El 17 de julio de 2014, el Senado australiano votó con 39 a favor y 32 en contra la supresión del precio de 25,40 de AUS$ por tonelada de emisiones de carbono, poniendo así fin a una encarnizada batalla política de cuatro años que acabó con el anterior Gobierno laborista, pero que ahora deja al país desprovisto de un plan fiable para hacer frente al calentamiento global.

El desmantelamiento del mecanismo de fijación de precios del carbono tiene lugar solamente 12 meses antes de que el precio fijo fuera reemplazado por uno totalmente variable, basado en un sistema de comercio con fijación previa de límites máximos vinculado al régimen del comercio de emisiones de la Unión Europea.

El Gobierno conservador de Tony Abbott, electo el pasado mes de septiembre tras una campaña sin tregua contra lo que denominaba “impuestos sobre todo”, cumplió su compromiso de suprimir el precio del carbono, pese a que esta medida demostraba cada vez mejor su eficacia para reducir las emisiones y no haber tenido ni con mucho el impacto negativo en el costo de vida de los hogares que tanto se había predicho.

Con esta medida, Australia se ha convertido en el único país en el mundo que ha dado marcha atrás a la acción contra el recalentamiento del planeta al suprimir el precio del carbono.

“Mientras el mundo entero intensifica sus esfuerzos en este sentido, Australia se encuentra desprovista de una política activa para reducir la contaminación”, señaló Kelly O’Shanassy, Director General de la Fundación Australiana para la Conservación.

“Ahora no tenemos ningún plan integral para evitar que los grandes contaminadores vuelvan a aquellos tiempos en que imperaba la ley de la selva en lo que se refiere a la contaminación y el aire que respiramos se consideraba como una alcantarilla abierta.

“Este paso atrás hace de Australia una vergüenza a nivel internacional.”

Sin embargo, la supresión del precio del carbono no se impuso sin librar batalla, y tuvo lugar tras más de 50 horas de un tortuoso debate y negociaciones en la Cámara Alta del Parlamento, donde el equilibrio de poder está en manos de un diversificado grupo de senadores independientes y pertenecientes a partidos minoritarios.

En lugar del precio al carbono, el primer ministro Tony Abbott tiene la intención de aplicar un plan de “acción directa”, el cual implica un fondo de 2500 millones de AUS$ costeado por los contribuyentes para financiar a los grandes y pequeños contaminadores que se comprometan a introducir proyectos encaminados a reducir sus propias emisiones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que el parlamento australiano vaya a aprobar esta acción directa, la cual ha sido ridiculizada por los economistas y los científicos del clima como un enorme y costoso desperdicio de dinero que, en el mejor de los casos, probablemente ejerza un impacto insignificante sobre las emisiones.

Abbott proclamó la supresión del precio del carbono, jactándose de que con ello había cumplido una de sus principales promesas electorales.

“Finalmente ha desaparecido un impuesto inútil y destructivo que perjudicaba a nuestros puestos de trabajo y mermaba las condiciones de vida de las familias, y que en realidad no ayudaba al medio ambiente”, afirmó ante los periodistas en una rueda de prensa poco después de aprobada la legislación.

Curiosamente, la legislación para suprimir el precio al carbono se produce en un momento en que cuenta con el mayor apoyo de la opinión pública.

Asimismo, se produjo pocas semanas después de que la administración Obama presentara en Estados Unidos una nueva y estricta reglamentación para obligar al sector energético a reducir rápida y drásticamente sus emisiones de carbono.

 

Los meandros del debate climático

El precio fijo del carbono entró en vigor el 1 de julio de 2012 después de un largo período de consulta y debate público a raíz de las elecciones de 2010.

Su origen se remonta aún más allá de las elecciones de 2007, cuando los dos partidos mayoritarios presentaron a los ciudadanos diversas políticas para establecer un régimen de comercio de derechos de emisión.

Los laboristas se llevaron la palma ese año, pero el debate sobre el clima ha dado muchas vueltas desde entonces, en un país que cuenta con las emisiones per cápita de carbono más altas del mundo desarrollado, y donde la mayor parte de la producción de electricidad sigue dependiendo del carbón.

El régimen finalmente introducido por el partido laborista fue sumamente modesto, eximiendo a muchas grandes industrias de combustibles fósiles, tales como la fabricación de acero y aluminio, de todo tipo de costo durante los dos primeros años y acompañado de una serie de incrementos financieros para las pensiones y prestaciones sociales con el fin de proteger a los ciudadanos de bajos ingresos del aumento de los gastos de subsistencia.

Tomando como punto de partida el precio de 23 AUS$ por tonelada, a principios de este mes aumentó a 25,40 AUS$ por tonelada.

Al cabo de dos años, el mecanismo de fijación de precios del carbono había conseguido un innegable éxito en la reducción de la contaminación y en fomentar la producción de una nueva energía limpia, al tiempo que la economía había seguido creciendo.

El aumento del costo de la vida también resultó ser muy inferior al esperado.

Desde la introducción del precio del carbono, el total de las emisiones solamente en el sector de la electricidad había descendido más del 10 por ciento, abriendo a Australia la posibilidad de reducir para 2020 sus emisiones un 15 por ciento con respecto al año 2000, afirmó el Director Ejecutivo del reconocido Instituto del Clima, John Connor.

El uso de lignito para la producción de electricidad se ha reducido en un nueve por ciento, mientras que la electricidad procedente de fuentes renovables aumentó un 38 por ciento.

“El precio del carbono no ha provocado los impactos catastróficos previstos por sus opositores”, señaló Connor.

Asimismo, añadió que Australia se había quedado sin una política climática fiable precisamente cuando la comunidad internacional centra sus esfuerzos en conseguir mayores objetivos de reducción.

Connor indicó que no se había realizado una modelización independiente para demostrar que el plan de acción directa alternativo del Gobierno Abbott, cuya aprobación por parte del Senado no está garantizada, podría lograr el objetivo de reducción de las emisiones nacionales en un cinco por ciento por debajo de los niveles de 2000 para el año 2020 y que, de hecho, las emisiones podrían aumentar de nuevo.

A los activistas contra el cambio climático les preocupa el férreo control que los escépticos del cambio climático ejercen actualmente sobre la agenda gubernamental así como sobre otros aspectos importantes de la política general, incluido el objetivo en materia de energía renovable, un banco estatal de inversiones que financie proyectos de energía limpia y la Agencia australiana de Energías Renovables, los cuales también corren el riesgo de desaparecer, aunque se hayan salvado por el momento.

 

Inquietudes

Aun cuando las industrias del sector minero y de combustibles fósiles se encontraban entre los opositores más agresivos respecto al precio del carbono, altos dirigentes empresariales que nunca apoyaron un precio fijo ahora se muestran preocupados por el plan de acción directa, y han manifestado su preferencia por un régimen basado esencialmente en el comercio de derechos de emisión para reducir las emisiones.

Lejos de aceptar que la iniciativa del precio del carbono está muerta, la oposición laborista se ha comprometido a adoptar planes para restaurar un régimen de comercio de derechos de emisión para las próximas elecciones, previstas dentro de dos años.

Acusando a Abbott de “encaminar a ciegas a Australia hacia un desastre ecológico y económico”, el líder de la oposición Bill Shorten, afirmó que un régimen de comercio de derechos de emisión es la mejor manera de hacer frente al cambio climático a largo plazo.

“Los laboristas estamos totalmente convencidos de que el cambio climático es real, que Australia tiene una función que desarrollar en colaboración con el resto del mundo para abordar la cuestión medioambiental más importante”, señaló.

“Así que vamos a apoyar un régimen de comercio de derechos de emisión."

Greg Combet, antiguo líder del sindicato nacional convertido en partido político y Ministro del Cambio Climático en el Gobierno laborista que introdujo el precio para el carbono, se mantiene optimista y piensa que un sistema de comercio de derechos de emisión se convertirá con el tiempo en una realidad en Australia.

En su entrevista a Equal Times, Combet reconoció que el partido laborista había administrado mal la política del cambio climático, pero insistió en que las políticas que había introducido eran eficaces y estaban logrando el resultado deseado de reducir las emisiones propiciando la transformación de Australia en una economía de energía limpia.

“Este es un revés temporal”, afirmó Combet.

“Los precios del carbono volverán, y volverán porque su costo es más bajo y aminora el impacto que implica la reducción de las emisiones en nuestra economía.

“[La acción directa] es una locura desde el punto de vista económico.

“Creo que el trabajo que hemos realizado está lejos de haberse perdido, se recuperará de una forma u otra.”

Pero no lo será hasta que no haya otro cambio de gobierno, lo que puede tardar muchos años.

Con un número cada vez mayor de estudios científicos que indican que las temperaturas y la sequía aumentan día a día en Australia, muchos opinan que la espera es demasiado larga.