Dos casos de derrames tóxicos sucedidos en un periodo de un mes, han intensificado el debate sobre la falta de fiscalización y control de las transnacionales mineras en Perú.

La secuencia de desastres ha forzado al Gobierno del país a declarar que pretende endurecer las sanciones contra las industrias extractivas que destruyen el medio ambiente y envenenan las comunidades locales.

El 29 de agosto, toneladas de desechos tóxicos contaminaron al menos diez kilómetros de uno de los más importantes ríos del territorio peruano, el Huallaga. El derrame ocurrió desde la mina Atacocha, propiedad de la multinacional brasileña Votorantim.

El alerta sobre el derrame fue realizada por los propios habitantes de las comunidades de la zona, llevando a que una brigada del Gobierno fuera al lugar para investigar el accidente. En un comunicado, organizaciones campesinas alertaron que la contaminación ha afectado la flora, fauna y los flancos del río que atraviesa varios poblados de la región.

La empresa no se ha pronunciado sobre el caso y todavía no se ha determinado el impacto del derrame. El año pasado, la compañía minera obtuvo ingresos valorados en US$ 134,8 millones por sus actividades en Atacocha. Votorantim mantiene inversiones en más de 20 países en todo el mundo, especialmente en minería, metalurgia, cemento y concreto.

El Gobierno había autorizado la empresa verter al río agua previamente tratada de residuos como cianuro, selenio, mercurio, cadmio, plomo, zinc, arsénico, cobre, hierro, manganeso, níquel y plata. Las autoridades gubernamentales trabajan con la hipótesis de que una “falla humana” durante el cambio de guardia haya supuesto que toneladas de lodo tóxico llegase al rio.

Cinco semanas antes, al menos 350 personas, incluidos 69 niños, fueron contaminados cuando una explosión liberó 45 toneladas de cobre al medio ambiente. Testigos relatan haber oído un fuerte estruendo, seguido de una niebla tóxica que cubrió el área. El incidente ocurrió el 25 de julio en un ducto próximo a Santa Rosa de Cajacay, una villa de unos 400 habitantes, la mayor parte trabajadores rurales andinos.

Tras la explosión, el hospital recibió decenas de personas que sufrían de sangrado del tracto respiratorio, dolores de estómago, náuseas y vómitos.

Un análisis de la agencia estatal de salud y del medio ambiente, Censopas, constató dos semanas después del accidente que al menos siete niños y tres adultos del lugar todavía registraban altos niveles de cobre y plomo en la sangre.

La instalación es propiedad de la Compañía Minera Antamina, joint venture de cuatro gigantes del sector, con capital mayoritario de la empresa anglo-australiana BHP Billiton y de la anglo-suiza Xstrata. En 2011, Antamina obtuvo US$ 3.384,3 millones en ingresos, tornándose el negocio minero más lucrativo del Perú.

La compañía afirma que la explosión fue un “hecho involuntario” y que, como respuesta al incidente, una operación de limpieza fue puesta en marcha y un servicio de salud fue instalado en el lugar. “Trabajar por la salud de todos los pobladores es una prioridad en la cual nos encontramos avocados”, señala.

El Gobierno ha iniciado investigaciones sobre el impacto ambiental de ambos desastres. Solamente a partir de los resultados y tras la apertura de un procedimiento administrativo podrían aplicarse las correspondientes sanciones. Normalmente, este proceso lleva varios meses.

Según el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, el Gobierno estudia maneras de poder cambiar las reglas para que se puedan sancionar las empresas de forma anticipada, inmediatamente después de verificarse los incidentes.

Datos oficiales afirman que Perú tiene 169 conflictos sociales activos, la mayoría relacionados con la minería. En agosto, un proyecto aurífero multimillonario de la multinacional Newmont Corporation en Cajamarca fue suspendido tras meses de protestas por parte de grupos sociales, sindicatos y comunidades indígenas.