Casi dos meses después de que nueve niños y tres mujeres de Afganistán y Siria perdieran la vida en la tragedia de Farmakonisi, la polémica que rodea al incidente sigue resonando en Grecia y en toda Europa.

Por consiguiente, esta semana se está organizando un debate público en Bruselas para estudiar las medidas que pueden emprender el Parlamento Europeo y otras instituciones de la UE para mejorar la situación y el trato que reciben los migrantes en Grecia.

El 20 de enero de 2013, una embarcación con veintiocho migrantes afganos y sirios naufragó cerca de la isla griega de Farmakonisi, situada en el archipiélago del Dodecaneso en el mar Egeo, mientras un barco de los guardacostas griegos les remolcaba.

En sus declaraciones a los representantes de la oficina griega del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los supervivientes de la tragedia insistieron en que el accidente ocurrió cuando los guardacostas tiraban de la embarcación a gran velocidad en dirección a la costa turca durante una tormenta.

Asimismo, los relatos de los supervivientes afirman que los guardacostas se negaron a ayudarles cuando se hundió la embarcación e incluso llegaron a pisar las manos de la gente que se aferraba al barco griego.

Sin embargo, los guardacostas griegos niegan categóricamente dichas acusaciones.

Según una declaración oficial, intentaron remolcar el barco que se había averiado a Farmakonisi y no a Turquía tras recibir una señal de socorro.

La declaración asegura que apagaron un incendio que se había declarado en la embarcación y rescataron a 16 personas del agua.

A pesar de las que las autoridades griegas lo desmienten, la tragedia indujo al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa Nils Muižnieks, a la Comisaria europea de Asuntos de Interior Cecilia Malmström, a la ACNUR y a varias otras organizaciones no gubernamentales a solicitar a Grecia que lleve a cabo una investigación independiente.

A principios de enero, el comisario Muižnieks también instó a las autoridades griegas a que acabaran con las expulsiones colectivas de migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a Grecia y a que “lleven a cabo investigaciones en profundidad de todos los incidentes registrados”.

Por consiguiente, el ministro griego de Asuntos Exteriores, Evangelos Venizelos, prometió que se iniciaría una investigación independiente. Sin embargo, también rechaza las acusaciones de una “expulsión ilegal a Turquía”.

En cambio, Venizelos pidió a Frontex, la agencia europea de gestión de fronteras, que en primer lugar intensifique los esfuerzos para evitar que las embarcaciones con migrantes indocumentados a bordo salgan del norte de África.

Debate público

El debate que se va a celebrar en Bruselas este jueves se titula Políticas de migración: un retroceso para los derechos de los migrantes en Grecia.

Organizado por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM) junto a Amnistía Internacional, la Red Europea de Mujeres Migrantes, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la Red Europea contra el Racismo y Médicos del Mundo, el debate analizará las políticas de inmigración de la UE y el impacto que tienen en los derechos de los migrantes en Grecia.

Nikos Chrysogelos, un eurodiputado griego de los Verdes que es coorganizador del debate del jueves, insiste en que independientemente del resultado de la investigación “debemos disculparnos como país y como gobierno, porque es algo que ocurrió y debemos saber qué ocurrió y quién fue el responsable”.

Y continuó: “Aunque debo decir que es la responsabilidad del gobierno, pero también de la Unión Europea y de la Comisión, porque si pides a un país que proteja sus fronteras y al mismo tiempo aseguras que necesitamos una política de migración humanitaria, entonces existe un conflicto”.

Haciéndose eco de los mismos sentimientos, Kriton Arsenis, el eurodiputado griego de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD) y coorganizador del debate junto a la eurodiputada del mismo grupo Maria Eleni Koppa, ha solicitado la revisión del Acuerdo de Dublín (que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el primer país en el que desembarquen), para poder reducir la presión que ejercen los inmigrantes en Grecia.

La muerte de migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a las costas europeas es una tragedia que se suele repetir.

El aumento de la seguridad a lo largo de la frontera terrestre entre Grecia y Turquía en Evros, junto a las patrullas regulares de Frontex y la construcción de una valla de 12,5 kilómetros, ha desviado hacia las islas del mar Egeo los flujos de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, incluidos los que escapan del conflicto en Siria.

Como resultado, desde octubre de 2013 han muerto más de 150 migrantes, la mayoría solicitantes de asilo procedentes de Siria, en "devoluciones", una política que se ha seguido desde que los traficantes empezaron a tomar la peligrosa ruta marítima desde la costa turca hasta las islas griegas tras la construcción de la barrera de metal a lo largo de la frontera terrestre que divide a ambos países.

Recientemente, la muerte el pasado octubre de más de 360 migrantes y solicitantes de asilo en un solo naufragio junto a la isla italiana de Lampedusa consiguió centrar la atención de Europa en la migración marítima.

Sin embargo, según la organización Human Rights Watch, las respuestas políticas se han centrado en la vigilancia y la disuasión, con pocas medidas nuevas para ayudar a evitar las muertes con rescates rápidos, la evaluación y prestación de garantías de protección o la garantía de un desembarco rápido y seguro.