Después más de diez años de contaminación y daños al medio ambiente, vuelve a abrirse la herida entre Argentina y Uruguay debido a la papelera construida a lo largo de la frontera.

El 27 septiembre de 2013, José Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay declaró en una entrevista concedida a Bloomberg que autorizaría a la papelera de la multinacional finlandesa UPM (ex Botnia) a incrementar la producción de celulosa a cambio de mejoras en el cuidado medioambiental por parte de la empresa.

En 2002, Montevideo autorizó a dos empresas europeas – la española ENCE y la finlandesa Botnia – a construir una planta industrial para la producción de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, frente a la argentina Gualeguaychú.

En la ciudad argentina de la provincia de Entre Ríos, separada de Fray Bentos por el río Uruguay y unida por el puente internacional General Libertador San Martín, surgió enseguida la Asamblea Ciudadana Ambiental con el objetivo de evitar la instalación de las papeleras.

Esta organización ciudadana – cuyo logro mayor fue la relocalización de la planta española – aún es recordada por las marchas llamadas abrazos al Río Uruguay y los varios cortes que bloquearon el tránsito en el puente y complicaron las relaciones entre los dos países latinoamericanos.

Hoy, como ayer, los activistas argentinos sostienen que los humos industriales y los desechos producidos por la papelera UPM y vertidos en el río desde la orilla uruguaya causarían una contaminación del medio ambiente perjudicial para la salud y estarían afectando al turismo de Gualeguaychú, localidad célebre por el carnaval más importante del país.

El Gobierno argentino de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como reacción a la decisión de Mujica, quiere acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya reclamando una violación uruguaya del Tratado de Límites (1961) y del Estatuto del Río Uruguay (1975), que regulan la gestión binacional del río a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

La misma Corte, ya interpelada por Argentina en 2006, emitió en abril de 2010 un fallo definitivo que, aunque reconocía una violación uruguaya por no haber notificado al Estado vecino sobre el proyecto de construcción, consideró que la producción de celulosa podía seguir adelante porque no se encontró evidencia que señalara que la papelera contaminaba el río.

Marco Brunitto, investigador del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) especialista en derecho y comercio internacional, ha declarado a Equal Times que “la Corte no encontró un nexo entre las actividades de la papelera y los niveles de contaminación del río porque había también vertidos de otras empresas y ciudades en ambos lados”.

“Con aquel fallo, la Corte –subraya Brunitto– ha tratado de mantener un compromiso entre dos perspectivas diferentes: por un lado, el desarrollo económico y social de Uruguay y, por el otro, la necesidad argentina de tutelar el medioambiente y el ecosistema del río”.

La sentencia de 2010 y la consiguiente creación del Comité Científico binacional bajo control de la CARU, parecía haber cerrado una controversia transitada –y puntualmente varada– en varias audiencias en organismos regionales, en comisiones binacionales y en mediaciones internacionales.

Hoy, esa disputa que ya lleva una década vuelve a dividir y a inflamar las relaciones entre los dos países fronterizos.

Tanto es así que el pasado 30 de septiembre en Argentina, Mujica y su par Fernández de Kirchner no se ahorraron sutiles críticas, ni siquiera durante la presentación de “Francisco”, el ferry en homenaje al Papa que unirá Buenos Aires con Montevideo.

Los asambleístas argentinos, encabezados por Juan José Bahillo, intendente de Gualeguaychú, marcharon el pasado 6 de octubre hacia Fray Bentos pidiendo conversar con las autoridades uruguayas acerca del cierre y la relocalización de la planta de UPM.

El despliegue de militares uruguayos en el paso fronterizo y el hecho de que sólo quisieron dejar pasar al intendente Bahillo y a una pequeña delegación, ha llevado a los manifestantes argentinos a volver a Gualeguaychú para evaluar otras manifestaciones de protesta, incluido el bloqueo del puente internacional, como ya sucediera en el pasado.

En una conferencia de prensa del 9 de octubre en la Casa Rosada, el canciller argentino Héctor Timerman y Sergio Uribarri, gobernador de Entre Ríos, presentaron un informe sobre la contaminación de UPM.

En el análisis de los científicos argentinos se señala que la multinacional finlandesa está vertiendo efluentes en altas temperaturas y no sólo con alto contenido de fósforo – como sostiene la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA) – sino también de pesticidas, cromo y fenoles.