicatos de representar a sus miembros. Ahora se obligará a los organizadores de los piquetes a dar sus nombres a la policía, un requisito que el diputado conservador David Davis comparó con la España de Franco.

John Hendy, el abogado más reconocido de los sindicatos británicos, explicó a Equal Times: “Sin duda va a dificultar la resolución de los conflictos. Algunas partes de esta ley van a tener repercusiones muy profundas”.

“Sin embargo, la gente se indignará y movilizará por esta ley innecesaria y perjudicial”, advirtió. “De hecho, podría tener la consecuencia imprevista de aumentar la participación en las acciones sindicales”.

 
Concesiónes

Los sindicatos y partidos de la oposición han obligado al gobierno a abandonar algunas de las medidas más extremas. En noviembre, el gobierno retiró las propuestas de obligar a los sindicatos a notificar a la policía con dos semanas de antelación cualquier actividad en los medios sociales que planearan llevar a cabo durante la huelga.

En una sesión humillante, el gobierno perdió tres votos en tres horas en la Cámara de los Lores (la cámara alta no electa), en la que los conservadores no tienen mayoría.

Por tanto, el gobierno se vio obligado a abandonar sus planes incluidos en el proyecto de ley sobre sindicatos para prohibir que los trabajadores/as del sector público dedujeran sus cuotas sindicales directamente de sus salarios, lo cual haría que los sindicatos perdieran millones de libras esterlinas.

“Hay muchos aspectos negativos en el proyecto de ley sobre sindicatos, pero prohibir a estas organizaciones que utilicen el sistema de deducción para cobrar las cuotas de los empleados del sector público fue una de sus propuestas más perversas”, declaró Dave Prentis, secretario general del sindicato del sector público Unison.

La última concesión del gobierno fue quizás la más importante. El gobierno ha aceptado efectuar una revisión para determinar si las votaciones de huelga en línea (una demanda clave de los sindicatos) son seguras. Si se aprueba, en el futuro las votaciones de huelga se podrían llevar a cabo en línea y no por correo, lo cual ayudaría a los sindicatos a superar el porcentaje de participación del 50% que se requiere para dichas votaciones.

 
Conexión Brexit?

Según se ha señalado, el primer ministro hizo estas concesiones para incentivar a los sindicatos a que movilizaran a sus miembros para el referéndum sobre la salida de la UE del 23 de junio. Como los conservadores están divididos sobre este tema, Cameron depende de los votantes laboristas para que triunfe la opción de seguir en la UE.

Ian Lavery, ex minero y actual portavoz del gobierno alternativo de la oposición para los sindicatos, mantiene su firme oposición a la nueva ley.

“Aunque los laboristas y el movimiento sindical han trabajado duro para garantizar la aprobación de concesiones fundamentales, sigue siendo una ley muy perjudicial”, aseguró en una entrevista a Equal Times. “La intención de la ley no es ‘modernizar’ el movimiento sindical, sino ponerle trabas”.

“Va a dificultar aún más la defensa de los derechos en el trabajo por parte de los sindicatos, la organización cuando los derechos se vean amenazados y también la afiliación de nuevos miembros”.

Lavery está trabajando con los sindicatos para redactar una nueva ley que sustituya a la nueva ley conservadora la próxima vez que un primer ministro laborista resida en Downing Street.