Un tribunal en Kazajstán liberó a una mujer del grupo étnico kazajo de China que intentó cruzar ilegalmente la frontera para unirse con su familia en un juicio muy sonado que ha centrado la atención en los “campos de adoctrinamiento” secretos de China.

El 1 de agosto, Sayragul Sauytbay, de 41 años, fue condenada a seis meses de prisión por un tribunal en Zharkent, una ciudad fronteriza cerca de la provincia china de Xinjiang, lo que ha evitado su deportación a China, donde el Gobierno la busca acusada de revelar “secretos de Estado”.

Durante cuatro meses a principios de este año, Sauytbay trabajó como entrenadora en un campo de “educación política” dirigido por el Gobierno en Xinjiang, la región autónoma noroccidental donde los uigures y otras minorías musulmanas de habla turca, como las etnias kazaja y kirguisa, son víctimas de discriminación y marginación. Ella escapó a Kazajistán en mayo de 2018, donde viven su esposo y sus dos hijos, y desde entonces se ha convertido en la única antigua instructora de este tipo de organismos que ha hablado públicamente en contra de los campos.

La acusación de cruzar la frontera ilegalmente suele castigarse con una multa de aproximadamente 7.200 USD o un año de prisión, y la deportación, pero el juez accedió a una solicitud sin precedentes de la fiscalía al emitir una condicional de seis meses a Sauytbay sin la deportación por motivos humanitarios.

La defensa argumentó que si Sauytbay fuera enviada de vuelta a China podría ser condenada a la pena de muerte por atestiguar en audiencia pública que había trabajado en uno de los supuestos “campos de adoctrinamiento” chinos destinados a las minorías musulmanas.

Aunque Pekín niega la existencia de tales campos, a principios de este año, Adrian Zenz de la Escuela Europea de Cultura y Teología en Korntal, Alemania, escribió en un artículo en el que indica que “por lo menos varios cientos de miles y posiblemente un poco más de un millón” de personas habían sido internadas en este tipo de campos en el territorio de Xinjiang, que tiene una población de aproximadamente 24 millones de personas, donde el 46% son uigures, y el 7% pertenecen a la etnia kazaja.

Rico en recursos naturales y relativamente poco desarrollado, Xinjiang es un componente clave de la iniciativa de rutas económicas y marítimas Belt and Road, de China ya que los oleoductos y gasoductos de toda Asia central y las redes de transporte que unen Europa y Medio Oriente con China atraviesan su territorio. Al mismo tiempo, el desarrollo de la región ha ido acompañado de una migración a gran escala de chinos de la etnia han, lo que a menudo ha creado divisiones con la población local.

"Ser condenada a muerte"

“Después de haberme nombrado para trabajar en un campo de adoctrinamiento político, que es un organismo oculto, me hicieron recopilar actividades secretas y me obligaron a firmar un compromiso de no revelar secretos de Estado en el extranjero”, atestiguó Sauytbay ante el tribunal durante su juicio, que dio comienzo a mediados de julio. “El propósito de esta medida era claro, el hecho de hacer alguna revelación, incluso parcial, significaba “ser condenada a muerte”, declaró Sauytbay.

En estos campos, se dice que las autoridades obligan a los internos a aprender chino mandarín y el himno nacional. A los detenidos también se les adoctrina sobre el Partido Comunista de China (PCC) memorizando textos y consignas mientras se les enseña todo lo bueno que es el partido para China.

Cuando Sauytbay y su familia decidieron partir a Kazajistán en 2016, las autoridades permitieron salir de China a su esposo y a sus dos hijos, pero impidieron la salida de Sauytbay, aparentemente porque debido a su calidad de empleada del sector público y miembro del PCC afirmaron que necesitaba someterse a controles adicionales. Sin embargo, posteriormente se apoderaron de su pasaporte, al tiempo que su familia obtuvo la ciudadanía kazaja.

En su emotiva declaración final, Sauytbay explicó los motivos que la llevaron a cometer su crimen: “Como no tenía medios para cruzar la frontera legalmente, no tuve más remedio que cruzarla ilegalmente. Tuve que recurrir a esa acción ilegal porque era mi última oportunidad de reunirme con mis hijos, de lo contrario, si me quedaba una semana o cinco días más, hubiera desaparecido en un campo chino”.

Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, celebró el veredicto. Mihra Rittmann, investigadora de Asia Central de HRW, comentó a Equal Times: “Tanto el fiscal, al pedir la liberación de Sayragul, como el tribunal, al concederle la pena condicional, hicieron lo correcto, y con ello, establecieron un precedente importante. Al no dictar una condena que incluyera la deportación, Kazajstán ofreció a Sayragul la protección que buscaba al huir de China. Fue un resultado positivo y esencial”, aseguró Rittmann.

La condena comparativamente ligera de Sauytbay fue una sorpresa, incluso para su equipo jurídico. En declaraciones a Equal Times en la sala del tribunal después de que su defendida fuera liberada, su abogado Abzal Kuspan declaró: “Logramos nuestro objetivo, pero no me lo esperaba. Esta sentencia sienta un gran precedente. Es una situación que nunca se había dado en el sistema judicial de Kazajstán”.

Durante el juicio, para evitar una posible deportación, el abogado de Sauytbay presentó documentos para que obtuviera el estatuto de refugiada.

Kazajistán cuenta con muy malos antecedentes en lo que respecta a la defensa del principio de no devolución, y el caso de Sayragul es una buena noticia”, comentó Rittmann en referencia a la práctica anterior de Astana de entregar a las personas buscadas por los países vecinos a pesar de los riesgos reales de tortura y malos tratos.

En 2011, por ejemplo, Astana extraditó a un uigur a China a pesar de que se le había concedido el estatuto de refugiado de la ONU. Ese mismo año, Kazajstán se convirtió en el centro de atención cuando extraditó a 29 ciudadanos uzbecos buscados por el Gobierno de Tashkent acusados de “extremismo religioso” a pesar de sus solicitudes de asilo pendientes. Según HRW, entre 2005 y 2010, Kazajstán extraditó al menos a 13 refugiados uzbecos. Estos casos fueron “una violación especialmente atroz del principio de no devolución, y en particular, el derecho a no ser sometido a torturas ni a malos tratos”, señaló Rittmann.

¿Vientos de cambio?

Es probable que el apoyo popular a la situación de Sauytbay en Kazajistán haya influido en la forma en que las autoridades kazajas trataron su caso. Las historias de personas de la etnia kazaja detenidas en China han estado circulando en las redes sociales y los partidarios amenazaron con protestar si Sauytbay era deportada.

Además, los ciudadanos kazajos de a pie se muestran cada vez más hostiles a lo que perciben como una intrusión progresiva de China en Kazajstán, ya sea mediante empresas chinas o ciudadanos chinos. En 2016, Kazajstán se vio desbordado por una ola de protestas contra la posible venta de tierras de cultivo a empresarios chinos en el marco de las reformas agrarias gubernamentales. Como resultado, el Gobierno tuvo que posponer algunos elementos de las reformas durante cinco años.

“Es demasiado pronto para determinar si la decisión en el caso de Sauytbay es un indicio de una nueva política en Kazajstán. No obstante, puede sentar un precedente importante en los casos en que las personas corren un serio riesgo de ser perseguidas si son devueltas por la fuerza a su país de origen”, apuntó Rittmann.

“Es notable que el juez citara el derecho internacional en la justificación de su sentencia”.

El abogado de Sauytbay, Kuspan, argumentó que su posible deportación violaría los compromisos internacionales de Kazajstán en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, cuyo artículo 9 establece que los países signatarios “velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos”. Tanto Kazajstán como China son signatarios de la convención.

Kuspan comentó a Equal Times que al cruzar la frontera ilegalmente, lo que Sauytbay nunca negó, su defendida también violó la ley china, por lo que ahora cabe esperar que Pekín siga exigiendo su entrega para poder juzgarla en China. Teme que Beijing solicite la extradición de Sauytbay en cualquier momento, pero tiene la esperanza de que las autoridades kazajas no cedan a sus demandas antes de que se decida su condición de refugiada.

Para Rasul Zhumaly, un analista político independiente residente en Almaty: “El juicio se celebró, de hecho, de conformidad con los principios declarados de nuestro país, tales como la democracia, la justicia, la transparencia y el pluralismo. Toda esta situación es extremadamente rara en nuestra forma de administrar justicia”, señaló a Equal Times. “No amerita especular si se trató de una orden que vino desde arriba o si fue la decisión o la competencia del fiscal y el juez, pero el hecho es que, a mi juicio, se tomó la decisión correcta”.