Tras años de indiferencia del gobierno nacional hacia las necesidades del campo y del desarrollo rural, entre los campesinos colombianos ha surgido paulatinamente un sentimiento de abandono y desconfianza.

Como respuesta a ese olvido secular, el pasado 19 de agosto más de 100.000 campesinos – principalmente en los departamentos de Boyacá, Cauca, Caldas, Putumayo, Cundinamarca, Nariño, Huila y Risaralda – salieron a las calles para empezar un paro que los llevó a bloquear las rutas nacionales, afectando así el abastecimiento de los alimentos en distintos rincones del país.

Más allá de las quejas de tipo económico – como la imposibilidad de competir con las importaciones agrícolas, la dificultad en acceder a los mercados y la falta de crédito – con esta acción los campesinos han sido capaces, en nuevos espacios de lucha, de avanzar temas sociales: el derecho a una vida digna, al trabajo y a la ciudadanía.

La ola neoliberal que se dio en América Latina desde los años 90, y particularmente en el caso del campo colombiano, abrió camino al desmatelamiento de la arquitectura de un Estado regulador, que en el pasado era capaz de hacerse cargo de los riesgos ligados a la producción agrícola.

Desde entonces, el modelo de desarrollo se ha basado en la desregulación estatal llevando a la privatización de los servicios técnicos y crediticios y a una precarización de las condiciones laborales.

Semejantes políticas han desembocado en un campo – donde se concentra el 32 por ciento de la población colombiana – caracterizado por una producción agrícola orientada hacia los cultivos intensivos, una explotación de las tierras controladas por las corporaciones transnacionales, y un incremento de la pobreza y de las migraciones hacia la ciudad.

César Pachón Achury, líder de la protesta campesina en Boyacá, en una entrevista concedida a ElTiempo.com, incitaba a los demás campesinos a organizarse sin violencia. Igualmente, el líder campesino ha identificado como tema central los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea y los problemas que están generando.

Hoy en día, en Colombia es más barato importar productos agrícolas y alimentos desde otros bloques económicos – Comunidad Andina, Alianza del Pacífico y Mercosur - que producir los mismos en el campo del país.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ha tratado de neutralizar el paro ordenando sacar los bloqueos de las rutas, afirmando que entre los campesinos se había infiltrado la guerrilla y, posteriormente, disminuyendo el carácter nacional de la lucha.

Sin embargo, eso no fue suficiente para parar las reivindicaciones de los campesinos que han seguido adelante con el respaldo de la ciudadanía: “¡todos somos campesinos!”

Tres semanas de lucha - con marchas en distintas ciudades y con el apoyo de indígenas, camioneros, estudiantes y mineros – han llevado el gobierno a sentarse a la mesa para negociar el “Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”.

A pesar de un cambio organizativo en los campesinos, sus demandas siguen siendo las mismas: el problema de la distribución de las tierras y las políticas de desarrollo rural. Éste fue el resultado de un análisis “¿Quiénes son los campesinos colombianos hoy?” elaborado por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y de las Universidades del Rosario y del Cauca.

Una forma de contrarrestar este fenómeno, complicado adicionalmente por la presencia del conflicto armado, es mejorar el acceso a la tierra logrando al mismo tiempo un uso más eficiente.

Germán Zarama, abogado de la Unidad de restitución de tierras, ha señalado a Equal Times que “esta entidad del Gobierno, desde su implementación en 2011, ha restituido – a través de 233 sentencias – 529 predios a campesinos que fueron despojados por grupos al margen de la ley, entre ellos la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes”.

De igual manera, Zarama afirma que “no será con políticas asistencialistas que el gobierno podrá solucionar los reclamos de los campesinos, sino con una visión a largo plazo en torno a políticas como la restitución de las tierras, la redistribución de los ingresos, el fomento del empleo rural, las facilitaciones crediticias y la penalización de la improductividad”.

El gobierno, para saldar su deuda con el campo, se ha comprometido a proteger los productos colombianos revisando las importaciones, estableciendo unas líneas de créditos facilitados y reduciendo el arancel de los productos agroquímicos.

Actualmente, los campesinos solicitan al gobierno que cumpla de forma integral con los acuerdos ya firmados y formalice las medidas concretas, de lo contrario evaluarán iniciar un nuevo paro.

Un cortometraje sobre las protestas fue lanzado recientemente. Se puede ver en su totalidad a continuación.

OVEJAS TOREADAS de Balaclava Films / IriartePhoto en Vimeo.