Las autoridades de la UE cada vez reciben más presiones para que reduzcan los efectos negativos derivados de las medidas de austeridad adoptadas para reducir las deudas nacionales y de las reformas que tienen como objetivo armonizar el mercado laboral europeo.

“La actual mezcla de reformas estructurales y medidas de austeridad es inaceptable y ha tenido consecuencias negativas”, declaró Guy Ryder, Director General electo de la Organización Internacional del Trabajo, en una conferencia sobre el empleo que se celebró recientemente en Bruselas.

Asimismo, exigió un “cambio inmediato de políticas” y el fomento de la solidaridad entre las naciones de la UE.

La OIT calculó que si Grecia saliera de la Eurozona, el desempleo aumentaría incluso en Alemania, donde pronosticó que la llamada “Grexit” (salida de Grecia de la Eurozona) podría provocar un aumento de la tasa de desempleo de hasta el 25%.

“Si hubiéramos estado en la mesa de negociaciones en Grecia, habríamos podido hacer algo”, señaló Ryder.

Asimismo, en un discurso que pronunció el lunes en Eslovenia, el comisario europeo de Asuntos Sociales László Andor instó a los Gobiernos europeos a que hicieran más para fomentar la creación de puestos de trabajo.

“Tenemos que otorgar mayor prioridad a las políticas de empleo”, afirmó.

“La justicia social, la solidaridad y la igualdad de oportunidades constituyen requisitos previos para conseguir la prosperidad económica y el crecimiento, para el bienestar de nuestros conciudadanos europeos y para una mayor cohesión de la sociedad europea”.

La semana pasada, la Unión Europea se vio obligada a aparcar unas propuestas de ley que muchos consideraban como una amenaza para algunos derechos laborales fundamentales, como el derecho de huelga.

La decisión se tomó debido a la oposición generalizada de los sindicatos, legisladores y gobiernos nacionales.

Los sindicatos insisten en que todavía se necesita mejorar la legislación para asegurar que los derechos sociales fundamentales no se puedan ver arrollados por las libertades económicas consagradas en los tratados de la UE.

“La Comisión (Europea) debería confirmar que la UE no es solo un proyecto económico, sino que, de hecho, tiene como principal objetivo la mejora de las condiciones laborales y de vida de sus ciudadanos”, señaló Bernadette Ségol, Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos.

La propuesta de reglamento presentada en marzo se diseñó para llenar los vacíos de la legislación europea, que salieron a la luz a mediados de la década de 2000, en los que el derecho de huelga estaba en conflicto con el principio de la UE según el cual sus 27 Estados-miembros forman un único mercado económico y laboral.

En el llamado “caso Viking”, los marinos finlandeses iniciaron una huelga por los planes de una compañía naviera de cambiar de pabellón un buque con arreglo a las leyes de Estonia, que ofrecen una menor protección a los trabajadores y trabajadoras.

En un segundo caso, los sindicatos suecos hicieron huelga para garantizar que un contratista pagara tarifas suecas a trabajadores/as letones cuando trabajaran en obras suecas.

Aunque se diseñó para poner fin a la ambigüedad en la legislación de la UE, los sindicatos de toda Europa denunciaron rápidamente la propuesta de nueva legislación, pues ponía en duda el derecho fundamental a emprender acciones colectivas.

“La propuesta de reglamento… equipara las libertades económicas con los derechos fundamentales”, advirtieron la semana pasada las centrales sindicales de Luxemburgo OGBL y LCGB en una declaración conjunta.

“Dicho principio es inaceptable, pues limita los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como la capacidad de actuar de los sindicatos. El derecho a emprender acciones colectivas constituye un derecho fundamental que debe tener prioridad frente a las libertades económicas”.

Los sindicatos y los políticos de centro-izquierda exigen ahora que dicha propuesta poco acertada se sustituya por una legislación nueva que garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras en conflictos transfronterizos.

“La Comisión debe encontrar un modo de fomentar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el trato igualitario y la competencia leal en la legislación primaria”, señaló Emer Costello, una parlamentaria europea miembro del Partido Laborista irlandés.

En otra declaración, afirmó que los parlamentarios trabajarían conjuntamente con la Comisión “para encontrar una solución legislativa que incluya el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales, fomente el trato igualitario y proteja frente al ‘dumping’ social”.

Paradójicamente, los políticos de derechas y el mayor lobby empresarial europeo también aprobaron firmemente la decisión de aparcar el reglamento sobre el derecho de huelga.

Sin embargo, aunque los sindicatos quieren que las normas se revisen, BusinessEurope afirmó que el asunto debería aparcarse a nivel de la UE para que cada uno de los 27 estados-miembro de la UE pueda ceñirse a sus propias normas relativas al derecho de huelga.