Los ciudadanos egipcios de a pie y los activistas de los derechos humanos están luchando contra un nuevo proyecto de ley draconiano que, en caso de ser aprobado por el gobierno provisional, limitará el derecho a manifestarse.

Desde que el ejército destituyó en julio a Mohamed Morsi, el primer presidente de Egipto elegido democráticamente, los Hermanos Musulmanes y sus seguidores han organizado manifestaciones casi a diario exigiendo su restitución.

La semana pasada expiró la ley del estado de excepción y toque de queda impuesta tras la destitución. La nueva ley prohibirá el derecho a manifestarse y reunirse pacíficamente.

En octubre, los críticos de la nueva legislación (incluidos numerosos partidarios del nuevo movimiento político: el Frente de la Vía de la Revolución) se movilizaron bajo el lema “La calle es nuestra” para protestar contra la ley.

En un reciente comunicado, Amnistía Internacional advirtió de que el nuevo proyecto de ley “prepararía el terreno para un nuevo derramamiento de sangre”. Asimismo, esta organización de derechos humanos aseguró que, si se aprueba, “la ley limitará arbitrariamente el derecho a la libertad de reunión pacífica y otorgará a las fuerzas de seguridad vía libre para que hagan un uso excesivo y letal de la fuerza”.

Aunque el gobierno todavía no ha publicado cifras definitivas, se cree que miles de personas han sido asesinadas desde el inicio de la llamada Primavera Árabe en 2011.

El 14 de agosto, las fuerzas de seguridad cargaron contra dos sentadas a favor de Morsi en El Cairo, provocando cientos de víctimas mortales entre sus seguidores.

Los activistas de los derechos humanos han manifestado su temor a que el nuevo proyecto de ley se utilice para justificar la violencia policial e incluso para legalizarla.

Además, afirman que dicha ley solo agravaría la tensión política en Egipto.

Instrumentos de represión

El proyecto de ley, redactado por el Ministerio de Justicia, está formado por 21 artículos, algunos de los cuales son polémicos para los observadores de los derechos civiles.

En virtud del artículo 6, los organizadores deben informar al Ministerio del Interior con 24 horas de antelación sobre la hora, los motivos, las demandas, el lugar y los participantes de cualquier protesta.

El artículo 9 prohíbe todas las sentadas y estipula que las protestas no deben perturbar el orden público ni los intereses de los ciudadanos ni cortar las vías públicas.

El artículo 10 del proyecto de ley otorga al Ministerio del Interior el poder para posponer, cancelar o cambiar la ruta de una manifestación.

En Egipto se han criticado las medidas del Ministerio del Interior porque se utilizan como un instrumento para reprimir cualquier oposición al régimen gobernante.

Desde que estalló la revolución, muchos egipcios opinan que la reestructuración de dicho ministerio resulta crucial para garantizar una verdadera transición democrática.

Fuerza letal

Otro artículo polémico es el 14, que limita las manifestaciones en los alrededores de los edificios presidenciales, ministerios políticos, comisarías de policía, tribunales y organizaciones internacionales.

En Egipto, este tipo de edificios suelen constituir un punto de referencia para cualquier concentración o manifestación.

Sin embargo, la nueva ley prohibirá que los manifestantes se acerquen a entre 50 y 100 metros de los mismos y autorizará el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que no obedezcan.

Asimismo, permite a la policía el uso de la fuerza letal para defender los intereses financieros.

Por último, el proyecto de ley estipula que los que infrinjan dicha ley serán multados con sumas de hasta 50.000 EGP (aproximadamente 7.200 US$) y penalizados con penas de prisión de hasta tres meses.

Como resultado de las crecientes críticas al proyecto de ley, el primer ministro Hazem El Beblawi anunció recientemente que en las próximas semanas el gobierno incorporará a las fuerzas políticas en un debate sobre el proyecto de ley.

Asimismo, aseguró que los resultados del debate podrían tener como consecuencia la aprobación de varias enmiendas al proyecto de ley.

Sin embargo, a pesar de sus tranquilizadoras declaraciones, entre las fuerzas revolucionarias de Egipto sigue predominando el escepticismo.

Ellas siguen estando comprometidas a luchar contra la instauración de un nuevo gobierno autoritario.