Julian Scola, responsable de comunicación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), comentó a Equal Times: “Una tasa sobre las transacciones financieras es importante para los trabajadores sobre todo para dar a las finanzas públicas el impulso que tanto necesita la inversión con el fin de combatir el desempleo, generar crecimiento, incrementar la competitividad de Europa y hacer frente a la crisis de refugiados.

“Por todas estas razones Europa necesita invertir en la educación y la formación, en la infraestructura, en el cambio hacia una economía baja en carbono, en la investigación y el desarrollo, así como en la salud, la vivienda y la asistencia social”.

La decisión tomada el pasado mes de diciembre ha sido el paso más reciente en las negociaciones entabladas desde la irrupción de la crisis financiera, y los subsiguientes rescates bancarios. Aun cuando en la agenda de muchos gobiernos figura gravar al sector financiero, detalles fundamentales tales como la tasa del impuesto se han postergado incesantemente, esta vez, hasta el verano de 2016.

En un comunicado publicado después de la decisión, la Federación Europea de Sindicatos del Servicio Público calificó de “farsa” los “interminables retrasos” en este proceso. Ya en 2012, el Parlamento Europeo votó por una abrumadora mayoría aplicar este impuesto para el año 2014. Sin embargo, las negociaciones para imponer una tasa sobre las transacciones financieras a lo largo de toda la Unión Europea rápidamente quedaron al margen debido a los desacuerdos relativos tanto al alcance del impuesto como a la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones.

Sin embargo, el grupo del Reino Unido, es decir, la campaña por la Tasa Robin Hood, sigue mostrándose optimista. “Es una gran noticia que 10 países hayan confirmado una vez más su compromiso”, comentó Simon Chouffot, portavoz de la campaña a Equal Times.

“Nunca ha sido una tarea fácil implementar un nuevo impuesto sobre el sector financiero, pero lo estamos consiguiendo. Y lo más importante, parece que hay ganas de hacer que el impuesto sea lo más amplio posible, de manera que incluya a los productos derivados”.

Difícil de evitar

De hecho, el acuerdo entre Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Grecia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España esboza un impuesto de sorprendente fuerza.

El impuesto se aplicaría a los compradores y vendedores y se basaría tanto en el lugar de emisión como de residencia, lo que significa que todo aquel que negocie con agentes residentes en los países participantes estaría sujeto al impuesto. De este modo, la única forma de evitarlo sería dejar de comerciar con los países que conforman dos tercios de la economía de la Unión Europea.

Sin embargo, la cuestión aún no está resuelta, señala Chouffot: “Queda más que meros detalles y corresponde a los negociadores y los responsables políticos plantarle cara a los bancos, que sabemos están ejerciendo una presión tremenda, e implementar la mejor versión posible”.

“Han de tomarse decisiones importantes relativas a la forma en que se recaudará el impuesto y sobre qué va a aplicarse: la clave son los productos derivados. No tiene sentido diseñar una cesta para recaudar los impuestos y luego hacerle tantos agujeros que acaben por convertirla en un colador. Por eso tenemos que mantenernos firmes con respecto a un impuesto ambicioso, que corresponda a la idea original”.

Por el momento, los 10 países de la Unión Europea planean una limitada exención para las actividades de creación de mercado (realizadas por-intermediarios que compren y vendan acciones para mantener la liquidez en los mercados financieros).

Los activistas afirman que la tasa sobre las transacciones financieras es una manera fácil de recaudar fondos en beneficio de la sociedad en general. Dada la enorme envergadura del sector financiero, aun con una tasa del 0,01 por ciento el impuesto recaudaría miles de millones produciendo poca o ninguna tensión en la economía real. Estos ingresos adicionales podrían permitir a los países repensar sus políticas fiscales, evitando los recortes en el sector público que azotan actualmente toda Europa.

Chouffot también hizo hincapié en que el impuesto debe tener una dimensión internacional, ya que los efectos de las crisis financieras se sienten en todo el mundo. “El compromiso con la ayuda al desarrollo se deja de lado durante una recesión, al tiempo que las economías en desarrollo se contraen. La tasa sobre las transacciones financieras puede recaudar fondos para ayudar a suprimir este vacío. Tenemos señales muy fuertes procedentes especialmente de Francia, pero también de Alemania, de que van a utilizar al menos una parte de los fondos en el ámbito internacional”.

Francia, España y Alemania también han indicado que parte de los ingresos generados se utilizarían específicamente para ayudar a la lucha contra el cambio climático, aunque no han presentado cifras. En principio, los países industrializados han acordado desde hace mucho tiempo ayudar económicamente a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático, pero la fuente de esta financiación ha sido un eterno escollo.

Una tasa sobre las transacciones financieras también promovería la estabilidad de los mercados financieros, lo que beneficiaría a toda la economía, afirman los activistas. Visto que el impuesto se aplicaría a todas las transacciones, la cada vez más utilizada negociación de alta frecuencia (high-frequency trading) realizada por algoritmos de programación informática implicaría impuestos más importantes. Esta tasa podría actuar como un elemento disuasorio para estas transacciones comerciales altamente especulativas.

La victoria más importante, sin embargo, podría ser simbólica. La tasa sobre las transacciones financieras finalmente mostraría que los gobiernos europeos anteponen a sus ciudadanos a los beneficios del sector financiero.