Por ejemplo, una reciente publicación de la ONG Forest Trends, con sede en Washington, reveló que casi la mitad de toda la deforestación tropical vinculada a la agricultura comercial se lleva a cabo ilegalmente, una situación especialmente extendida en el mercado de la exportación.

La demanda de productos como la carne de ternera, el cuero, la madera, la soja y el aceite de palma en mercados como los de la UE, EE.UU. y China provocó la pérdida de más de 200.000 km² de bosques tropicales entre 2000 y 2013.

Michael Jenkins, presidente de Forest Trends, declaró en un comunicado de prensa que:

“Será necesario un aumento de la producción agrícola para conseguir una seguridad alimentaria y satisfacer la demanda de la clase media que está emergiendo en todo el mundo”.

“Sin embargo, el planeta también debe tomar conciencia de la escala de esta producción agrícola que se está desarrollando en tierras taladas ilegalmente”.

“Se necesitan medidas urgentes para ayudar a los países donde se están cultivando estos productos agrícolas, tanto para que los gobiernos apliquen sus propias leyes y regulaciones como para fomentar las empresas que tengan como objetivo fabricar productos legal y sosteniblemente".

Sin embargo, ya existen numerosas iniciativas para contrarrestar los efectos negativos de la deforestación, que abarcan desde mecanismos voluntarios que dependen de la buena voluntad del consumidor hasta diversos marcos jurídicos.

Este mes, por ejemplo, se celebra el 20º aniversario del programa de certificación forestal más antiguo del mundo: el Forest Stewardship Council (FSC).

Y en cuanto a las legislaciones nacionales, este noviembre entrará en vigor una ley australiana histórica para reducir el comercio de maderas ilegales.

Certificación

Hace veinte años, en una pequeña oficina de Oaxaca (México), tres miembros del FSC empezaron a certificar bosques.

El objetivo del sello del FSC era mejorar las normas en el sector forestal premiando las buenas prácticas empresariales.

Pero dos décadas más tarde, amplios sectores de la cadena de suministro de madera siguen empañados por la ilegalidad y la deforestación.

Además, a pesar de los numerosos resultados satisfactorios, la credibilidad del sello del FSC se ha puesto en duda.

Varios grupos de la sociedad civil han denunciado que no todos los productos certificados por el FSC se han producido responsablemente.

Hace poco, la ONG Global Witness interpuso una denuncia formal ante el FSC, alegando que uno de sus socios certificados en Vietnam estaba detrás de la oleada de acaparamientos forestales y de tierras en Camboya y Laos.

El sistema del FSC parece tener lagunas. Sin embargo, se van a introducir algunas mejoras en el mismo.

John Hontelez, el principal responsable de promoción del FSC, explicó recientemente a Equal Times que “el FSC no considera que su actual programa de cadena de custodia sea perfecto. Por tanto, en este momento el FSC está revisando sus normas”.

A principios de este mes, Greenpeace informó desde la conferencia para conmemorar el 20º aniversario del FSC, que se celebró en Sevilla (España), de que el FSC ha reconocido la necesidad de proteger los Paisajes Forestales Intactos, en especial para abastecer a los mercados extranjeros.

Y además de las iniciativas privadas no vinculantes, como las incluidas en el trabajo desarrollado por el FSC, los organismos públicos también se han esforzado para reducir el comercio de madera ilegal.

“Las empresas deben conocer sus cadenas de suministro”

En la Unión Europea, Estados Unidos y Australia existen leyes para prohibir que las empresas comercialicen madera ilegal en sus mercados. Las empresas están obligadas a controlar sus cadenas de suministro y a garantizar que no han comprado madera ilegal.

Rachel Butler, que representó a la industria maderera durante las negociaciones sobre el Reglamento de la Madera de la Unión Europea antes de que se aprobara en 2010, ha observado que “la ley ha obligado a las empresas madereras a que entiendan y conozcan sus cadenas de suministro, lo cual, en un mercado comercialmente competitivo tiene una lógica comercial”.

Aun así, Greenpeace acusó recientemente a la principal tienda británica de materiales de construcción Jewson de vender madera de ipé procedente del estado brasileño de Pará sin que ésta pudiera demostrar que no había sido talada ilegalmente.

Las leyes no siempre cambian las prácticas inmediatamente. Pero pueden jugar un papel decisivo para lograr ejercer más presión sobre las empresas con el objetivo de que asuman la responsabilidad de lo que ocurre en sus cadenas de suministro.

Por ejemplo, en agosto de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) exigió que la Gibson Guitar Corporation pagara más de 600.000 USD en multas, acusada entre otras cosas de la confiscación de madera noble importada ilegalmente desde los bosques protegidos de Madagascar.

Desde este juicio, Gibson ha aplicado una política de compra responsable, contratando directamente a personal en los países productores para garantizar que la empresa solo compra maderas legales.

Emily Unwin, un abogado de la ONG ClientEarth, explicó a Equal Times: “Aunque aún queda mucho por hacer para que las leyes de la UE, EE.UU. y Australia funcionen como deberían, su aprobación ha generado un mayor escrutinio y una comunicación más clara sobre los diversos riesgos de ilegalidad existentes en las cadenas de suministro de madera. Y ese es un primer paso para acabar eficazmente con el comercio de maderas ilegales”.

La aplicación de las leyes y las pruebas son fundamentales para garantizar que la legislación reduzca el comercio ilegal de madera.

Los compradores deben poder confiar en los documentos, con la certeza de que no han sido falsificados. Aunque la aplicación endeble de la ley sigue siendo un problema en países madereros, esto sería imposible.

Los testigos de la tala ilegal también son un componente crucial para garantizar que la cadena de suministro de madera no esté mancillada por la ilegalidad.

Por desgracia, los activistas llevan muchos años siendo uno de los objetivos de la violencia armada. Este mes fue asesinado el líder indígena peruano Edwin Chota, que el pasado abril interpuso una denuncia donde identificaba por nombre a los madereros ilegales.

Esto constituye un recordatorio poderoso de que la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos constituyen requisitos esenciales para reducir eficazmente la tala ilegal.