Como miles de zimbabuenses, Evelyn huyó de su país en la década de los ochenta para escapar del régimen autoritario de Robert Mugabe, el expresidente que durante tres décadas gobernó el país con mano de hierro, encarceló a numerosos defensores de los derechos humanos, periodistas y militantes del partido de la oposición. Evelyn recaló primero en Sudáfrica y más tarde continuó su periplo hasta llegar a Irlanda en 2019, donde hoy vive alojada en un centro de acogida para solicitantes de asilo situado en el sur del país.

Estos centros de atención directa ofrecen alojamiento a los solicitantes de asilo mientras esperan que las autoridades irlandesas tramiten sus solicitudes. En febrero de 2021, estaban acogidos en estos centros 6.273 solicitantes de asilo, según el Departamento de Igualdad e Integración irlandés.

Mientras vivía en Sudáfrica, Evelyn —que no quiso darnos su nombre real por temor a ser señalada por otros solicitantes de asilo o por las autoridades irlandesas— se sometió a varias intervenciones quirúrgicas complicadas en la columna vertebral que la dejaron con una movilidad limitada y con dolor crónico.

Los solicitantes de asilo que viven en los centros de acogida de Irlanda reciben una tarjeta sanitaria que les permite acceder a citas médicas, recibir atención hospitalaria y recetas de medicamentos mientras se tramitan sus solicitudes. Tras padecer las largas listas de espera que aquejan a los servicios sanitarios irlandeses, Evelyn pudo realizar sesiones de fisioterapia y recibió un andador y un scooter para personas con movilidad reducida, que la ayudan a desplazarse.

Recibir esta atención médica habría sido imposible en su Zimbabue natal o en Sudáfrica, afirma Evelyn. “La atención médica en Sudáfrica era terrible”, explica. A pesar de que ha encontrado en Irlanda una situación más favorable para las personas con discapacidad, a menudo tiene que lidiar con la falta en el sistema de acogida de servicios o de apoyo dirigidos específicamente a solicitantes de asilo con discapacidades: “Tuve que aviármelas yo sola para [conseguir] ayuda”.

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados que huyen de la guerra, la persecución y las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo prácticamente ha duplicado en la última década. Pasó de 15,2 millones en 2011 a 27,1 millones en 2021, al recrudecerse los conflictos en Siria, Venezuela y Sudán del Sur, entre otros muchos otros lugares. La invasión rusa de Ucrania en febrero de este año ha provocado la mayor, y más rápida, crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial: más de cinco millones de ucranianos han huido del país.

Según ACNUR, las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos de refugiados más vulnerables, ya que corren un mayor riesgo de sufrir violencia, explotación y abusos. Los emigrantes de edad avanzada, así como las mujeres y las niñas con discapacidad corren un riesgo mayor aún. No hay cifras exactas sobre cuántos refugiados con discapacidad hay, pero las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y la ONU sitúan la cifra en unos 12 millones de personas.

“Dependen al cien por cien de sí mismos”

Malasia ha visto llegar en los últimos años a muchos refugiados procedentes de Birmania –sobre todo miembros de la perseguida minoría rohinyá–. El golpe militar de 2021 y la violencia generalizada posterior provocaron, además, la huida de muchos habitantes de Birmania hacia el país del sureste asiático. Malasia no es signataria de la convención de la ONU sobre los refugiados de 1951, ni del protocolo posterior que amplió su aplicación, y adolece de un sistema de asilo que regule la situación y los derechos de los refugiados.

“Los refugiados en Malasia carecen de derechos humanos fundamentales, como el acceso a la educación, a trabajar legalmente, a la asistencia sanitaria, la seguridad y la justicia”, explica a Equal Times Hasan Al-Akraa, de la ONG Asylum Access Malaysia. “Dependen al cien por cien de sí mismos para cubrir necesidades básicas como el alojamiento, la comida y la atención médica”.

“La lucha es aún peor para los refugiados con discapacidades, ya que no tienen acceso a ningún sistema de apoyo”, explica Al-Akraa, que señala el coste de la atención médica especializada y de las ayudas a la movilidad, así como la inaccesibilidad de la educación.

Junto con ACNUR y otras ONG locales, Asylum Access Malaysia hace campaña para que el Gobierno ratifique la convención de la ONU sobre los refugiados. Sin embargo, Al-Akraa cree que la lucha no terminará cuando Malasia ratifique este crucial documento jurídico y advierte sobre la necesidad de establecer más sistemas y medidas de apoyo a los refugiados con discapacidad.

Aunque Kenia es uno de los 149 países que han firmado la convención sobre los refugiados de 1951, los refugiados con discapacidad siguen enfrentando obstáculos en este país.

David Kaloki es el director del proyecto Humanidad e Inclusión en el campamento de ACNUR de Kakuma, en Kenia. “Tanto si hablamos de personas con discapacidad, como de menores no acompañados o de familias encabezadas por niños, todas tienen una vulnerabilidad añadida al hecho de ser refugiadas”, afirma.

Creado en 1992 por ACNUR, el campo de refugiados de Kakuma es hoy uno de los mayores del mundo y acoge sobre todo a refugiados procedentes de los vecinos, Sudán del Sur y Somalia. El campamento cuenta con 21 escuelas primarias inclusivas que pueden acoger a niños con discapacidad. Al principio no era así, explica Kaloki, y los niños con discapacidades eran enviados a escuelas “especiales”. “Había una escuela para ciegos, otra para discapacitados físicos, etc.”, explica. Pero el personal del campamento y los voluntarios defendieron la inclusividad e insistieron en que todos los niños aprendieran juntos “en la misma clase, para acabar con los problemas de estigmatización y discriminación”, prosigue.

La mayoría de los refugiados que acceden a los servicios que ofrece Humanidad e Inclusión en el campamento de Kakuma –desde la prestación de asistencia para la movilidad y apoyo psicosocial, hasta servicios de terapia de rehabilitación– tienen una discapacidad física. En el campamento hay una elevada prevalencia de personas con amputaciones, que resultaron heridas en conflictos en sus países de origen, sobre entre los refugiados discapacitados procedentes de Sudán del Sur.

El cuidado de los refugiados con discapacidades que necesitan ayudas para la movilidad o prótesis está plagado de obstáculos, dice Kaloki. “El primero, la escasez de recursos cuando tratamos de suministrar dispositivos de asistencia y movilidad”, dice, y añade que estos equipos de apoyo son muy caros y escasos en el campamento.

Las instalaciones sanitarias, blanco de ataques en los conflictos armados

Antes de la invasión rusa de Ucrania, Victoria Horodovych vivía con su madre, de edad avanzada, y sus hijos Julie y Egor en Kharkiv, una ciudad al noreste del país, cerca de la frontera rusa. Fue la primera ciudad ucraniana invadida por las fuerzas rusas. El primer día de la invasión, a Horodovych la despertó el estruendo de los bombardeos. “Veía relámpagos en el cielo desde mi apartamento en la quinta planta”, relata a Equal Times. “Desperté a mi madre y a mi hija. Les dije: ‘Mamá, Julie, ha empezado la guerra’”.

Egor, el hijo adolescente de Horodovych, es uno de los 2,7 millones de ucranianos con discapacidad. Tiene epilepsia, autismo y debilidad muscular y requiere atención médica especializada, a la que fue imposible acceder pocos días después de la invasión.

A mediados de marzo, cuando las bombas se acercaban a su apartamento, un amigo de la familia llevó a Horodovych y a sus hijos a la estación de tren de Kharkiv, para que pudieran huir a Lviv, al oeste de Ucrania. La madre de Horodovych permaneció en Kharkiv. Pero antes de que la familia pudiera subir al tren, la ciudad sufrió un segundo bombardeo de la artillería rusa. La tensa situación tuvo un impacto tremendo en Egor. “Se puso muy nervioso, se negaba a comer y a beber”, cuenta su madre. “Le afectó terriblemente”.

Al cabo de una hora el tren pudo partir hacia Lviv, pero Egor tenía ya dificultades para respirar y Horodovych sospechaba que padecía una neumonía. Cuando el tren llegó a Lviv, una enfermera del pequeño centro médico de la estación ferroviaria hizo todo lo que pudo para que Egor se sintiera cómodo mientras llegaba un equipo de médicos de Polonia con más material. Tras mantenerle en observación y practicarle varias pruebas en Lviv, los médicos enviaron a la familia al otro lado de la frontera, para que Egor pudiera recibir tratamiento adicional para sus síntomas de neumonía en un hospital de Varsovia.

En una encuesta realizada por la Cumbre Humanitaria Mundial sobre la discapacidad y el desplazamiento forzado, el 70% de los encuestados –todos ellos refugiados con discapacidad– citaron como su principal preocupación el acceso a los servicios sanitarios, y razones no les faltan: las instalaciones sanitarias son, con frecuencia, blanco de ataques en los conflictos armados. Según el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la OMS, se han producido 665 ataques a instalaciones sanitarias ucranianas desde el comienzo de la guerra.

Muchos voluntarios y ONG de toda Europa se han movilizado para prestar apoyo a los refugiados ucranianos con discapacidad como Egor y las redes sociales han sido cruciales en estos esfuerzos humanitarios.

Pomoc dla Ukrainy (Ayuda a Ucrania), un popular grupo de Facebook para voluntarios en Polonia, acumula casi 600.000 miembros desde el comienzo de la invasión rusa. “Hemos visto una gran afluencia de ucranianos con discapacidades en las dos últimas semanas de marzo”, explica a Equal Times la administradora del grupo, Zofia Jaworowska, quien añade que la llegada tardía de estos refugiados podría deberse a las “barreras que deben superar”.

Jaworowska califica de “nefasta” la situación de los refugiados con discapacidad, sobre todo en lo que respecta a la asistencia sanitaria y la vivienda. El sistema sanitario polaco estaba bajo presión incluso antes de la llegada de los miles de refugiados ucranianos y la escasez de vivienda es un problema inveterado en muchas ciudades polacas. Los refugiados con discapacidades, concluye Jaworowska, tienen que lidiar con “dificultades adicionales, que se suman a todo lo demás” que enfrenta el inmigrante medio en Polonia.

Cuando Egor salió del hospital, Horodovych y sus hijos se trasladaron a Austria para poder quedarse con la familia de su marido y estar más cerca de él –en estos momentos está trabajando al otro lado de la frontera, en Alemania–.

Horodovych considera que su decisión de dejarlo todo atrás fue la que salvó la vida de Egor. “Si me hubiera quedado con él en Ucrania, habría muerto. Su estado físico era terrible”, dice. “Estaré agradecida a los polacos toda la vida”.